LXXII Legislatura | H. Congreso del Estado de Michoacán

Reglamento publicado en el Periódico Oficial, el día 12 de agosto del 2010, sexta sección, tomo CXLIX, núm. 73

REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

TEXTO ORIGINAL

Reglamento publicado en el Periódico Oficial, el día 12 de agosto del 2010, sexta sección, tomo CXLIX, núm. 73

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 60 fracciones I y XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3°, 4°, 9°, 15, 16 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 5º, 6º fracción I, 7º y artículo Quinto Transitorio de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, en el Eje Temático IV, Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental, define expresamente el vínculo indisociable que, en la perspectiva de un gobierno democrático que quiere enfrentarse a los retos del presente entorno, a los desajustes provocados en el plano global, por el cambio climático y el deterioro general de la condición ambiental, debe existir entre desarrollo y medio ambiente, tomando distancia de los esquemas conservacionistas y abriendo líneas de política que no soslayen la responsabilidad que las generaciones presentes tienen respecto a las generaciones futuras, teniendo entre sus líneas de acción la de elaborar y publicar el Reglamento de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo.

Que con fecha 20 de diciembre del año 2007, se publicó en el Periódico Oficial, la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, en la cual se establece que el Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir su Reglamento.

Que la prioridad que representan la regulación adicional en lo que respecta a medidas de seguridad, de urgente aplicación y correctivas en relación con la protección al medio ambiente requieren de certificaciones, inspecciones, auditorías ambientales, ambientales, funciones registrales y autorizaciones para obras y actividades dentro de las áreas naturales protegidas entre otros subtemas de la competencia estatal, y que para ello se requiere que su trámite o procedimiento esté específicamente previsto.

Que el alcance de las atribuciones en éstos procedimientos tanto de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la participación de otras Entidades, Dependencias, con o sin facultades concurrentes, o la participación de la sociedad en general, deben conocerse y consignarse en disposiciones de observancia general.

Que el respeto al derecho de audiencia y demás garantías procedimentales, deben clarificarse para la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos en todas aquéllas acciones u omisiones que puedan conducir a sanciones.

Que la consulta pública y la presentación de proyectos por los destinatarios de la norma, o formulados por la sociedad civil por ser instrumentos que institucionalizan la participación ciudadana y que por tanto deben estar previstos y determinados con un mayor nivel de detalle.

Que el uso de mejores tecnologías en los procesos industriales y de explotación de los Recursos Naturales debe incorporarse para preservar el medio ambiente exigiendo un Desarrollo Sustentable.

Que el interés público consistente en un adecuado Manejo de nuestros Recursos Naturales y que la protección para la Conservación del suelo, agua y aire en aquello que no es competencia de la legislación Federal, es necesaria la asignación de atribuciones para el mejor desempeño de la responsabilidad del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO ÚNICO
DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1°. El presente Ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo 2°. La aplicación de este Reglamento, compete al Titular del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 3°. Para efectos del presente Reglamento, se considerarán las definiciones contenidas en la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo y las siguientes:

I. Análisis de aptitud: Procedimiento que involucra la selección de alternativas de uso del territorio, entre los que se incluyen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, a partir de los atributos ambientales en el área de estudio;

II. Aprovechamiento: La extracción y utilización de los recursos naturales, en formas que resulten eficientes, socialmente útiles y procuren su preservación y la del medio ambiente;

III. Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía;

IV. Aptitud del territorio: Capacidad del territorio para el desarrollo de actividades humanas;

V. Áreas de atención prioritaria: Zonas del territorio donde se presenten Conflictos ambientales o que por sus características ambientales requieren de atención inmediata;

VI. Área de estudio: Región en la que se aplica el proceso de ordenamiento ecológico;

VII. Áreas de riesgo: Sitios con probabilidad de ocurrencia de daños a la sociedad, a los bienes y los servicios ambientales, a la biodiversidad y a los recursos naturales, provocados, entre otros, por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos o antropogénicos;

VIII. Área voluntaria para la conservación: Se refiere a los predios de comunidades, ejidos, organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas que han sido destinados voluntariamente para ser sujetos a acciones de preservación de los ecosistemas y de su diversidad biológica;

IX. Atributos ambientales: Variables cualitativas o cuantitativas que influyen en el desarrollo de las actividades humanas y de los demás organismos vivos;

X. Auditor ambiental: Persona física o moral que una vez acreditada su experiencia y capacidad técnica, ha obtenido el registro del Comité Técnico o de la Entidad Mexicana de Acreditación, Asociación Civil, para realizar auditorías ambientales y poder emitir las medidas correctivas y recomendaciones resultantes de la misma, con reconocimiento y validez por la Procuraduría;

XI. Auditoría ambiental: Instrumento de política ambiental que consiste en la revisión exhaustiva, metodológica y documentada de las instalaciones, los equipos y procesos de una empresa u organización, respecto del grado de contaminación y el impacto y riesgo ambiental que la misma pudiera generar, que tiene por objeto evaluar el desempeño ambiental y el cumplimiento de requerimientos normativos que resulten aplicables en los procedimientos y prácticas de una empresa u organización, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas, así como las recomendaciones necesarias, que permitan que dicha instalación proteja el ambiente y privilegie el cuidado de los recursos naturales, al operar en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables;

XII. Bienes y servicios ambientales: Los beneficios de interés social que generan los componentes del patrimonio natural y los ecosistemas, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, la provisión del agua en calidad y cantidad, formación de suelo, fijación del nitrógeno, captura de carbono, la generación de oxígeno, purificación de cuerpos de agua, el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, la protección y recuperación de suelos, la polinización de las plantas, el control biológico de plagas, la degradación de los desechos orgánicos, el paisaje y la recreación, así como conservación y protección de la biodiversidad;

XIII. Bitácora ambiental: Registro del proceso de ordenamiento ecológico;

XIV. Buenas prácticas de operación e ingeniería: Actividades de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de un proceso, para la obtención de óptimos resultados, cuya aplicación ha sido aceptada a través del tiempo, por la ausencia de reglamentación específica;

XV. Cantidad de reporte: La cantidad de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso y Disposición Final, o la suma de éstas, existentes en una instalación o medio de transporte, que al ser liberada por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación al medio ambiente, a la población o a sus bienes, por lo que se considera a estas actividades como riesgosas;

XVI. Calendario: El calendario de verificación vehicular;

XVII. Categorías de manejo: Formas en que se clasifican las áreas naturales protegidas sometidas a determinados tipos de manejo, según sus características y valores naturales, históricos y culturales. Cada categoría posee una definición y objetivos propios y su administración y manejo se realiza de acuerdo a determinados patrones;

XVIII. Cédula de Operación Anual: El documento mediante el cual los establecimientos industriales informan anualmente a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, sobre sus procesos, emisiones y transferencia de contaminantes; y mediante la cual la Licencia Ambiental Única es revalidada y actualizada anualmente con lo cual se mantiene vigente;

XIX. Centro de Verificación Vehicular: Establecimiento autorizado que cuenta con el Permiso otorgado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, para medir y certificar, en forma oficial, las Emisiones contaminantes producidas por Vehículos automotores que se encuentran registrados, así como los que circulen en el Estado;

XX. Certificado: Documento de aprobación de la verificación, emitido por el Centro de Verificación Vehicular, que contiene de forma detallada el resultado del análisis realizado a las emisiones de contaminantes a la atmósfera de las fuentes móviles;

XXI. Certificado de Empresa o de Industria Limpia: Documento que en términos de lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley, la Procuraduría otorga para identificar e incentivar a las empresas u organizaciones que cumplen de manera integral los compromisos que se deriven de la realización de las auditorías ambientales a nivel estatal;

XXII. Circulación: Acción que realizan los vehículos cuando se trasladan de un punto a otro por las vías públicas;

XXIII. Conflictos ambientales: La concurrencia de actividades incompatibles en un área determinada;

XXIV. Consejo de Planeación y Manejo: El órgano encargado de la planeación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, será integrado mediante convenio de concertación celebrado entre la Secretaría y los ayuntamientos y contará con integrantes de diversos sectores de la sociedad;

XXV. Constancia de Rechazo: Documento emitido por el Centro de Verificación Vehicular, que contiene en forma detallada el resultado del análisis a las emisiones de las fuentes móviles de contaminación a la atmósfera y que sobrepasa los límites de contaminación establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas;

XXVI. Contaminante: Es toda sustancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural altere o modifique su composición y condición natural, causando desequilibrio ecológico;

XXVII. Conservación: Conjunto de acciones encaminadas a mantener la permanencia de ecosistemas nativos y su utilización, sin que esto último implique cambios masivos en el uso del suelo;

XXVIII. Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo;

XXIX. Daño ambiental: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente a uno o más de sus componentes a consecuencia de un Impacto ambiental adverso;

XXX. Desarrollo Sustentable: Constituye aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, de beneficio ambiental, económico y social;

XXXI. Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas;

XXXII. Desempeño Ambiental: Resultados cualitativos y cuantitativos de la gestión que hace una empresa de sus aspectos ambientales conforme a las materias, parámetros y características auditadas;

XXXIII. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población, a los ecosistemas y a sus elementos;

XXXIV. Ecosistema: Comunidad de organismos vivos y su medio ambiente físico;

XXXV. Educación Ambiental: Es el proceso formativo, mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias, para que actúen en forma integrada y racional con su medio a través de la adquisición de conocimientos, interiorización de actitudes y cambio de hábitos;

XXXVI. Emisiones contaminantes: La generación o descarga de materia o energía, en cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento natural afecte negativamente su salud, composición o condición natural;

XXXVII. Empresa u organización: Persona física o moral que realiza actividades industriales, comerciales o de servicios en instalaciones;

XXXVIII. Envases: Son los componentes de los productos que cumplen con la función de contenerlos y protegerlos para su distribución, comercialización y consumo;

XXXIX. Especies Ferales: Son poblaciones de especies exóticas que fueron introducidas y que se han establecido en el medio silvestre, pero que forzosamente derivaron de una condición doméstica;

XL. Estrategias ecológicas: La integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los Programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el área de estudio;

XLI. Estructura: Se refiere al arreglo espacial que presentan las comunidades bióticas e incluye aspectos tales como densidad, número de estratos, área basal, proporción sexual, estructura de edades, diversidad;

XLII. Estudio de riesgo ambiental: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo o actividad los riesgos que estas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar, reducir o evitar los efectos adversos que se causen al ambiente, en caso de un posible accidente durante la realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate;

XLIII. Estudio justificativo: Análisis técnico realizado a solicitud de la Secretaría, o por iniciativa del promovente, mediante el cual expone las circunstancias por las que no puede canalizar la
emisión de contaminantes por chimeneas o conductos de descarga, y en el que propone medidas alternas para prevenir, mitigar o controlar dichas emisiones;

XLIV. Estudio Técnico Justificativo: Es el estudio que justifica la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas para la Conservación y debe estar fundamentado en las características biológicas y la vocación de uso de suelo, tomando en consideración los aspectos sociales de las poblaciones locales, así como los aprovechamientos que en ella se realicen. Debe ser elaborado por la Secretaría y ésta podrá solicitar la colaboración de los sectores público y privado, universidades, instituciones de investigación o cualquier persona física o moral con experiencia y capacidad técnica en la materia;

XLV. Fuentes fijas: Los establecimientos que se encuentran en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones industriales, mercantiles y de servicios que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera;

XLVI. Fuentes móviles: Los Vehículos automotores que emitan Contaminantes al ambiente;

XLVII. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;

XLVIII. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;

XLIX. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de Monitoreo, supervisión y evaluación, para el Manejo de residuos, desde su Generación hasta la Disposición Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su Manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

L. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

LI. Holograma: Imagen obtenida por holografía, que forma parte del Certificado y que es colocado por el personal acreditado del Centro de Verificación Vehicular en el parabrisas, medallón o cristales laterales de los Vehículos automotores para que sirva como comprobante de la aprobación de la Verificación para el periodo que corresponda y que aprueben el procedimiento de Verificación;

LII. Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;

LIII. Impactos ambientales acumulativos: Los efectos en el ambiente que resultan del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionados por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente;

LIV. Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de Medidas de mitigación;

LV. Impactos ambientales significativos o relevantes: Aquellos que resultan de la acción del hombre o de la naturaleza, que provocan alteraciones en los ecosistemas y sus Recursos Naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;

LVI. Impactos ambientales sinérgicos: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente;

LVII. Incineración: Es la combustión inducida de cualquier sustancia o material;

LVIII. Informe de Avance y Seguimiento: Documento mediante el cual la Empresa u organización notifique a la Procuraduría, las obras y acciones realizadas para corregir o subsanar las deficiencias y recomendaciones resultantes de la Auditoría ambiental, así como el porcentaje de avance;

LIX. Interés sectorial: Objetivo particular de personas, organizaciones o instituciones con respecto al uso del territorio, entre los que se incluyen el Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad;

LX. Inventario de Residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes de Generación de los diferentes tipos de residuos, misma que se integra a partir de la información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento;

LXI. Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el impacto;

LXII. Licencia Ambiental Única: El acto administrativo por medio del cual la Secretaría autoriza el ejercicio de actividades a las Fuentes fijas que emitan o puedan emitir olores, gases, partículas sólidas y líquidas a la atmósfera, sin que excedan los niveles máximos permisibles de emisiones e inmisión de contaminantes;

LXIII. Lineamiento ecológico: Meta o enunciado general que refleja el estado deseable de una
Unidad de gestión ambiental;

LXIV. Manejo: Formas y métodos de administración, Conservación y utilización de los recursos de un Área Natural Protegida, que se ejercen con el fin de lograr su Aprovechamiento sustentable, preservando sus características y propiedades fundamentales;

LXV. Manejo integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, Reutilización, reciclaje, Coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y Disposición Final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de Valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;

LXVI. Manifestación de Impacto Ambiental: Documento que sustenta el análisis ambiental preventivo mediante elementos de juicio para tomar decisiones informadas en relación a las implicaciones ambientales derivadas de las actividades humanas;

LXVII. Medidas de Mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el Impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas;

LXVIII. Medidas Correctivas: Son aquellas acciones impuestas al presunto infractor, ya sean de acción u omisión, que tiene como objeto la corrección de la irregularidad observada dentro de los aspectos de medio ambiente y del equilibrio ecológico al emitirse la resolución correspondiente;

LXIX. Medidas de Seguridad: Son aquellas acciones ejercidas por la autoridad ambiental competente, cuando con la actividad que se realiza exista riesgo inminente de desequilibrio
ecológico o contaminación en el territorio de la entidad, con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública, y que consistirán en el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes;

LXX. Medidas de Urgente Aplicación: Son acciones de ejecución inmediata impuestas al presunto infractor, en cualquier parte del procedimiento hasta antes de que se emita resolución de fondo, para efecto de que con su actividad deje de ocasionar riesgos en el equilibrio ecológico o en la salud de las personas, sin que esto implique la interrupción de sus actividades;

LXXI. Medidas preventivas: Acciones que conjunta o separadamente se aplican a una o más actividades, procesos, Programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de una empresa, incluyendo la instalación de equipo o la realización de obras, con el objeto de prevenir la contaminación y los riesgos ambientales;

LXXII. Modelo de ordenamiento ecológico: La representación, en un sistema de información geográfica, de las unidades de gestión ambiental y sus respectivos lineamientos ecológicos;

LXXIII. Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de las variables ambientales, destinada a alimentar los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental;

LXXIV. Ordenamiento Ecológico Territorial: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias;

LXXV. Patrón de ocupación del territorio: Distribución de actividades sectoriales en el territorio, incluyendo el Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad;

LXXVI. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

LXXVII. Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo;

LXXVIII. Permisionario: La persona física o moral destinataria de los derechos de manejo y administración de un Centro de Verificación Vehicular, mediante el permiso que otorga la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente;

LXXIX. Permiso: El acto administrativo por medio del cual, se autoriza el establecimiento de un Centro de Verificación Vehicular;

LXXX. Plan de Auditoría: Documento en el que se describen las instalaciones, procesos, equipos, sistemas, procedimientos y prácticas de una empresa, y se presenta la información general de la Empresa u organización así como del Auditor ambiental seleccionado; y se establece el objetivo, alcance, la metodología, organización y la programación de actividades que la empresa propone para llevar a cabo la Auditoría ambiental;

LXXXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la Generación y maximizar la Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, Residuos de Manejo Especial y Residuos Peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres órdenes de gobierno;

LXXXII. Plan de Manejo Ambiental: Planteamiento detallado de las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o aquel que busca acentuar los impactos positivos, causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental incluye los planes de seguimiento y participación ciudadana;

LXXXIII. Plan de Protección Ambiental: Documento que establece las bases teóricas, describe los procedimientos prácticos, los lineamientos y las reglas administrativas para la operación de las Zonas de Protección Ambiental;

LXXXIV. Plan de Restauración Ambiental: Documento que describe, ordena en la secuencia lógica y presupuesta las acciones necesarias para asistir la recuperación de un Ecosistema degradado;

LXXXV. Plataformas y puertos de muestreo: Las instalaciones destinadas a realizar el muestreo de gases o partículas en ductos o chimeneas;

LXXXVI. Política ambiental: Definición de principios rectores y objetivos básicos que la sociedad se propone alcanzar en materia de protección ambiental;

LXXXVII. Proceso de ordenamiento ecológico: Conjunto de procedimientos para la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de los Programas de ordenamiento ecológico;

LXXXVIII. Procuraduría: La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo;

LXXXIX. Procuraduría Federal: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

XC. Programa: El Programa de Verificación Vehicular del Estado de Michoacán de Ocampo;

XCI. Programa Correctivo Calendarizado: Documento derivado de la Auditoría ambiental que contiene, de manera calendarizada, las Medidas preventivas y correctivas, así como las recomendaciones necesarias, derivadas de la Auditoría ambiental, que se compromete a realizar el responsable de una instalación auditada;

XCII. Programa de Manejo: Instrumento rector que establece y regula el Manejo de los recursos de un Área Natural Protegida y el desarrollo de las acciones requeridas para su Conservación y Aprovechamiento sustentable;

XCIII. Programa de Ordenamiento Ecológico: El Modelo de ordenamiento ecológico y las
Estrategias ecológicas aplicables al mismo;

XCIV. Programa Estatal de Auditoría Ambiental: Es el instrumento que establece los objetivos, estrategias y acciones para la implementación de las auditorías ambientales voluntarias y la autorregulación;

XCV. Propietario: El propietario el vehículo presentado a la prueba de verificación vehicular;

XCVI. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituirle valor económico, evitando así su Disposición Final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos;

XCVII. Recursos Naturales: Cualquier parte del medio ambiente, como el suelo, agua, pastizales, bosques, fauna silvestre o minerales, que el hombre pueda utilizar para incrementar su bienestar;

XCVIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo;

XCIX. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente; o para prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

C. Reporte de Auditoría: Documento en el cual se presentan a la Procuraduría los resultados de la Auditoría ambiental realizada y que integra la información textual y gráfica que describe las instalaciones auditadas y los hallazgos encontrados, con sus respectivas acciones correctivas calendarizadas;

CI. Residuo: Material o producto cuyo Propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o Disposición Final, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;

CII. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como Residuos Sólidos Urbanos, o que son producidos por grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos; un ejemplo de ellos son los esquilmos agrícolas, los materiales de construcción, los residuos electrónicos y los derivados de los procesos de transformación y reciclaje;

CIII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

CIV. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;

CV. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su Manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

CVI. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación;

CVII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y establecimiento de las condiciones que propician la continuidad de los procesos naturales;

CVIII. RETC: El Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes;

CIX. Ruido: Todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas o a la fauna circundante;

CX. Sector: Conjunto de personas, organizaciones, grupos o instituciones que comparten objetivos comunes con respecto al Aprovechamiento de los Recursos Naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales o la Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad;

CXI. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

CXII. Sistema: El Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural;

CXIII. Sistema de Administración Ambiental: Conjunto de acciones establecidas por una empresa de manera periódica y permanente que integra el control, preparación, ejecución, registro y retroalimentación en sus actividades y procesos, con el propósito de alcanzar objetivos y metas determinados para prevenir la contaminación y el riesgo ambiental, así como proteger y preservar los Recursos Naturales;

CXIV. Sitio contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el Aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas;

CXV. Términos de referencia: Instrumento operativo mediante el cual se establecerá la metodología, requisitos, criterios, parámetros y especificaciones necesarios para el desarrollo de las auditorías ambientales, conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;

CXVI. Unidad de gestión ambiental: Unidad mínima del territorio a la que se asignan determinados lineamientos y Estrategias ecológicas;

CXVII. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de Responsabilidad Compartida, Manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica;

CXVIII. Verificación: La medición de las Emisiones contaminantes, provenientes de vehículos;

CXIX. Vibraciones: El efecto de fuentes acústicas causado por la reflexión del sonido emitido por una fuente original, cuyos límites máximos rebasen los señalados en las normas técnicas que para tal efecto se señalen en la Ley, los Reglamentos o los que se emitan por las autoridades correspondientes;

CXX. Zona de Protección Ambiental: Áreas del territorio estatal que aun no estando en su estado óptimo de Conservación han quedado sujetas a protección por considerarse estratégicas para el mantenimiento de la biodiversidad, los procesos ecosistémicos y la provisión de Bienes y servicios ambientales; y,

CXXI. Zona de Restauración Ambiental: Áreas del territorio estatal que tras haber sufrido algún nivel de degradación han sido destinadas mediante decreto, a estrategias y acciones encaminadas a asistir la recuperación de sus ecosistemas.

LIBRO SEGUNDO
DE LA PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS AL AMBIENTE
TÍTULO I
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL

CAPÍTULO I
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, COORDINACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Artículo 4°. En materia de ordenamiento ecológico territorial de competencia estatal, a la
Secretaría le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Formular, aplicar, ejecutar, evaluar y proponer los Programas de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los ayuntamientos;

II. Elaborar los términos de referencia para la formulación de los estudios técnicos de los ordenamientos ecológicos territoriales;

III. Elaborar y proponer a firma del Titular del Poder Ejecutivo la celebración de Convenios de coordinación con el gobierno Federal, las entidades federativas y los ayuntamientos para la determinación de acciones en materia de Ordenamiento Ecológico Territorial;

IV. Instalar los Comités de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales; V. Presidir los Comités de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales;

VI. Supervisar los estudios técnicos de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial durante su elaboración;

VII. Someter al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial, el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales e inscripción en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado;

VIII. Administrar la Bitácora ambiental de los procesos de ordenamiento ecológico Territorial de su competencia y coadyuvar con los ayuntamientos para el desarrollo de las correspondientes a los Ordenamientos Ecológicos Locales;

IX. Promover la formulación, expedición y ejecución de los Ordenamientos Ecológicos Locales y
Comunitarios;

X. Proporcionar apoyo y asesoría técnica a los ayuntamientos que requieran elaborar estudios de
Ordenamiento Ecológico Local;

XI. Evaluar técnicamente los estudios y el proceso de los Ordenamientos Ecológicos Locales expedidos por los ayuntamientos;

XII. Establecer políticas, criterios, mecanismos, lineamientos ecológicos, estrategias e instrumentos de coordinación y concertación con personas, organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social para la realización de acciones, programas y proyectos sectoriales dentro del Proceso de ordenamiento ecológico, en el ámbito de su competencia;

XIII. Llevar a cabo los procedimientos e instrumentos que promuevan la participación social de los
Ordenamientos Ecológicos Territoriales de su competencia; y,
XIV. Promover la incorporación de la variable ambiental en la planeación de acciones, proyectos y Programas de la Administración Pública Estatal y Municipal que incidan en el Patrón de ocupación del territorio a través del Ordenamiento Ecológico Regional.

Artículo 5°. Las dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal deberán participar en el Proceso de ordenamiento ecológico Territorial, en el ámbito de sus respectivas competencias.

CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL

Artículo 6°. El Ordenamiento Ecológico Territorial deberá llevarse a cabo mediante un proceso transparente, incluyente y democrático, cuyo propósito sea la coordinación entre las autoridades, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y la sociedad en general, en el cual se promueva:

I. El rigor metodológico de los procesos de obtención de información, análisis y generación de resultados;

II. La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los resultados generados en cada etapa del Proceso de ordenamiento ecológico;

III. La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación continua del Proceso de ordenamiento ecológico para determinar la permanencia de los programas, su ajuste o la corrección de desviaciones;

IV. La asignación de lineamientos y Estrategias ecológicas con base a la información disponible;

V. El establecimiento del Sistema de Monitoreo del Programa de Ordenamiento Ecológico; y,

VI. La permanencia o modificación de lineamientos y Estrategias ecológicas a partir del análisis de los resultados del monitoreo.

Artículo 7°. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial deberán tener un carácter adaptativo que permita realizar ajustes para adecuarlo a los cambios experimentados en el área de aplicación.

Artículo 8°. El proceso de ordenamiento deberá generar como mínimo los siguientes resultados:

I. Los convenios de coordinación que resulten necesarios para el cumplimiento de objetivos y lineamientos ecológicos;

II. La conformación del Comité respectivo;

III. El Programa de Ordenamiento Ecológico integrado por el modelo de ordenamiento y las estrategias aplicables; y,

IV. La Bitácora ambiental.

CAPÍTULO III
DEL CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS

Artículo 9°. Los estudios técnicos para los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial deberán contener las siguientes etapas:

I. Caracterización;

II. Diagnóstico;

III. Pronóstico; y,

IV. Propuesta.

SECCIÓN I
DE LA CARACTERIZACIÓN

Artículo 10. La etapa de caracterización tendrá como propósito la descripción de los atributos físicos, bióticos y socioeconómicos del Área de estudio y la integración de un sistema de información geográfica.

Artículo 11. Los principales productos de la etapa de caracterización serán:

I. La construcción del mapa base del Área de estudio;

II. La definición de variables e indicadores de los subsistemas físico-biótico y socioeconómico que permitan identificar y describir el conjunto de los atributos ambientales que reflejen los intereses sectoriales;

III. La regionalización ecológica del Área de estudio, integrando la caracterización de los medios natural y socioeconómico;

IV. El establecimiento de criterios para identificar prioridades entre los Atributos ambientales y los intereses sectoriales;

V. La conformación de un sistema de información geográfica y estadística que facilite el desarrollo del Proceso de ordenamiento ecológico; y,

VI. Los productos finales de la etapa de caracterización deberán ser sometidos a un proceso de consulta pública a través de talleres de planeación participativa y en la página web de la Bitácora ambiental.

SECCIÓN II
DEL DIAGNÓSTICO

Artículo 12. La etapa de diagnóstico deberá identificar las relaciones y los procesos que determinan la existencia de Conflictos ambientales y territoriales en el área, justificar la definición de zonas para la protección y la Conservación e identificar aquellas con Aptitud del territorio para el desarrollo de actividades humanas, mediante las siguientes acciones:

I. El Análisis de Aptitud del territorio para el Desarrollo Sustentable de los sectores productivos;

II. La identificación de áreas que por su condición, relevancia ambiental o importancia cultural requieran ser protegidas, conservadas o restauradas;

III. El análisis de los Conflictos ambientales derivados de la Concurrencia espacial de actividades sectoriales, programas o proyectos;

IV. La delimitación de hábitat críticos para la Conservación, de refugio y Áreas de atención prioritarias para el mantenimiento de los Bienes y servicios ambientales;

V. La determinación de Áreas de riesgo asociadas con la presencia de amenazas naturales y antropogénicas; y,

VI. Las demás que se establezcan en los términos de referencia.

SECCIÓN III
DEL PRONÓSTICO

Artículo 13. La etapa de pronóstico tendrá por objeto examinar la evolución de los Conflictos ambientales, a partir de la previsión de las variables naturales, sociales y económicas. En esta etapa se considerará, de manera enunciativa, más no limitativa lo siguiente:

I. El deterioro de los Bienes y servicios ambientales;

II. Los procesos de pérdida de cobertura vegetal, degradación de ecosistemas y de especies bajo categoría de riesgo;

III. Los efectos del cambio climático;

IV. Las tendencias del crecimiento poblacional y las demandas de infraestructura urbana, equipamiento y servicios urbanos;

V. Los Impactos ambientales acumulativos y sinérgicos considerando sus causas y efectos en tiempo y lugar; y,

VI. Las tendencias de degradación de los Recursos Naturales y de cambio de los Atributos ambientales que determinan la Aptitud del territorio para el desarrollo de las actividades sectoriales.

Artículo 14. En la etapa de pronóstico se identificarán las tendencias de uso y ocupación del territorio y del impacto por la aplicación de las políticas públicas sectoriales y económicas en el Área de estudio; para construir los escenarios de manera cartográfica, de acuerdo a lo siguiente:

I. Escenario tendencial. Mostrar los Conflictos ambientales futuros a partir de la proyección temporal de las relaciones y los procesos históricos que modifican los Atributos ambientales como respuesta a un Interés sectorial. Esta proyección deberá considerarse en periodos de cinco, diez y veinte años; y,

II. Escenario estratégico. Mostrar cómo a partir de diversos programas o acciones se puedan menguar los Conflictos ambientales más significativos, estableciendo las medidas que permitan decrecer el deterioro de los diversos atributos ambientales.

SECCIÓN IV
DE LA PROPUESTA

Artículo 15. La etapa de propuesta tendrá como objetivo generar el Modelo de ordenamiento ecológico que maximice el consenso y minimice los Conflictos ambientales y favorezca el desarrollo integral y sustentable del área de ordenamiento, mediante las siguientes acciones:

I. Definir los criterios para delimitar las Unidades de gestión ambiental que constituirán el modelo del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial;

II. Establecer las políticas y lineamientos ecológicos que se aplicarán a cada una de las Unidades de gestión ambiental;

III. Definir las Estrategias ecológicas aplicables al Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial; y, IV. Ligar los programas y políticas de los tres órdenes de gobierno que coadyuven en la aplicación
y el desarrollo de los lineamientos, criterios y estrategias definidas en cada una de las Unidades de gestión ambiental.

Artículo 16. La Secretaría elaborará los términos de referencia para la elaboración de los estudios técnicos del Ordenamiento Ecológico Territorial, adecuándolos a las condiciones y necesidades ambientales y socioeconómicas de las áreas a ordenar.

CAPÍTULO IV
DE LOS COMITÉS

Artículo 17. Los Comités de Ordenamiento Ecológico Territorial podrán ser:

I. Estatal;

II. Regional; y,

III. Local.


Artículo 18. Corresponde a la Secretaría la instalación de los Comités de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales y al Ayuntamiento la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Local.

La instalación de los Comités de Ordenamiento Territorial será al inicio del proceso de ordenamiento.

Artículo 19. Para la integración de los Comités de Ordenamiento Ecológico, a que se refiere el artículo 17 del presente instrumento, la Secretaría o el Ayuntamiento en su caso, promoverán la participación de las autoridades, dependencias y entidades federales, estatales y municipales, y representantes de la sociedad en general, para que participen en la elaboración del Ordenamiento Ecológico Territorial respectivo, a fin de lograr la congruencia de planes, programas y acciones sectoriales en el Área de estudio, así como coadyuvar en la resolución de los Conflictos ambientales y promover el Desarrollo Sustentable.

Los Comités de Ordenamiento Ecológico Territorial se regirán por lo que establece el presente Reglamento, así como por lo previsto en el convenio de coordinación respectivo.

Artículo 20. Los Comités de Ordenamiento Territorial tendrán las funciones siguientes:

I. Fomentar la articulación del Programa de Ordenamiento Ecológico respectivo, con el Programa de Ordenamiento Ecológico general del territorio, así como el Estatal con los Regionales y estos entre sí;

II. Verificar que el Proceso de ordenamiento ecológico, se observe lo establecido en el Capítulo II del presente Título de este Reglamento;

III. Verificar que los resultados del Proceso de ordenamiento ecológico se inscriban en la Bitácora ambiental, conforme a las disposiciones normativas aplicables;

IV. Sugerir la modificación de los planes, los programas y las acciones sectoriales en el Área de estudio y la suscripción de los convenios necesarios; y,

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 21. Los Comités de Ordenamiento Territorial se conformarán por los órganos siguientes:

I. Un órgano ejecutivo responsable de la toma de decisiones para la instrumentación de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del Proceso de ordenamiento ecológico, y que estará integrado por las autoridades y miembros de la sociedad civil determinados en el convenio de coordinación respectivo; y,

II. Un órgano técnico encargado de la realización de los estudios y análisis técnicos necesarios para la instrumentación de las acciones, procedimientos, estrategias y programas del Proceso de ordenamiento ecológico.

Artículo 22. La Secretaría o el Ayuntamiento promoverán, según corresponda, que cada Comité de Ordenamiento Ecológico elabore el Reglamento para su funcionamiento interno.

CAPÍTULO V
DE LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS ESTATAL Y REGIONAL

Artículo 23. En la elaboración, implementación o modificación de los programas de desarrollo urbano, se deberán considerar las disposiciones contenidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional o Local existente.

Artículo 24. El Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regional, incluirán la regionalización del territorio a ordenar, las Áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud sectorial, mismas que comprenderán los respectivos lineamientos y Estrategias ecológicas.

Artículo 25. El Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regional, serán elaborados a escala de 1:250,000 hasta 1:50,000 dependiendo de la superficie del área a ordenar y los criterios que se definan en los términos de referencia.

Artículo 26. Con el propósito de fomentar la participación social corresponsable, la Secretaría organizará talleres participativos en los que serán elaboradas las propuestas del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y el Regional.

Artículo 27. La Secretaría someterá las propuestas del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales a un proceso de consulta pública, en el que deberán participar las dependencias, coordinaciones, entidades y autoridades federales, estatales y municipales en sus respectivas competencias, así como la sociedad en general.

Artículo 28. La Secretaría definirá los mecanismos mediante los cuales se llevará a cabo la consulta pública, así como las disposiciones para la presentación, registro, análisis y respuesta de las observaciones emitidas por el público.

Artículo 29. La Secretaría incluirá en la Bitácora ambiental todas y cada una de las observaciones emitidas durante la consulta y dará respuesta a las mismas.

Artículo 30. El Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regionales deberán ser analizados por el Comité de Ordenamiento Ecológico respectivo y publicados en el Periódico Oficial.

Artículo 31. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, además de lo señalado en el artículo anterior, deberá ser aprobado por los ayuntamientos que conforman el área de ordenamiento, haciendo llegar copia certificada del acuerdo respectivo a la Secretaría.

Artículo 32. A la entrada en vigor del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal y Regional, se iniciará la etapa de instrumentación mediante las acciones siguientes:

I. Verificar que se incluyan las Estrategias ecológicas especificadas en el programa de ordenamiento en los programas sectoriales;

II. Promover la aplicación de programas sectoriales que apoyen a las actividades productivas del territorio en las áreas definidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial;

III. Fomentar acuerdos de coordinación para orientar un Patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los sectores involucrados en el área; y,

IV. Realizar talleres de capacitación para los ayuntamientos para el uso y manejo de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial.

CAPÍTULO VI
DE LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS LOCALES

Artículo 33. El Programa de Ordenamiento Ecológico Local será formulado, aprobado, expedido, ejecutado, evaluado y modificado por el Ayuntamiento de que se trate, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal.

Artículo 34. Los ayuntamientos controlarán y vigilarán el uso y cambio de uso del suelo conforme a lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Artículo 35. En la elaboración, implementación y/o modificación de los programas de desarrollo urbano, se deberán considerar las disposiciones contenidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional o Local existentes.

Artículo 36. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Local serán elaborados a escala de 1:50,000 hasta 1:10,000 dependiendo de la superficie del área a ordenar y los criterios que se definan en los términos de referencia.

Artículo 37. El estudio técnico deberá contener las etapas que se especifican en el artículo 9 del presente Reglamento y deberán incluir la cobertura y uso actual del suelo más actualizado a la fecha de elaboración.

Artículo 38. Con el propósito de fomentar la participación social corresponsable, el Ayuntamiento organizará talleres participativos en los que será construida la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

CAPÍTULO VII
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COMUNITARIO

Artículo 39. La Secretaría promoverá la elaboración de los ordenamientos ecológicos comunitarios y brindará el apoyo técnico necesario.

Artículo 40. El Programa de Ordenamiento Ecológico Comunitario será aprobado por la asamblea ejidal o comunal que se trate para su seguimiento y observancia obligatoria.

Artículo 41. El Programa de Ordenamiento Ecológico Comunitario una vez aprobado por la asamblea ejidal o comunal de que se trate, se inscribirá en el Registro Agrario Nacional bajo los términos establecidos en la normatividad aplicable.

Artículo 42. El Programa de Ordenamiento Ecológico Comunitario será elaborado a la escala y con los criterios que se definan en los términos de referencia, sujetándose a las disposiciones contenidas en el Capítulo III del presente Título.

CAPÍTULO VIII
DE LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIALES

Artículo 43. La Secretaría o el Ayuntamiento organizarán talleres participativos en los que serán elaboradas la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, Regional o Local, con el propósito de fomentar la participación social corresponsable.

Artículo 44. La Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso, someterán las propuestas de Programas de Ordenamiento Ecológico Territoriales a un proceso de consulta pública.

Artículo 45. La Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso, definirán los mecanismos mediante los cuales se llevarán a cabo la consulta pública, así como las disposiciones para la presentación, registro, análisis y respuesta de las observaciones.

Artículo 46. En la formulación o en la actualización que corresponda de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territoriales establecidos en la Ley y este Reglamento, la Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso, observarán lo siguiente:

I. Una vez que se cuente con la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, se dará aviso del inicio de la consulta pública, mediante una publicación en el Periódico Oficial y en un diario de mayor circulación del Estado o municipios, además se podrá consultar la propuesta en la página web de la Bitácora ambiental o en las instalaciones de la Secretaría y de los ayuntamientos, según corresponda;

II. La consulta a que se refiere la fracción anterior, se realizará dentro de los veinte días hábiles posteriores a su publicación, plazo en el que se presentarán por escrito, las opiniones, sugerencias o planteamientos al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, debiendo estar fundados y motivados;

III. Una vez fenecido el plazo señalado en la fracción anterior, se dará contestación a los planteamientos presentados; lo anterior, fundada y motivadamente, en un término de veinte días hábiles, notificando a los interesados;

IV. Una vez finalizado el periodo de respuestas de consulta pública la Secretaría o el Ayuntamiento correspondiente, elaborará la versión resultante de la consulta pública del programa del Ordenamiento Ecológico Territorial que corresponda y lo enviará al Comité de Ordenamiento Ecológico respectivo para su análisis y sugerencias correspondientes, en los términos de lo dispuesto en el presente Reglamento;

V. El Comité de Ordenamiento Ecológico respectivo deberá remitir sus sugerencias en un plazo no mayor de diez días hábiles a la Secretaría o el Ayuntamiento correspondiente;

VI. En el caso del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, se someterá a aprobación de los ayuntamientos que lo integren, una vez cumplida la fracción anterior; y,

VII. Una vez aprobado el Programa de Ordenamiento Ecológico respectivo por la Secretaría o el Ayuntamiento correspondiente, deberá publicarse en el Periódico Oficial y ser inscrito en el
Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado.

Artículo 47. La Secretaría incluirá en la Bitácora ambiental todas y cada una de las observaciones emitidas durante la consulta y dará respuesta a las mismas.

CAPÍTULO IX
DE LA BITÁCORA AMBIENTAL

Artículo 48. La Bitácora ambiental es el registro del Proceso de ordenamiento ecológico Territorial, la cual tiene como propósito el proporcionar certidumbre en la transparencia y legalidad del proceso y tendrá como objetivos:

I. Mantener una base de información actualizada y fidedigna;

II. Dar certidumbre a la inversión privada y pública;

III. Evaluar la eficacia e idoneidad de las políticas, estrategias y lineamientos ecológicos;

IV. Facilitar la vigilancia y detección de actividades no permitidas; y,

V. Promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 49. La Bitácora ambiental contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El documento referente a las etapas de caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial;

II. El proceso de consulta pública;

III. Las bases de datos del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial;

IV. El Sistema de Información Geográfica del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial; V. La integración y funcionamiento del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial;

VI. El Decreto que contenga el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial o las modificaciones al mismo, publicados en el Periódico Oficial;

VII. Las acciones y actividades vinculadas con la instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial e indicadores ambientales; y,

VIII. La evaluación y actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.

CAPÍTULO X
DE LA VIGENCIA Y PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN

Artículo 50. El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial tendrá vigencia indefinida y deberá actualizarse de manera permanente cuando la Secretaría, el Ayuntamiento o el Comité de Ordenamiento Ecológico respectivo así lo consideren, respetando el mismo proceso bajo el cual fue creado.

TÍTULO II
DEL IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 51. Corresponde a la Secretaría en materia de Impacto ambiental lo siguiente:

I. Evaluar el Impacto ambiental de los proyectos para la realización de las obras y actividades establecidas en el artículo 34 de la Ley, así como en su caso los estudios de riesgo ambiental;

II. Supervisar, con la participación que le corresponda a los ayuntamientos, las medidas de prevención y mitigación establecidas en los estudios de Impacto ambiental y en los términos señalados en la resolución correspondiente;

III. Proporcionar asesoría a las dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública estatal, a los ayuntamientos y particulares en la gestión de estudios de impacto y riesgo ambiental;

IV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la celebración de acuerdos y convenios de coordinación con la Federación, los ayuntamientos y con los sectores social y privado en materia de impacto y riesgo ambiental; y,

V. Las demás previstas en la Ley, en este Reglamento y en otras disposiciones normativas aplicables.

Artículo 52. Los ayuntamientos podrán asumir atribuciones de la Secretaría en materia de Impacto ambiental, mediante la celebración de convenios de coordinación, debiendo tener los ayuntamientos el Ordenamiento Ecológico Local, un área administrativa en materia ambiental y los recursos presupuestales correspondientes.

Artículo 53. Para los efectos del artículo anterior, los convenios de coordinación que celebre el Ejecutivo por conducto de la Secretaría con los ayuntamientos, deberán publicarse en el Periódico Oficial y sujetarse a las siguientes bases:

I. Se celebrarán a petición del Ayuntamiento, cuando éste cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior;

II. Establecerán con precisión su objeto, así como las funciones que se transferirán;

III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración;

IV. Definirán los mecanismos de retroalimentación de la información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;

V. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación, recisión y, en su caso, la duración de sus prórrogas;

VI. Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos; y,

VII. Las demás que se establezcan en el convenio de coordinación.

Artículo 54. Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios de coordinación a que se refiere el presente Capítulo; la Secretaría podrá revocar el convenio si el Ayuntamiento no cumple con lo estipulado en el mismo.

Artículo 55. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 33 de la Ley, el interesado o quien acredite ser su representante legal deberá presentar ante la Secretaría, la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.

Artículo 56. La Secretaría evaluará y autorizará, en su caso, la Manifestación de Impacto Ambiental, tratándose de las siguientes obras y actividades:

I. Obras públicas y privadas cuyo propósito sea la prestación de servicios públicos de competencia estatal o municipal de acuerdo a lo siguiente:

a) Instalación y operación de plantas, centros de almacenamiento temporal, transferencia, separación, pre tratamiento, tratamiento, reuso, reciclaje, Incineración, recuperación y Disposición Final de Residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

b) Construcción y operación de mercados y centrales de abasto;

c) Construcción y operación de cementerios;

d) Construcción y operación de rastros y mataderos municipales;

e) Construcción y operación de parques urbanos;

f) Construcción y operación de centros comerciales;

g) Construcción y operación de hospitales, clínicas, centros de rehabilitación;

h) Construcción y operación de centros educativos mayores a una hectárea;

i) Construcción y operación de terminales o centrales de autobuses; y,

j) Construcción y operación de centros de readaptación social o centros tutelares para menores;

II. Obras hidráulicas y vías de comunicación de jurisdicción estatal y municipal conforme a lo siguiente:

a) Obras hidráulicas:

1. Construcción y operación de presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad menor de 1 millón de metros cúbicos y mayor a 100,000 metros cúbicos;

2. Construcción, ampliación y rehabilitación de unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado, jagüeyes y otras obras para la captación de aguas pluviales en superficies inferiores a cien hectáreas y mayores a cinco hectáreas;

3. Construcción, equipamiento de sistemas de conducción de abastecimiento de aguas, plantas potabilizadoras que no implique el uso de sustancias consideradas altamente riesgosas y acueductos;

4. Instalación de colectores, subcolectores, cárcamos, rehabilitación y ampliación de drenajes, y en general alcantarillado; y,

5. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen sus efluentes a los sistemas de alcantarillado municipal o que en todo caso no descarguen en cuerpos o cursos de agua nacional.

b) Vías de comunicación:

1. Construcción, ampliación o rehabilitación y operación de vías públicas de carreteras estatales, intermunicipales o municipales;

2. Construcción y operación de calles, avenidas, bulevares, circuitos, libramientos y ejes viales de más de un kilómetro de longitud;

3. Construcción y operación de puentes, distribuidores y túneles vehiculares;

4. Caminos rurales, terracerías que comuniquen a un centro de población con otro, de un centro de población a un sitio con actividades económicas, religiosas, educativas, turísticas y culturales; y,

5. Se exentan empedrado y/o adoquinado, guarniciones y banquetas, puentes peatonales dentro de áreas urbanas o poblaciones rurales, asimismo, en el área rural, se exentan los caminos de herradura, senderos y veredas que sean conformados con el tránsito continuo de animales de carga y personas.

III. Zonas, corredores, y parques industriales donde se establezcan industrias de todo género de competencia estatal.

IV. Las industrias de competencia estatal que realicen las actividades siguientes:

1. Riesgosas de competencia estatal;

2. Preparación, congelación, envasado y empaque de carne, pescado y mariscos frescos;

3. Elaboración de concentrados de carne, de pollo, res, pescado, mariscos y verduras;

4. Proceso de beneficio y envasado del arroz;

5. Proceso de beneficio y envasado de café;

6. Proceso de beneficio y envasado de trigo;

7. Elaboración de harina de maíz y molino de cereales y leguminosas, incluyendo hueso de pescado y otros tipos de harinas;

8. Beneficio de productos agrícolas distintos a los mencionados;

9. Fabricación y refinación de grasas y aceites vegetales o animales;

10. Elaboración de productos derivados de la leche;

11. Elaboración y envasado de jugos, conservas, mermeladas y alimentos de frutas y legumbres;

12. Elaboración de almidones y levaduras y féculas;

13. Fabricación de hielo;

14. Elaboración de gelatinas, flanes y postres en polvo;

15. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas;

16. Producción de cerveza y malta;

17. Elaboración de bebidas como refrescos y no alcohólicas;

18. Fabricación de telas de lana y sus mezclas;

19. Acabados de hilos y telas de fibras blandas;

20. Fabricación de hilos artificiales para elaboración de telas y costura en general;

21. Fabricación de encajes, cintas, etiquetas y productos de pasamanería;

22. Fabricación de fieltro y entretelas de fibras blandas;

23. Fabricación de algodón absorbente, vendas y productos derivados;

24. Fabricación de ropa en talleres e industrias;

25. Fabricación de ropa interior de punto;

26. Fabricación de telas de punto;

27. Fabricación de gorras, sombreros y similares;

28. Fabricación de productos de cuero y piel;

29. Fabricación de calzado de cuero, tela con suela sintética;

30. Fabricación de huaraches, alpargatas y otros;

31. Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados;

32. Fabricación de muebles de madera y sus partes;

33. Fabricación de persianas;

34. Fabricación de productos de madera para la construcción;

35. Fabricación de envases de metal, cuando la materia prima ya está elaborada;

36. Fabricación de ataúdes de madera, metal y con partes de plástico;

37. Fabricación de velas y veladoras;

38. Fabricación de aceites esenciales;

39. Fabricación de materiales para la pavimentación y techado a base de asfalto;

40. Fabricación de neumáticos cuando se usa como materia prima ya elaborada;

41. Industria maquiladora en general;

42. Fabricación de laminados decorativos manuales e industriales;

43. Fabricación de espumas y productos derivados del uretano;

44. Corte, pulido y laminado de mármol y otras piedras ornamentales;

45. Galvanoplastia en piezas con metales;

46. Fabricación de máquinas de uso informático;

47. Fabricación de motores y equipo para la generación, transformación y utilización de energía eléctrica, solar o geotérmica;

48. Fabricación de automóviles y sus partes;

49. Fabricación de equipos eléctricos para ferrocarriles y aeronaves;

50. Fabricación de materiales, focos, lámparas y accesorios eléctricos y para iluminación;

51. Fabricación de equipos, aparatos, instrumental para uso médico y aparatos ortopédicos;

52. Fabricación de equipo dental, accesorios y piezas dentales;

53. Fabricación de aparatos e instrumentos técnicos científicos para medida y control, balanzas, brújulas y calibradores;

54. Fabricación de instrumentos ópticos como telescopios, binoculares, microscopios y lentes a anteojos, así como sus partes;

55. Fabricación de aparatos para fotografía, películas y cintas;

56. Fabricación de máquinas fotocopiadoras;

57. Fabricación de relojes y sus derivados;

58. Fabricación de instrumentos de música, así como sus partes;

59. Fabricación de aparatos y accesorios deportivos;

60. Fabricación de artículos y accesorios de oficina, pintura artística y dibujo;

61. Elaboración de chocolate de mesa y cocoa;

62. Elaboración de dulces y chicles;

63. Elaboración de jarabes y colorantes naturales alimenticios;

64. Elaboración de condimentos, refinación de sal, molienda de chile, mole, sazonadores, mayonesas, mostazas y vinagres;

65. Elaboración de botanas y derivados del maíz;

66. Envasado de té;

67. Elaboración de alimentos balanceados para animales;

68. Fabricación de telas no tejidas;

69. Fabricación de productos de higiene, para uso quirúrgico, doméstico, sanitario e industrial;

70. Fabricación de perfumes, cosméticos y similares;

71. Fabricación de detergentes, jabones y productos dentales;

72. Fabricación de impermeabilizantes y adhesivos;

73. Fabricación de tintas para impresión y escritura;

74. Fabricación de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes inorgánicos;

75. Refinación de grasas y aceites animales no comestibles;

76. Fabricación de azulejos y derivados;

77. Fabricación de tabique, ladrillos y demás productos de arcilla refractaria;

78. Fabricación de productos de vidrio en todos sus estilos y tipos;

79. Fabricación de maquinaria y equipo de madera;

80. Fabricación de maquinaria de coser de uso industrial;

81. Fabricación de motores y radiadores;

82. Fabricación de piezas metálicas para equipo y maquinaria;

83. Fabricación de bombas, rociadores y extinguidores;

84. Fabricación de equipo para aire acondicionado, calefacción y refrigeración;

85. Fabricación de filtros para líquidos y gases;

86. Fabricación de maquinaria de oficina;

87. Fabricación de electrodos de carbón y grafito;

88. Fabricación de productos de la cal y yeso, cuando el proceso no esté integrado a la industria del cemento;

89. Fabricación de televisores, radios y reproductores;

90. Fabricación de discos y cintas magnetofónicas;

91. Fabricación de aparatos domésticos, estufas, lavadoras, secadoras, máquinas de coser, refrigeradores, ventiladores, calentadores eléctricos y enseres;

92. Fabricación de bicicletas, similares y motocicletas;

93. Fabricación de juguetes de plástico;

94. Fabricación de escobas, cepillos para diversos usos incluyendo los cepillos dentales;

95. Fabricación de cierres cremallera de plástico y metal;

96. Fabricación de flores artificiales, accesorios para cabello y encendedores;

97. Fundición, aleación desbaste y laminado de acero y hierro, cuando el proceso de fundición, no esté ligado al de siderúrgica básica; y,

98. Instalaciones destinadas a la engorda, desarrollo, matanza, corte, y/o empaque de carne de ganado, porcina o aves.

V. Exploración, extracción y procesamiento de minerales de competencia estatal para la ornamentación o construcción, y trabajos que se deriven y se realicen a cielo abierto, de acuerdo a lo siguiente:

a) Obras y actividades para la exploración, extracción y procesamiento de minas, yacimientos de cantera, basalto, granito, tezontle, arena, grava, así como calizas, riolita, granito, arcillas, materiales aluviales, piedra y tepetate, entre otros; y,

b) Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica superficial, geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad magnética y densidad.

VI. Obras y actividades que promuevan desarrollos turísticos, la recreación, el deporte y el esparcimiento en superficies mayores a una hectárea y en el caso de la construcción y operación de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos y de espectáculo con capacidad igual o mayor a doscientas personas;

VII. Obras o actividades para las que se requiera el cambio de uso del suelo en áreas agrícolas o pecuarias, no comprendidas o reguladas en los programas de desarrollo urbano del centro de población, o no reservadas a la Federación, excepto los terrenos o áreas de suelo agrícola o pecuarios en forestales, agroforestales o silvopastoriles, que utilicen especies nativas para su establecimiento;

VIII. Desarrollos habitacionales urbanos, suburbanos, comerciales, industriales y conjuntos habitacionales y demás categorías establecidas en el Código de Desarrollo Urbano del Estado, así como la creación y fundación de nuevos centros de población;

IX. Obras o actividades dentro de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal y municipal, con excepción de:

a) Las actividades de autoconsumo y uso doméstico, así como las obras que no requieran autorización en materia de Impacto ambiental en los términos del presente Artículo, siempre que se lleven a cabo por las comunidades asentadas en el área y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el decreto y el Programa de Manejo respectivos;

b) Las que sean indispensables para la Conservación, el mantenimiento y la vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con la normatividad correspondiente;

c) Las obras de infraestructura urbana y desarrollo habitacional en las zonas urbanizadas que se encuentren dentro de Áreas Naturales Protegidas, siempre que no rebasen los límites urbanos establecidos en los programas de desarrollo urbano del centro de población respectivos y no se encuentren prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables; y,

d) Construcciones para casa habitación en terrenos agrícolas, ganaderos o dentro de los límites de los centros de población existentes, cuando se ubiquen en comunidades rurales.

X. Construcción y operación de expendios de distribución de gasolinas, diesel y de gas, de competencia estatal;

XI. Las obras o actividades que su control no se encuentre reservado a la Federación que pueden ocasionar daños al ambiente y daños a la salud pública o rebasar los límites o condiciones establecidos en la normatividad vigente; y,

XII. Construcción, instalación, y habilitación para su funcionamiento de las fuentes emisoras de radiaciones electromagnéticas.

Artículo 57. La Manifestación de Impacto Ambiental se deberá presentar en la modalidad regional cuando se trate de:

I. Zonas, corredores y parques industriales de competencia estatal, obras o actividades que incluyan dos o más municipios, proyectos, conjuntos habitacionales y desarrollos habitacionales urbanos, suburbanos, comerciales e industriales mayores de 50 hectáreas y en general, proyectos que alteren de manera significativa las cuencas hidrológicas;

II. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica prioritaria;

III. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas; y,

IV. Los programas de desarrollo urbano del centro de población o programas parciales de desarrollo urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Artículo 58. La Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Datos generales del proyecto, interesado y prestador del servicio; II. Descripción del proyecto;
III. Vinculación de la normatividad aplicable en materia ambiental y los programas de desarrollo urbano;

IV. Descripción del sistema ambiental regional y problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto;

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; VI. Construcción de escenarios y pronósticos ambientales;

VII. Plan de Manejo Ambiental, donde se contemplen las Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales; y,

VIII. Anexos, documentos legales certificados o cotejados tales como título de propiedad o posesión, factibilidades de los servicios de agua, energía eléctrica, drenaje, recibo de pago de derechos y licencia de uso del suelo, cartografía, registro fotográfico, planos del proyecto, análisis de resultados y memorias de cálculo y los demás estudios o documentos que determinen las guías metodológicas que expida la Secretaría en los términos del presente Reglamento.

Artículo 59. La Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad particular, deberá contener como mínimo lo establecido por las fracciones I, II, III, V, VII y VIII del artículo anterior y la descripción del sistema ambiental y problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto.

Artículo 60. El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud de la autorización en materia de Impacto ambiental anexando:

I. La Manifestación de Impacto Ambiental y en su caso el Estudio de riesgo ambiental, en un tanto impreso en original y dos dispositivos electrónicos; y,

II. Una copia de la constancia del pago de derechos correspondientes.

Artículo 61. La Secretaría publicará semanalmente en la página web de la Secretaría un listado de las solicitudes de autorización, de los informes preventivos y de las manifestaciones de Impacto ambiental que reciba. Asimismo, incluirá dicho listado en los medios electrónicos de los que disponga.

Los listados deberán contener, por lo menos, la siguiente información:

I. Nombre del promovente;

II. Fecha de la presentación de la solicitud;

III. Nombre del proyecto e identificación de los elementos que lo integran;

IV. Tipo de estudio presentado: Informe preventivo o Manifestación de Impacto Ambiental y su modalidad; y,

V. Lugar en donde se pretende llevar a cabo la obra o la actividad, indicando el Municipio.

Artículo 62. Se evitará la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables.

CAPÍTULO II
DEL INFORME PREVENTIVO

Artículo 63. Las obras y actividades que no requieran someterse a la evaluación de Impacto ambiental de acuerdo con el artículo 56 del presente Reglamento y que deberán presentar un informe preventivo, serán para las que:

I. Existan normas oficiales mexicanas, Normas Ambientales Estatales u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el Aprovechamiento de Recursos Naturales y en general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir;

II. Las obras o actividades estén expresamente previstas en el programa parcial de desarrollo urbano o de Ordenamiento Ecológico Local que cuente con previa autorización en materia de Impacto ambiental respecto del conjunto de obras o actividades incluidas en él;

III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales previamente autorizados por la Secretaría en materia de Impacto ambiental considerando las emisiones, las descargas, el Aprovechamiento de Recursos Naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir; y,

IV. Las demás que señale la normatividad aplicable. Artículo 64. El informe preventivo deberá contener: I. Datos de Identificación, en los que se mencione:

a) El nombre y la ubicación del proyecto;

b) Los datos generales del promovente; y,

c) Los datos generales del responsable de la elaboración del informe. II. Referencia, según corresponda:

a) A las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el Aprovechamiento de Recursos Naturales, aplicables a la obra o actividad;

b) A los programas de desarrollo urbano del centro de población, parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico local en los cuales quede incluida la obra o actividad; o,

c) A la autorización de la Secretaría del parque industrial en materia de Impacto ambiental en el que se ubique la obra o actividad.

III. La siguiente información:

a) La descripción general de la obra o actividad proyectada;

b) La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan impactar el ambiente, así como sus características físicas y químicas;

c) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya Generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan llevar a cabo;

d) La descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto;

e) La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación;

f) Los planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto; y,

g) En su caso, las condiciones adicionales que se señale en las guías metodológicas.

Artículo 65. La Secretaría analizará el informe preventivo y, en un plazo no mayor a 20 días hábiles comunicará por escrito al promovente:

I. Que se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 63 de este Reglamento y que, por lo tanto puede realizar la obra o actividad en los términos propuestos; o,

II. Que se requiere la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental, en alguna de sus modalidades.

CAPÍTULO III
DEL RIESGO AMBIENTAL

Artículo 66. Las actividades riesgosas de competencia estatal que se publiquen en el Periódico Oficial requieren la presentación del Estudio de riesgo ambiental ante la Secretaría.

El Estudio de riesgo ambiental deberá contener como mínimo la siguiente información:

I. Datos generales de quien realice las actividades riesgosas y del responsable de la elaboración del Estudio de riesgo ambiental;

II. Datos correspondientes al proyecto, relacionados con la ubicación de la instalación, plano de localización, superficie del predio y, en su caso, superficie construida, descripción de accesos y servicios;

III. Descripción de la actividad, de las líneas de producción y proceso, manejo y volúmenes de materias primas, productos y subproductos considerados en el listado de actividades riesgosas publicado en el Periódico Oficial, características de los recipientes, reactores y demás equipos de operación y procesos, equipos auxiliares, instrumentos de control, condiciones de operación, incluidas las extremas, y volúmenes de producción;

IV. Descripción de drenajes, afluentes acuosos, incluyendo registros, monitoreo, tratamiento o disposición, y condiciones de descarga, colectores o cuerpos de descarga de aguas residuales;

V. Descripción de residuos generados, incluyendo, en su caso, tecnologías y sistemas de manejo y descripción de emisiones atmosféricas;

VI. Escenarios y Medidas preventivas resultantes del análisis de los riesgos ambientales, relacionados con el proyecto;

VII. Estudio de características de suelo y evaluación del riesgo ambiental asociado a la presencia de contaminantes en el mismo;

VIII. Descripción de radios de afectación y de las zonas de riesgo, así como de las zonas de protección en torno a las instalaciones, en su caso; y,

IX. Señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental.

Cuando se trate de actividades riesgosas de competencia estatal que se publiquen en el Periódico Oficial, deberá incluirse un Estudio de riesgo ambiental en la modalidad de informe preliminar que acompañará a la Manifestación de Impacto Ambiental prevista en este Capítulo, el cual será considerado al evaluarse el Impacto ambiental.

CAPÍTULO IV
DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS

Artículo 67. La Secretaría publicará en el Periódico Oficial las guías metodológicas para la elaboración de los estudios o manifestaciones de impacto ambiental.

CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Artículo 68. La Secretaría revisará que la solicitud de la autorización en materia de Impacto ambiental se ajuste a las formalidades previstas en la Ley, el presente Reglamento, en las guías
metodológicas, en las normas oficiales mexicanas y estatales ambientales que resulten aplicables e integrará el expediente respectivo en el término que señala el artículo 36 de la Ley.

La Secretaría comunicará al promovente, en el momento en que éste presente la solicitud en los términos del artículo 60 del presente Reglamento, si existen deficiencias formales que puedan ser corregidas en ese mismo acto.

Artículo 69. La Secretaría dentro del proceso de integración del expediente respectivo realizará las visitas a los sitios propuestos para realizar las obras y actividades, con la finalidad de verificar la veracidad de la información contenida en los estudios de impacto y/o riesgo ambiental.

Artículo 70. La Secretaría podrá suspender el término que se refiere en el artículo 36 de la Ley para solicitar al promovente, la información que considere necesaria respecto al contenido de la manifestación, para que dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles cumpla con lo requerido.

Artículo 71. Una vez que el promovente haya dado cumplimiento con lo solicitado por la Secretaría dentro del término establecido en el artículo anterior, ésta reanudará el procedimiento de integración del expediente o en caso contrario lo desechará dejando a salvo los derechos del promovente.

Artículo 72. Si el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto, después de emitida la autorización en materia de Impacto ambiental y/o riesgo ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Secretaría, la que, en un plazo no mayor a quince días hábiles, determinará:

I. Si es necesaria la presentación de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental y/o Estudio de riesgo ambiental;

II. Si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de las autorizaciones otorgadas; o,

III. Si las autorizaciones otorgadas requieren ser modificadas con objeto de imponer nuevos términos a la realización de la obra o actividad de que se trate.

En este caso, las modificaciones a la autorización deberán ser dadas a conocer al promovente en un plazo máximo de treinta días hábiles.

Artículo 73. En la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo ambiental, la Secretaría observará, entre otros, lo siguiente:

I. Los Ordenamientos Ecológicos Territoriales: Estatal, Regionales, Locales y Comunitarios de acuerdo a su ámbito de aplicación;

II. Los programas de desarrollo urbano básicos y derivados;

III. Las declaratorias de áreas naturales protegidas, zonas de restauración ambiental, zonas de protección ambiental y sus respectivos programas o planes;

IV. Las normas oficiales mexicanas y ambientales estatales;

V. Los criterios ambientales para la protección y Aprovechamiento racional de los elementos naturales y para la protección al medio ambiente;

VI. La estrategia para la Conservación y uso sustentable de la diversidad biológica del Estado;

VII. La regulación ecológica y ambiental de los asentamientos humanos; y,

VIII. Las demás que señale la normatividad ambiental aplicable.

Artículo 74. La Secretaría podrá exigir la contratación de seguros y garantías de responsabilidad civil o de daños al ambiente, respecto del cumplimiento de las condicionantes y términos establecidos en las autorizaciones de Impacto ambiental o en las materias cuya realización puedan producir daños graves a los ecosistemas.

Se considerará que pueden producirse daños graves a los ecosistemas, cuando:

I. Puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se transformen en tóxicas, persistentes y bioacumulables;

II. En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna silvestre con categoría de riesgo de acuerdo con la normativa vigente; y,

III. Los proyectos que impliquen la realización de actividades que puedan causar desequilibrios al ambiente conforme a la Ley y demás disposiciones normativas aplicables.

Artículo 75. La Secretaría fijará el monto de los seguros y garantías atendiendo al valor de la reparación de los daños que puedan ocasionarse por el incumplimiento de los términos referidos en las autorizaciones.

En caso de no otorgarse por el promovente el seguro o la garantía en el término que establezca la Secretaría en las autorizaciones, ésta solicitará a la Procuraduría la aplicación de las Medidas de seguridad a que haya lugar.

Artículo 76. El promovente deberá, en su caso, renovar o actualizar anualmente los montos de los seguros o garantías que haya otorgado.

La Secretaría, dentro de un plazo de diez días, ordenará la cancelación de los seguros o garantías, cuando el promovente acredite que ha cumplido con todos los términos y condicionantes, en su caso, que les dieron origen y haga la solicitud correspondiente.

Artículo 77. Los recursos que se obtengan por el cobro de seguros o la ejecución de garantías serán ingresados al Fondo Ambiental del Estado para la reparación del Daño ambiental ocasionado por la obra o actividad de que se trate.

Artículo 78. Las autorizaciones en materia de Impacto ambiental que expida la Secretaría sólo podrán referirse a los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate y su vigencia será determinada por la Secretaría, la cual no podrá exceder del tiempo propuesto para la preparación del sitio, construcción, inicio de operaciones, mantenimiento, funcionamiento y abandono del sitio.

Asimismo, el promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión de los proyectos, así como el cambio en la titularidad de derechos del promovente.

Artículo 79. Las resoluciones en materia de Impacto ambiental que dicte la Secretaría, podrán autorizar la ejecución de la obra o la realización de la actividad, en los términos solicitados que determine la propia Secretaría, o negar dicha autorización.

En cualquier supuesto que resuelva la Secretaría, ésta deberá notificarlo personalmente al interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la expedición de la resolución de que se trate.

Artículo 80. Todo interesado que decida no ejecutar la obra o actividad sujeta a la autorización en materia de Impacto ambiental, deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría para que ésta proceda a:

I. Archivar el expediente respectivo; y,

II. Dejar sin efecto la autorización cuando la comunicación se haga después de que aquélla se hubiere otorgado.

En el caso a que se refiere la fracción II del presente artículo y se hayan causado daños al ambiente, la Secretaría ordenará la adopción de las Medidas de mitigación, compensación y/o Remediación, o en su caso, hará efectivas las garantías que se hubieren otorgado respecto del cumplimiento de los términos establecidos en la autorización.

Artículo 81. Los expedientes de evaluación de las manifestaciones de Impacto ambiental, una vez integrados en los términos del artículo 68 del presente Reglamento, estarán a disposición de cualquier persona para su consulta.

El promovente, desde la fecha de la presentación de su solicitud de evaluación en materia de Impacto ambiental, podrá solicitar que se mantenga en reserva aquella información que, de hacerse pública, afectaría derechos de propiedad industrial o la confidencialidad de los datos comerciales contenidos en ella, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la información reservada permanecerá bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría, en los términos de la Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

En todo caso, el promovente deberá identificar los derechos de propiedad industrial y los datos comerciales confidenciales en los que sustente su solicitud.

Artículo 82. La consulta de los expedientes podrá realizarse en horas y días hábiles, en las oficinas de la Secretaría.

CAPÍTULO VI
DE LA CONSULTA PÚBLICA

Artículo 83. La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de Impacto ambiental.

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de Impacto ambiental. En ella se hará mención de:

I. La obra o actividad de que se trate;

II. Las razones que motivan la petición;

III. El nombre o razón social y domicilio del solicitante; y,

IV. La demás información que el particular desee agregar.

Artículo 84. La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases que a continuación se mencionan:

I. El día siguiente a aquel en que resuelva iniciar la consulta pública, notificará al promovente que deberá publicar, en un término no mayor de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación, un extracto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en el Estado; de no hacerlo, el plazo que restare para concluir el procedimiento quedará suspendido. La Secretaría podrá, en todo caso, desechar el trámite.

El promovente, deberá proveer una versión de consulta pública, donde podrá solicitar que se mantenga en reserva aquella información que, de hacerse pública, afectaría derechos de propiedad industrial o la confidencialidad de los datos comerciales contenidos en ella, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la información reservada permanecerá bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría, en los términos de la Ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

En todo caso, el promovente deberá identificar los derechos de propiedad industrial y los datos comerciales confidenciales en los que sustente su solicitud.

El extracto del proyecto de la obra o actividad contendrá, por lo menos, lo siguiente:

a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto;

b) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos que la integran;

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al momento de realizar el estudio; y,

d) Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o actividad y las Medidas de mitigación y reparación que se proponen.

II. Cualquier ciudadano de la comunidad de que se trate, dentro de los diez días siguientes a la publicación del extracto del proyecto, podrá solicitar a la Secretaría que ponga a disposición del público la Manifestación de Impacto Ambiental en el Municipio que corresponda;

III. Dentro de los veinte días siguientes a aquél en que la Manifestación de Impacto Ambiental haya sido puesta a disposición del público conforme a la fracción anterior, cualquier interesado podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, así como las observaciones que considere pertinentes, las cuales se agregarán al expediente;

IV. Las observaciones y propuestas a que se refiere el párrafo anterior deberán formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona física o moral que las hubiese presentado y su domicilio; y,

V. La Secretaría consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública y los resultados de las observaciones y propuestas formuladas. Estos resultados serán publicados, además, en la página web de la Secretaría.

Artículo 85. El promovente deberá remitir a la Secretaría la página del diario o periódico donde se hubiere realizado la publicación del extracto del proyecto, para que sea incorporada al expediente respectivo.

Artículo 86. Durante el proceso de consulta pública a que se refiere el artículo 83 de este Reglamento, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con las siguientes bases:

I. La Secretaría, dentro del plazo de veinticinco días contados a partir de que resuelva dar inicio a la consulta pública, emitirá una convocatoria en la que expresará el día, la hora y el lugar en que la reunión deberá verificarse. La convocatoria se publicará, por una sola vez, en la página web de la Secretaría y en un periódico de amplia Circulación en el Estado. Cuando la Secretaría lo considere necesario, podrá llevar a cabo la publicación en otros medios de comunicación que permitan una mayor difusión a los interesados o posibles afectados por la realización de la obra o actividad;

II. La reunión deberá efectuarse, en todo caso, dentro de un plazo no mayor a cinco días con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria y se desahogará en un solo día;

III. El promovente deberá exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate, los posibles impactos que se ocasionarían por su realización y las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas. Asimismo, atenderá, durante la reunión, las dudas que le sean planteadas;

IV. Al finalizar, se levantará un acta circunstanciada en la que se asentarán los nombres y domicilios de los participantes que hayan intervenido formulando propuestas y consideraciones, el contenido de éstas y los argumentos, aclaraciones o respuestas del promovente;

V. En todo caso, los participantes podrán solicitar una copia del acta circunstanciada levantada; y,

VI. Después de concluida la reunión y antes de que se dicte la resolución en el procedimiento de evaluación, los asistentes podrán formular observaciones por escrito que la Secretaría anexará al expediente.

TÍTULO III
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA

Artículo 87. La Secretaría en materia de sistemas de gestión ambiental tendrá que:

I. Diseñar un programa de capacitación y mejoramiento ambiental para la prestación de servicios públicos, el cual deberá de incluir lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley; y,

II. Emitir las normas y criterios a aplicar de cada una de las siguientes materias:

a) Energía eléctrica;

b) Agua;

c) La disminución de Contaminantes a la atmósfera por Fuentes móviles y fijas;

d) Minimización en la Generación de residuos;

e) Compras verdes; y,

f) Los demás que señale la Secretaría.

Artículo 88. La Secretaría deberá brindar asistencia técnica y jurídica a los ayuntamientos que así lo soliciten en la implementación de los sistemas de gestión ambiental.

TÍTULO IV
DE LA CULTURA AMBIENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

Artículo 89. Con la participación amplia e incluyente de la sociedad y de las dependencias públicas del Estado, la Secretaría elaborará el Programa Estatal de Cultura Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo será consolidar la educación, la capacitación y la comunicación en materia ambiental como una política transversal del Estado, que abarque tanto la educación formal como la no formal, así como también a los medios de comunicación, para construir una cultura ambiental impulsora de la sustentabilidad ambiental, social, económica y política en el Estado.

El Programa Estatal de Cultura Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, comprenderá la integración de un marco conceptual relacionado con el Desarrollo Sustentable, la Educación Ambiental, la capacitación para el Desarrollo Sustentable y la comunicación educativa, así como una propuesta integral que contribuya a generar las condiciones que permitan elevar la calidad de vida de la población, a partir del cuidado del ambiente y de la naturaleza, mediante la instrumentación de proyectos específicos de Educación Ambiental, capacitación para el Desarrollo Sustentable y de comunicación.

La Secretaría podrá suscribir convenios de coordinación con las autoridades educativas estatales a fin de llevar a cabo las acciones previstas en el Programa Estatal de Cultura Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.

Artículo 90. La Secretaría realizará las gestiones necesarias ante las autoridades educativas estatales a fin de que se incorporen contenidos ambientales a los programas escolarizados, que promuevan principios y prácticas de Conservación y Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales, de protección del ambiente y del cuidado del Patrimonio Natural del Estado.

La Secretaría promoverá ante las instituciones de educación media y superior en el Estado y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de programas dirigidos a la investigación y difusión de los temas ambientales; el desarrollo de técnicas y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, fomentar el Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales y proteger los ecosistemas.

Artículo 91. La Secretaría promoverá la cultura ambiental para el Desarrollo Sustentable entre los diversos sectores y grupos sociales y fomentará la corresponsabilidad y la participación social, mediante la realización de campañas de difusión y cursos de capacitación dirigidos a lograr la concientización de la sociedad con relación a la importancia de proteger el ambiente y conservar los Recursos Naturales, así como a lograr nuevos valores y prácticas de consumo responsable.

TÍTULO V
DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DEL PROGRAMA ESTATAL

Artículo 92. El Programa Estatal de Auditoría Ambiental es el instrumento que establece los objetivos, estrategias y acciones para la implementación de las auditorías ambientales voluntarias y la autorregulación.
En él queda manifiesta la necesidad de disponer de la normatividad legal aplicable que sustenten las acciones de la Procuraduría para la promoción y concertación de acciones voluntarias de autorregulación y Auditoría ambiental con los sectores empresariales y organizaciones involucradas.

A su vez, el Programa Estatal de Auditoría Ambiental incluye políticas y lineamientos, pero a su vez acciones específicas, por lo que se constituye en un instrumento que enmarca requerimientos y necesidades que deben alcanzarse para el logro de los objetivos que en él se plantean.

Artículo 93. La Procuraduría desarrollará el Programa Estatal de Auditoría Ambiental, con la finalidad de fomentar la realización de auditorías ambientales voluntarias y supervisará su ejecución, de conformidad con el presente ordenamiento, debiendo:

I. Elaborar los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de auditorías ambientales;

II. Establecer un Sistema de Acreditación de Auditores Ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho Sistema;

III. Desarrollar Programas de capacitación en materia de Auditoría ambiental;

IV. Instrumentar un Procedimiento para Reconocimiento y Estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías ambientales;

V. Implementar los diversos formatos necesarios para la correcta ejecución de las auditorías ambientales;

VI. Promover y difundir en todos los sectores el Programa Estatal de Auditoría Ambiental;

VII. Convenir o concertar con personas físicas o morales, públicas o privadas, la realización de auditorías ambientales;

VIII. Promover en apoyo a la pequeña y microindustria, la realización de auditorías ambientales en grupo, ya sea del mismo giro o giros diversos, con el fin de reducir los costos y facilitar la realización de auditorías en dichos sectores;

IX. Promover ante la instancia correspondiente la instrumentación de mecanismos económicos que permitan la retribución de un porcentaje de los recursos invertidos en el pago de la realización de la Auditoría ambiental; y,

X. Concertar acciones de coordinación con cámaras, sindicatos y empresas para incluir la protección ambiental y el Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales en los temas a tratar en las comisiones de seguridad e higiene y de adiestramiento y capacitación.

Artículo 94. Los términos de referencia para el desarrollo de las auditorías del programa de auditorías ambientales serán publicados en el portal electrónico de la Procuraduría y estarán a disposición de los interesados en las instalaciones de la misma y deberán contener por lo menos previsiones relativas a los siguientes aspectos:

I. Planeación y desarrollo de los trabajos de campo y de gabinete que correspondan;

II. Formulación de los reportes derivados de las auditorías ambientales;

III. Contenido del Sistema de Administración Ambiental;

IV. Formulación, instrumentación y seguimiento del plan de acción derivado de las auditorías ambientales; y,

V. Determinación de los establecimientos que en razón del riesgo ambiental que representen, deberán ser considerados de manera especial para efectos de la realización de las auditorías ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

Artículo 95. La Procuraduría proporcionará la asesoría técnica y normativa necesaria, y promoverá acciones de concertación con asociaciones y cámaras industriales, ramas de actividad comercial y de servicio, y las confederaciones de éstas, a fin de fomentar la realización de auditorías ambientales entre sus miembros, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental.

Artículo 96. Para la difusión y promoción del Programa Estatal de Auditoría Ambiental, de manera permanente, la Procuraduría deberá llevar a cabo talleres y reuniones con los diversos sectores involucrados con la finalidad de presentar su contenido, objetivo, alcance y lineamientos generales.

Artículo 97. Cuando a la empresa a la que se le ha instaurado un procedimiento administrativo por irregularidades a la normatividad ambiental, se incorpore al Programa Estatal de Auditoría Ambiental y dé cumplimiento a las medidas preventivas o correctivas incluidas en el Programa Correctivo Calendarizado, la Procuraduría podrá considerar ello como una inversión en la adquisición e instalación de equipo para evitar la contaminación ambiental o de acciones de protección, preservación o restauración del ambiente en los términos del artículo 201 de la Ley.

CAPÍTULO II
DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 98. La aplicación del Programa Estatal de Auditoría Ambiental tendrá como propósito el cumplimiento y aplicación de los principios de Política ambiental contenidos en el artículo 16 de la Ley; en consecuencia, la Procuraduría apoyará en la ejecución de dichas auditorías, a quienes estén interesados en obtener los reconocimientos y estímulos que identifiquen a las empresas u organizaciones que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en dicha Auditoría ambiental, con el fin de prevenir, minimizar, restaurar, recuperar o compensar los daños al ambiente que puedan producirse o se hayan producido por quienes realicen obras o actividades que generen efectos adversos al ambiente y los Recursos Naturales.

A fin de cubrir todos los efectos ambientales que puede provocar una Empresa u organización, las medidas derivadas de las auditorías deberán garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en las materias que tengan o puedan tener incidencia en el ambiente o los Recursos Naturales, así como la adopción de parámetros internacionales y Buenas prácticas de operación e ingeniería, en los aspectos no regulados por aquéllas. Dichas medidas deberán estar incorporadas en los términos de referencia señalados en los artículos 93 fracción I y 94 del presente Reglamento.

Artículo 99. Con el propósito de que los resultados que se obtengan de la realización de auditorías ambientales sean reconocidos por las dependencias y entidades, federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Procuraduría promoverá la celebración convenios de coordinación.

Artículo 100. Con la finalidad que las empresas de jurisdicción estatal, que cuenten con certificados de empresa o de industria limpia o de cumplimiento ambiental emitidos por la Procuraduría Federal, o se encuentren participando con ella en alguna de las etapas de la Auditoría ambiental; puedan incorporarse y participar en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental, la Procuraduría dará validez a los avances o logros obtenidos y podrá registrarlos, para que, una vez que éstos cumplan con los requisitos establecidos y los compromisos adquiridos con la Procuraduría, puedan hacerse acreedores al Certificado de Empresa o de Industria Limpia.

SECCIÓN II
DESARROLLO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES

Artículo 101. Los responsables del funcionamiento de una empresa u organización podrán, mediante una Auditoría ambiental, de forma voluntaria realizar la revisión exhaustiva, metodológica y documentada de sus instalaciones, equipos y procesos; respecto del grado de contaminación y el impacto y riesgo ambiental que la misma pudiera generar, con la finalidad de evaluar el Desempeño Ambiental y el cumplimiento de aspectos normados y no normados que resulten aplicables en sus procedimientos y prácticas, con el objeto de determinar las Medidas preventivas y correctivas, así como las recomendaciones necesarias, que permitan que dicha instalación proteja el ambiente y privilegie el cuidado de los Recursos Naturales, al operar en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas extranjeras e internacionales y Buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables.

Artículo 102. No podrán incorporarse al programa estatal de auditorías ambientales las empresas que tengan instaurados procedimientos administrativos, a las que se les hayan impuesto medidas de seguridad y estas se encuentren subsistentes.

Para el caso de que la empresa tenga instaurado algún procedimiento administrativo y se le haya impuesto medidas correctivas, podrán incorporarse en el Programa Correctivo Calendarizado.

Artículo 103. Las actividades de las auditorías ambientales estarán distribuidas en cuatro etapas que se llevarán a cabo de conformidad con los términos de referencia, de la siguiente manera:

I. PRE-AUDITORÍA. Procedimiento para Notificación del interés, Selección de Auditor ambiental, requisitos del Plan de Auditoría y Autorización de Inicio;

II. AUDITORÍA. Aspectos a considerar en el desarrollo de los trabajos de campo y de gabinete, contenido del Reporte de Auditoría y Programa Correctivo Calendarizado;

III. POST-AUDITORÍA. Presentación de Reporte de Auditoría, concertación y suscripción del Convenio respectivo y el Programa Correctivo Calendarizado derivados de las auditorías ambientales, así como los requisitos para la formulación y presentación de los informes de seguimiento y avance y el contenido del Sistema de Administración Ambiental; y,

IV. CERTIFICACIÓN. Contenido del informe final del Programa Correctivo Calendarizado, procedimiento y requisitos para la revisión y liberación por la Procuraduría y consideraciones en la emisión del Certificado de Empresa o de Industria Limpia y para la renovación.

Artículo 104. Los responsables de las empresas u organizaciones interesados que decidan participar voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental, mediante la realización de una Auditoría ambiental, deberán manifestarlo por escrito a la Procuraduría, mediante la presentación de una Carta Compromiso, la cual contendrá la siguiente información:

I. Nombre o razón social de las instalaciones a auditar;

II. Nombre del representante legal;

III. Objeto, giro o actividad de la Empresa u organización; IV. Domicilio para recibir notificaciones;

V. Domicilio de las instalaciones, sitios, actividades u obras que serán auditados; y,

VI. Fecha estimada en la que presentará el Plan de Auditoría y demás información requerida para su registro en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental.

Una vez presentada la carta compromiso ante la Procuraduría, ésta le indicará en forma escrita los requisitos para ingresar al programa estatal de auditoría, así como los términos de referencia y demás lineamientos que deba reunir.

Artículo 105. Los aspectos a revisar en una Auditoría ambiental en una Empresa u organización, podrán considerar la Verificación del cumplimiento ambiental en materias competencia de la administración pública Federal, Estatal y Municipal, solo para remitir a dichas autoridades competentes la determinación de los requisitos que deberán observar los responsables de la operación de la empresa auditada para cumplir con las deficiencias o irregularidades encontradas, en los términos de la normatividad aplicable y los convenios de coordinación que al efecto celebre la Procuraduría, con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes, en los términos del artículo 99 del presente Reglamento.

Artículo 106. Una vez que la Empresa u organización interesada haya seleccionado el Auditor ambiental y tenga en su poder el Plan de Auditoría respectivo, deberá notificarlo a la Procuraduría, mediante la presentación de la Solicitud de Incorporación al Programa Estatal de Auditoría Ambiental, la cual deberá incorporar la información siguiente:

I. Nombre del Auditor ambiental responsable y, en su caso, de su equipo auditor que participará en la auditoría, así como los datos de su acreditación y registro como Auditor ambiental para realizar auditorías ambientales;

II. Manifestación por escrito de que se aplicarán las medidas y recomendaciones resultantes de la Auditoría ambiental conforme al convenio de concertación que al respecto se suscriba;

III. Fecha de inicio de los trabajos de campo de la Auditoría ambiental, la cual no podrá ser mayor de treinta días hábiles contados a partir de la presentación de la Solicitud de Incorporación al Programa;

IV. Contener de manera adjunta el Plan de Auditoría, que integre los elementos que se constituyan en los términos de referencia que establecen los artículos 93 fracción I y 94 de este Reglamento, el cual deberá contener la información como mínimo de los antecedentes ambientales de la Empresa u organización; una descripción del proceso respectivo; programa detallado de actividades; listas de Verificación y procedimientos; en su caso, Programas de análisis y pruebas, así como el organigrama y currículo del personal auditor que participará en los trabajos de la Auditoría ambiental;

V. Anexar la documentación ambiental que exista en el caso concreto, tal como informes a la autoridad; actas de inspecciones previas, verificaciones o auditorías, resoluciones y en general aquélla que exprese el trabajo previo en la materia, si lo hubiere;

VI. Adjuntar la manifestación por escrito del auditor responsable y de su equipo auditor de conducirse con verdad y con integridad, aplicar las mejores y más representativas metodologías y hacer constar su compromiso de mantener la confidencialidad respecto de la información a que tengan acceso a través de la Auditoría ambiental; y,

VII. Presentar los formatos necesarios para el registro en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental y aquellos que establezcan los términos de referencia y demás lineamientos que emita la Procuraduría.

Artículo 107. Los costos de los trabajos de auditoría, así como los generados para la ejecución del Programa Correctivo Calendarizado correrán por cuenta del responsable de la empresa de que se trate.

Artículo 108. La Procuraduría en un término de quince días hábiles a partir de la presentación de la Solicitud de Incorporación al Programa, deberá informar a la empresa las observaciones o recomendaciones para el desarrollo de la auditoría para que proceda a su corrección y nueva presentación o, en su caso, que ha procedido a registrarla en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental y que autoriza el inicio de los trabajos de campo en las fechas propuestas.

Artículo 109. La empresa interesada, por una sola ocasión, podrá someter a consideración de la Procuraduría, con al menos quince días de anticipación a la fecha de inicio de los trabajos de campo prevista originalmente en el Plan de Auditoría, la modificación del Calendario de ejecución de las actividades de dicho plan, para lo cual presentará un escrito en el que justifique debidamente el motivo de dicha petición.

Si la Auditoría ambiental no inicia en la fecha establecida en la Solicitud de Incorporación al Programa Estatal de Auditoría Ambiental y en los Planes de Auditoría, por causas imputables al interesado, éste perderá las prerrogativas a que se refiere el presente Reglamento.

Artículo 110. La Procuraduría podrá verificar el inicio y terminación de los trabajos de campo de la Auditoría ambiental, suscribiendo en su caso las minutas de trabajo respectivas, que se realicen en presencia del auditor responsable y el representante de la Empresa u organización a auditar.

Artículo 111. La Procuraduría a través de su personal podrá supervisar en cualquier momento la forma en que se está realizando una Auditoría ambiental en una instalación específica.

Artículo 112. Si en el desarrollo de los trabajos de campo de una Auditoría ambiental el auditor responsable detecta en las instalaciones que existen equipos, procesos, obras o actividades que pudieran generar riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública; deberá informarlo inmediatamente a la Procuraduría, a la empresa auditada y en su caso, a la autoridad competente, y proponer las medidas preventivas, correctivas, de protección, mitigación o restauración, con la finalidad que la Procuraduría las concerte con la empresa, para que esta las aplique en forma inmediata.

Una vez corregida la condición que dio origen a las medidas señaladas en el párrafo anterior, se reanudarán los trabajos de la Auditoría ambiental.

Artículo 113. Una vez concluida la realización de una Auditoría ambiental, el auditor responsable, procederá a elaborar el reporte respectivo, en el formato o bajo los requisitos que establezcan los términos de referencia y lineamientos, el cual deberá contener, por lo menos, la siguiente información:

I. El Diagnostico Básico que contenga la narración detallada de los antecedentes, actividades y aspectos generales de la empresa verificados, respecto de su grado de riesgo y Desempeño Ambiental, colindancias y vulnerabilidad de su ubicación, así como una sinopsis del estado que guarda cada materia ambiental;

II. Las deficiencias detectadas, así como su fundamento, motivo y justificación;

III. Las medidas y recomendaciones necesarias para prevenir, controlar o minimizar riesgos o daños ambientales, incluyendo el personal, equipo, obras y actividades que deberán implementarse; señalando el plazo para su cumplimiento o realización;

IV. Las medidas de urgente aplicación, justificando su prioridad o anticipación;

V. La justificación y plazos, en su caso, para la realización de estudios de evaluación de daños al ambiente, de impacto o riesgo ambiental, Programas de prevención de accidentes y todos aquellos estudios que por su grado de especialización, requieran de un plazo mayor;

VI. Las acciones de capacitación y las de orden administrativo que procedan;

VII. Las opiniones técnicas relativas al reuso o tratamiento de residuos y materiales que genere la empresa auditada;

VIII. Una propuesta de Programa Correctivo Calendarizado para la ejecución de las medidas y recomendaciones señaladas en las fracciones anteriores, indicando los plazos e inversiones estimadas para su realización;

IX. Sus anexos legales, técnicos y fotográficos; y,

X. Los demás formatos y requisitos que se establezcan en los Términos de Referencia que para tal propósito se elaboren y publiquen.

Artículo 114. La propuesta de Programa Correctivo Calendarizado a que se refiere la fracción VIII del artículo anterior, incorporará las Medidas preventivas y correctivas referidas a las siguientes materias, según corresponda:

I. Aire;

II. Agua;

III. Suelo y subsuelo;

IV. Residuos Peligrosos;

V. Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo especial;

VI. Ruido Ambiental;

VII. Seguridad e higiene industrial;

VIII. Riesgo ambiental;

IX. Impacto ambiental;

X. Administración ambiental;

XI. Efecto paisajístico, Bienes y servicios ambientales; y,

XII. Otros. Cualquier otra que se relacione con los efectos adversos al ambiente y los Recursos Naturales, y que genere la instalación auditada.

Artículo 115. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la conclusión de los trabajos de campo de la Auditoría ambiental, el representante legal o Propietario de la empresa auditada deberá entregar a la Procuraduría el reporte a que se hace referencia en el artículo 113 de este Reglamento, en el entendido de que, el responsable de la operación de la empresa acepta en todos sus términos dichos documentos.

Una vez recibida la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, la Procuraduría procederá a la revisión de la misma a efecto de que en un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el reporte, emita las observaciones que considere procedentes, las cuales se harán del conocimiento de la empresa auditada.

En caso que en el plazo establecido la Procuraduría no notifique la existencia de observaciones o correcciones al reporte presentado por la empresa auditada, se entenderá que no existe inconveniente y se procederá a la elaboración del convenio correspondiente.

Artículo 116. La Procuraduría podrá conceder a la empresa auditada, por única vez, prórroga para la entrega del Reporte de la Auditoría, siempre y cuando justifique la necesidad y el término solicitado.

Para el propósito anteriormente señalado, la empresa interesada, con al menos cinco días de anticipación a la fecha originalmente establecida, deberá presentar por escrito su solicitud ante la Procuraduría, para que ésta determine lo procedente.

Si el Reporte de la Auditoría ambiental no se entrega en la fecha comprometida ante la Procuraduría, por causas imputables al interesado, éste perderá las prerrogativas a que se refiere el presente Reglamento.

Artículo 117. Los plazos, condiciones y medidas impuestas por la Procuraduría durante el desahogo del procedimiento administrativo o aquéllas que se hubieran ordenado en las resoluciones derivadas de inspecciones previas a la Auditoría ambiental, no se podrán modificar, salvo que dichos términos y condiciones tengan que ajustarse para la realización de actividades que produzcan mayores beneficios al ambiente, los Ecosistemas o a la salud pública. En todo caso se deberán observar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia por parte de la Procuraduría.

Artículo 118. En caso de existir controversias entre el auditado y el Auditor ambiental, respecto del Reporte de la auditoría o cualquiera de las medidas, definiciones, programación, acciones o propuestas, a que se refiere el artículo 113 de este Reglamento, o los requisitos que señalen los Términos de Referencia respectivos, la Empresa u organización auditada, dentro de diez días hábiles siguientes a la conclusión de los trabajos de campo de la Auditoría ambiental, podrá justificar a la Procuraduría su inconformidad y proponer para su aprobación, los cambios, modificaciones u otras alternativas que considere más adecuadas. En todo caso, la Procuraduría deberá escuchar la opinión del auditor y emitir su dictamen debidamente sustentado, dentro de un plazo de veinte días hábiles.

Artículo 119. Cuando en cualquier etapa de la Auditoría ambiental la Procuraduría reciba denuncias ciudadanas respecto de las empresas u organizaciones en Auditoría ambiental, o existan contingencias ambientales derivadas de su operación y funcionamiento o generadas por factores ambientales adversos en la zona, la Procuraduría podrá realizar visitas de inspección necesarias y, en su caso, ordenar las medidas que estime procedentes.

SECCIÓN III
PROGRAMA CORRECTIVO CALENDARIZADO

Artículo 120. La Procuraduría y la empresa auditada, en un plazo de cuarenta días hábiles siguientes a la recepción del Reporte de Auditoría ambiental por la Procuraduría, suscribirán un convenio en el que se señalarán los compromisos de esta última para llevar a cabo el Programa Correctivo Calendarizado derivado de la Auditoría ambiental que se realizó en sus instalaciones.

En caso de no formalizarse la suscripción del convenio de concertación dentro del plazo arriba señalado, por causas injustificadas imputables al interesado, éste perderá los beneficios y prerrogativas derivadas de este Reglamento.

Artículo 121. La Procuraduría podrá otorgar a los interesados, prórroga para el cumplimiento de las obras o actividades incluidas en el Programa Correctivo Calendarizado, únicamente en aquellos casos en que la empresa lo solicite y justifique debidamente el caso fortuito o la fuerza mayor que motiven la petición correspondiente.

Para obtener la prórroga anteriormente señalada, la empresa interesada, podrá someter a consideración de la Procuraduría, con al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento de la obra o actividad específica, prevista originalmente en el Programa Correctivo Calendarizado, la modificación del Calendario de ejecución, para lo cual presentará un escrito en el que justifique debidamente el motivo de dicha petición.

Si la empresa auditada no realiza las Medidas preventivas y correctivas resultantes de la Auditoría ambiental, una vez expirado el plazo de prórroga otorgado, ésta perderá las prerrogativas a que se refiere el presente Reglamento.

Artículo 122. La Empresa u organización presentará a la Procuraduría informes bimestrales de avance y seguimiento del Programa Correctivo Calendarizado utilizando el formato que al efecto se elabore. Los informes deberán ser presentados dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de cada bimestre.

Artículo 123. La Procuraduría, mediante su personal, podrá dar seguimiento a los Programas correctivos calendarizados y la Verificación del cumplimiento de todas y cada una de las Medidas preventivas y correctivas que en él se incluyan. Suscribiendo los participantes en cada visita, una minuta de trabajo que dé fe de lo encontrado.

SECCIÓN IV
CERTIFICADO DE EMPRESA O DE INDUSTRIA LIMPIA

Artículo 124. El Certificado de Empresa o de Industria Limpia solo podrá otorgarse a aquellas empresas u organizaciones que acrediten el cumplimiento a los compromisos derivados de la Auditoría ambiental y concertados con la Procuraduría, y el mecanismo para su obtención y utilización se establecerá en el procedimiento descrito en el Sistema de reconocimientos y estímulos que para tal efecto elabore la Procuraduría.

Artículo 125. Una vez realizadas las medidas y recomendaciones resultantes de la Auditoría ambiental, contenidas en el Programa Correctivo Calendarizado, el auditado, dentro de los veinte días hábiles siguientes, deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría la terminación de los trabajos respectivos, acompañando el informe final respectivo elaborado conforme al formato o requisitos establecidos en los términos de referencia.

La Procuraduría, mediante su personal, verificará el cumplimiento del Programa Correctivo Calendarizado, dentro de un plazo que no deberá exceder de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba el aviso correspondiente.

En caso de que la Procuraduría, en el plazo antes señalado, no realice la visita respectiva o notifique por escrito al interesado alguna observación respecto del cumplimiento de las medidas y recomendaciones contenidas en el Programa Correctivo Calendarizado derivado de la Auditoría ambiental, se entenderá que dicho organismo desconcentrado no tiene objeción alguna para otorgar el Certificado de Empresa o de Industria Limpia que corresponda.

La Procuraduría, al otorgar el Certificado de Empresa o de Industria Limpia al interesado, entregará con éste, el manual para el uso y Aprovechamiento que establezcan los términos de referencia, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que le fue presentado el aviso a que se refiere este precepto.

Artículo 126. A través del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, la Procuraduría reconoce que al momento de su expedición, la empresa opera en cumplimiento de la legislación ambiental vigente que resulte aplicable, así como de los parámetros estatales, nacionales e internacionales y Buenas prácticas de operación e ingeniería correspondientes.

Artículo 127. El Certificado de Empresa o de Industria Limpia tendrá vigencia de dos años y podrá ser revalidado por el mismo periodo, a petición del interesado siempre y cuando un Auditor ambiental acreditado certifique, en los términos establecidos en este Reglamento, que la instalación opera conforme a los alcances previstos en los instrumentos a que se refiere el Artículo anterior o incluso ha mejorado las condiciones de funcionamiento conforme a las cuales le fue otorgado dicho certificado.

Tratándose de establecimientos que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables sean considerados dentro de las actividades altamente riesgosas o riesgosas para el ambiente o que por la naturaleza de su proceso exista riesgo potencial de efectos adversos al ambiente o los Recursos Naturales, la Procuraduría, previo al inicio de la ejecución de los trabajos del Programa Correctivo Calendarizado, podrá determinar, de manera sustentada y concertada con la empresa auditada, el plazo y las condiciones a que se sujetará la vigencia del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, el cual podrá ser menor al periodo indicado en el párrafo anterior.

Artículo 128. Cuando una empresa hubiere recibido el Certificado de Empresa o de Industria Limpia, y pretenda que éste sea revalidado por la Procuraduría, deberá remitirle por lo menos con cuatro meses previos al término de la vigencia del certificado referido, una solicitud de revalidación del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

I. Formato para registro de su solicitud de revalidación;

II. Fecha de inicio y término de los trabajos del diagnóstico ambiental para obtener la revalidación;

III. Nombre del auditor responsable seleccionado;

IV. El programa calendarizado de actividades;

V. Constancia de estar o no sujeto a un procedimiento administrativo instaurado por la Procuraduría o por cualquier autoridad en las materias auditadas; en el primer caso, la empresa deberá acordar con la autoridades ordenadoras los términos para su resolución definitiva y anexar una copia de este acuerdo al diagnóstico ambiental de revalidación; y,

VI. Cartas de responsabilidad y confidencialidad firmadas por el representante legal y el auditor seleccionado.

Para los efectos a que se refiere este artículo, todos los trabajos y requisitos necesarios para que la Procuraduría otorgue la revalidación correspondiente, deberán ser realizados por el interesado antes de que concluya la vigencia del Certificado de Empresa o de Industria Limpia respectivo.

Artículo 129. La Procuraduría, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la información a que se refiere el artículo anterior, procederá a notificar a la empresa la aceptación y registro de su solicitud, así como de los trabajos a realizar para obtener la revalidación.
El interesado deberá comunicar por escrito a la Procuraduría, la fecha de inicio de los trabajos respectivos, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a ello.

Artículo 130. La Procuraduría podrá verificar el inicio y conclusión de los trabajos de campo del diagnóstico ambiental, suscribiendo en su caso las minutas de trabajo respectivas, que se realicen en presencia del auditor responsable y el representante de la Empresa u organización a auditar.

Artículo 131. Una vez que disponga del reporte del diagnóstico ambiental realizado por el auditor responsable, la empresa interesada deberá presentarlo a la Procuraduría, en el formato y con los requisitos establecidos en los términos de referencia publicados.

La Procuraduría procederá a la revisión de dicho reporte y si de la revisión realizada encontrara que éste se apega al formato, requisitos y condiciones establecidos en los términos de referencia y que no existen correcciones u observaciones a su contenido, notificará su anuencia para que puedan iniciar los trabajos para corrección de las deficiencias encontradas en el diagnóstico ambiental.

En el caso que de la revisión encontrara inconsistencias o tuviera observaciones respecto de su elaboración y contenido, la Procuraduría tendrá un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el reporte, para notificarlo a la empresa auditada, en el entendido que, si trascurrido el plazo anterior sin que ello suceda, se entenderá que no existe inconveniente y podrán dar inicio las actividades para corrección de las deficiencias, mediante la aplicación de las medidas y recomendaciones establecidas en el reporte del diagnóstico ambiental.

La Procuraduría, mediante su personal, podrá verificar el cumplimiento y corrección de los hallazgos encontrados durante el diagnostico ambiental, en todo momento, sin más requisito que notificarlo a la empresa interesada, con un término no menor de 5 días previos a la fecha de la visita y debiendo al final elaborar y suscribir la minuta de trabajo respectiva.

Artículo 132. Una vez concluidas las medidas y recomendaciones resultantes del diagnóstico ambiental realizado para obtener la revalidación del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, la empresa interesada deberá notificarlo a la Procuraduría, presentando el dictamen final elaborado en el formato y de acuerdo a los requisitos establecidos en los términos de referencia.

Artículo 133. La Procuraduría procederá, en un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la información referida en el artículo anterior, a realizar visita para verificar el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los hallazgos resultantes del diagnostico ambiental, corroborando la eficaz aplicación de las medidas y recomendaciones propuestas por el auditor y aceptadas por la Procuraduría.

Así mismo, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Procuraduría podrá notificar al interesado las observaciones que considere necesarias respecto de la información recibida, a fin de que éste lleve a cabo las acciones que correspondan; antes de practicar la visita correspondiente. Esta notificación suspenderá el plazo referido, el cual se contabilizará nuevamente, cuando reingrese el dictamen final.

En caso de que la Procuraduría no realice la visita de Verificación señalada ni notifique por escrito al interesado ninguna observación o inconveniente, se entenderá que dicha dependencia no tiene objeción alguna para conceder la revalidación del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, entregándose dicho certificado a la empresa o industria junto con el manual para su uso y aprovechamiento que establezcan los términos de referencia y lineamientos, en un plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que le fue presentado el dictamen final sin observaciones.

Artículo 134. Cuando una empresa interesada en obtener la revalidación del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, hubiera realizado modificaciones mayores en sus procesos, actividades o instalaciones auditados inicialmente, que produzcan implicaciones significativas en el ambiente, los recursos naturales o la salud pública, o modificaciones sustanciales en las condiciones en que fue concedido el anterior certificado, no podrá hacerlo mediante el procedimiento de revalidación, debiendo realizar una nueva Auditoría ambiental, observando lo establecido en los artículos 101 al 123 del presente Reglamento, así como el contenido de los
términos de referencia.

Artículo 135. El diagnóstico ambiental necesario para la revalidación del Certificado de Empresa o de Industria Limpia se realizará de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y apegándose a los términos de referencia que deberán elaborarse y publicarse en el portal electrónico de la Procuraduría.

Artículo 136. La Procuraduría podrá negar la revalidación del Certificado de Empresa o de Industria Limpia, cuando el responsable de la operación de la Empresa u organización que corresponda, haya ocultado o intentado ocultar información a la Procuraduría o al organismo competente, a otras autoridades ambientales o al Auditor ambiental o se demuestre que se ha conducido con dolo o mala fe respecto del cumplimiento ambiental de la empresa que representa.

Artículo 137. Cuando se trate de instalaciones que fueron auditadas y se hubiere otorgado o revalidado el Certificado de Empresa o de Industria Limpia en términos de este capítulo, y la empresa pretende mantener el certificado o revalidación correspondiente, el responsable de su operación, deberá dar aviso a la Procuraduría, por lo menos con veinte días hábiles previos a su realización, de cualquier modificación de sus procesos, actividades o instalaciones que tengan implicaciones en el ambiente, los Recursos Naturales o la salud pública.

Además, deberá presentar a la Procuraduría, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la realización de los cambios o modificaciones antes señalados, un diagnóstico para revalidación elaborado por un Auditor ambiental acreditado, en donde se haga constar que la empresa opera en condiciones ambientales iguales o mejores a las existentes al momento en que fue otorgado o revalidado el Certificado de Empresa o de Industria Limpia.

Artículo 138. La empresa auditada que no mantenga la operación de sus instalaciones en las condiciones existentes al momento en que le fue otorgado o revalidado el Certificado de Empresa o de Industria Limpia, no tendrá derecho a utilizarlo, en cuyo caso la Procuraduría requerirá al interesado la devolución del certificado otorgado o su revalidación.

Para los efectos a que se refiere este artículo, la Procuraduría deberá emitir un dictamen en el que haga constar las causas que motivan su determinación y notificarlo por escrito al interesado, quien tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que el interesado reciba la notificación, para realizar sus manifestaciones y ofrecer sus pruebas, si así lo estima conveniente.

La Procuraduría resolverá lo que corresponda en un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la recepción de la respuesta que hubiera presentado la empresa respectiva, o caso contrario procederá a dar por cerrado el caso y cancelará el Certificado de Empresa o de Industria Limpia.

En caso de que la Procuraduría, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la respuesta que presente el interesado, no emita resolución respecto de sus argumentos y pruebas, se entenderá que está de acuerdo con las apreciaciones del particular, en cuyo caso la empresa de que se trate, mantendrá el Certificado de Empresa o de Industria Limpia o su revalidación.

CAPÍTULO III
DEL SISTEMA PARA LA APROBACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE AUDITORES AMBIENTALES

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 139. El Sistema para la aprobación y acreditación de auditores ambientales es el documento donde se consignan los criterios, procedimientos y requisitos que deben reunirse para la aprobación y acreditación de auditores ambientales en el Estado de Michoacán y que será elaborado y publicado en el portal electrónico de la Procuraduría.

En su contenido se establece el marco referencial para la constitución y funcionamiento del Comité Técnico de Acreditación y el proceso para la acreditación de los auditores ambientales.

SECCIÓN II
COMITÉ TÉCNICO DE ACREDITACIÓN

Artículo 140. El Comité Técnico de Acreditación es el órgano colegiado mediante el cual el Programa Estatal de Auditoría Ambiental puede disponer de auditores ambientales acreditados en el ámbito estatal que pueden realizar auditorías ambientales y diagnósticos ambientales para revalidación, con validez ante la Procuraduría.

Artículo 141. Con el fin de asegurar en el Comité Técnico de Acreditación la representación y participación equilibrada de especialistas calificados con experiencia en las materias, sectores y ramas específicas, el comité se integrará por representantes de la Procuraduría, Sector académico, de colegios y asociaciones y de las propias dependencias del gobierno estatal vinculadas con el tema ambiental.

La integración, constitución y funcionamiento del Comité Técnico de Acreditación se establecerán en el Sistema para la aprobación y acreditación de auditores ambientales que al efecto se elabore.

Artículo 142. De la instalación del Comité Técnico de Acreditación se levantará un acta que firmarán los que participaron en ella, donde se establecerá el plazo para el inicio de sesiones y la calendarización de las mismas.

Artículo 143. Los miembros del Comité Técnico de Acreditación, en las sesiones de trabajo que al efecto se celebren, verificarán que los interesados en obtener el registro y acreditación como Auditor ambiental, cumplan los requisitos a que se refiere el Artículo 148 del presente Reglamento y el sistema para la aprobación y acreditación de auditores ambientales.

Artículo 144. El Comité Técnico de Acreditación servirá para establecer un registro y acreditación de auditores ambientales en el Estado y tendrá las siguientes funciones:

I. Determinar y aplicar los mecanismos y procedimientos para la evaluación y acreditación de auditores ambientales;

II. Definir criterios y Programas de capacitación para los aspirantes a auditores ambientales respectivos;

III. Evaluar a los aspirantes a ser acreditados como auditores ambientales;

IV. Otorgar la acreditación como auditores ambientales a los profesionales que cumplan con los requisitos correspondientes e inscribirlos en el registro;

V. Integrar, administrar y mantener actualizado el registro de auditores ambientales acreditados;

VI. Instrumentar políticas, Programas y lineamientos que permitan demostrar periódicamente que los auditores ambientales acreditados cumplen con los requisitos que sirvieron de base para su acreditación; y,

VII. Las demás que sean necesarias para lograr su objetivo.

Artículo 145. Son obligaciones del Comité Técnico de Acreditación:

I. Ajustar su actuación a las disposiciones de la Ley del presente Reglamento, de las normas ambientales estatales, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o, en su defecto, a las normas o lineamientos internacionales, así como a los términos de referencia y lineamientos establecidos para la implementación del Programa Estatal de Auditoría Ambiental;

II. Coadyuvar con la Procuraduría en la promoción, instrumentación y actualización del Programa Estatal de Auditoría Ambiental;

III. Apoyar, cuando le sea requerido, a la Procuraduría en la elaboración o mejora de los términos de referencia y lineamientos, así como de las guías, formatos y criterios necesarios para la adecuada operación del programa y para asegurar la funcionalidad, eficiencia y transparencia del Sistema de acreditación de auditores;

IV. Fomentar, verificar y exigir el cumplimiento del código de ética establecido para cada uno de sus integrantes;

V. Ser foros de consulta;

VI. Sesionar al menos una vez por mes, respecto de lo cual levantarán una acta por cada sesión; y,

VII. Las demás que sean necesarias para el logro de los objetivos del Programa Estatal de Auditoría Ambiental.

Artículo 146. Para la acreditación de los auditores ambientales, así como para el logro de los objetivos del Programa Estatal de Auditoría Ambiental, los cargos desempeñados por los miembros del Comité Técnico para Acreditación de Auditores Ambientales, serán honoríficos.

SECCIÓN III
AUDITORES AMBIENTALES

Artículo 147. El Sistema para la aprobación y acreditación de auditores ambientales que podrán llevar a cabo las auditorías ambientales y diagnósticos ambientales para revalidación, tiene por objeto:

I. Propiciar que los procesos de Auditoría ambiental se realicen por personas con capacidad, experiencia y calidad profesional;

II. Proporcionar a las autoridades, particulares y público en general, certeza sobre la representatividad y confiabilidad de los resultados de los procesos de Auditoría ambiental;

III. Aplicar un Sistema eficaz de acreditación que permita la identificación de profesionales especializados en el desarrollo de auditorías ambientales;

IV. Procurar la participación, en el proceso de acreditación de auditores ambientales, de personas con amplia experiencia y reconocida trayectoria profesional;

V. Proporcionar a las empresas interesadas en la realización de auditorías ambientales en sus instalaciones, información confiable de los profesionales capacitados para la evaluación del cumplimiento ambiental, así como para establecer las Medidas correctivas y recomendaciones resultantes; y,

VI. Integrar un registro de auditores ambientales a nivel estatal.

Artículo 148. Las personas físicas o morales interesadas, podrán obtener el registro y acreditación como Auditor ambiental previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Para personas físicas:

a) Contar con carrera profesional afín o vinculada con los temas que aborda una Auditoría ambiental, debiendo haber obtenido el título y cédula profesional, otorgados por una institución reconocida;

b) Demostrar, experiencia práctica comprobable, en materia de Auditoría ambiental o en los temas y conocimientos que considera la Auditoría ambiental;

c) Disponer de un grupo auditor y no podrá ser menor a dos profesionales, con carreras relacionadas con las materias de la Auditoría ambiental, respecto de las cuales manifestará su responsabilidad y compromiso;

d) El grupo auditor será registrado para participar como un solo auditor. Así mismo, este grupo auditor quedará bajo la absoluta responsabilidad del auditor registrado en cuanto a su desempeño, capacidad, experiencia, veracidad y honradez, al igual que sobre la confidencialidad que debe guardar, para protección de la información de la empresa a auditar;

e) Disponer de instalaciones e infraestructura que le permitan desempeñar con eficiencia y eficacia sus actividades de gabinete;

f) Comprobar haber participado en la realización de auditorías o diagnósticos ambientales para prórroga, refrendo o revalidación de los certificados obtenidos en una Auditoría ambiental. Las auditorías comprobables deberán de haber sido registradas y validadas por las autoridades ambientales estatales o federales competentes; y,

g) Copia de Registro Federal de Contribuyentes.

II. Personas Morales. Además de los requisitos señalados en la fracción anterior, los siguientes:

a) Presentar acta constitutiva en cuyo objeto social se señale la realización de auditorías ambientales; y,

b) Presentar, en su caso, carta poder del representante legal.

El procedimiento y requisitos específicos para la acreditación se establecerán en el Sistema para la aprobación y acreditación de auditores ambientales que al efecto se elabore.

Artículo 149. Son obligaciones de los auditores ambientales:

I. Evaluar y determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros nacionales e internacionales y de Buenas prácticas de operación e ingeniería, aplicables a las operaciones de las empresas a auditar;

II. Apegarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en el presente Reglamento y demás normatividad aplicable;

III. Abstenerse de participar en el desarrollo de auditorías ambientales o diagnósticos para revalidación de los certificados de empresa o de industria limpia a que se refiere este Reglamento, cuando exista conflicto de intereses personales, comerciales o profesionales;

IV. Permitir la supervisión o Verificación de sus actividades por parte de la Procuraduría;

V. Abstenerse de divulgar la información a que tengan acceso en los procedimientos a que se refiere este Reglamento;

VI. Informar inmediatamente a la Procuraduría y a la empresa auditada, cuando durante la realización de sus actividades detecte en algún sitio o instalación que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro graves a los Recursos Naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los Ecosistemas, sus componentes o para la salud pública;

VII. Realizar las auditorías ambientales conforme a lo establecido en el presente Reglamento y los Términos de Referencia;

VIII. Las demás que se deriven de la realización de auditorías ambientales en los términos previstos en el presente Reglamento y los Términos de Referencia; y,

IX. Acatar las resoluciones de la Procuraduría.

Artículo 150. La Procuraduría, por sí misma o a través del Comité Técnico correspondiente, deberá promover un programa permanente de capacitación y actualización para auditores ambientales, así como para quienes pretendan serlo.

Artículo 151. Será motivo de revocación del registro y acreditación del auditor;

I. Faltar al menos en tres de los supuestos del artículo 149 del presente Reglamento;

II. No permitir la supervisión o Verificación de sus actividades por parte de la Procuraduría o del organismo competente;

III. Divulgar información confidencial de la empresa auditada;

IV. Ocultar o falsear información sobre el estado o Desempeño Ambiental de la empresa auditada; V. No notificar a la Procuraduría sobre los casos de riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro graves a los Recursos Naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los Ecosistemas, sus componentes o para la salud pública; que detecte durante la realización de la Auditoría ambiental; y,

VI. No atender, en dos ocasiones consecutivas, las convocatorias para participar en los Programas de capacitación y actualización para auditores ambientales, que al efecto promueva la Procuraduría o el Comité Técnico respectivo.

Artículo 152. Si durante el desarrollo de una Auditoría ambiental la Procuraduría tiene conocimiento que existe la presencia de un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los Recursos Naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los Ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Procuraduría podrá ordenar la realización de las diligencias y actuaciones necesarias para la comprobación o investigación y en caso de confirmarlo, determinará las medidas inmediatas de urgente aplicación que deberán ser observadas por el responsable, o bien, podrá ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el Capítulo II del Título Octavo, de la Ley.

Artículo 153. Quedan a salvo las facultades y atribuciones de la Procuraduría para realizar los actos de inspección y vigilancia y para la imposición de medidas y sanciones, en los casos de contingencias ambientales, denuncias populares y los casos excepcionales que señala el artículo anterior.

Artículo 154. Para el desarrollo de los procedimientos de inspección y vigilancia, así como las medidas y sanciones, la Procuraduría deberá observar las formalidades que para tal efecto se establecen en los Capítulos I, II y III del Título Octavo de la Ley.

LIBRO TERCERO
DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

TÍTULO I
DE LAS ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

Artículo 155. La información del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural se integrará al Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales.

Artículo 156. Los objetivos del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural serán:

I. Proteger y mejorar los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas;

II. Conservar muestras representativas de los Ecosistemas del Estado;

III. Mantener la biodiversidad y los procesos biológicos;

IV. Facilitar la educación e investigación científica;

V. Facilitar la recreación pública;

VI. Fortalecer y mejorar el funcionamiento de su Estructura para el Manejo y administración;

VII. Apoyar el desarrollo rural y el uso sustentable de los Recursos Naturales; y,

VIII. Restaurar aquellas zonas del territorio estatal en las que se presenten procesos acelerados de deterioro ambiental que impliquen niveles de degradación o desertificación de afectación a los Ecosistemas o sus elementos.

Artículo 157. En el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural, estará integrado por los siguientes elementos:

I. El Registro Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Estatal, en el que se inscribirán todos los actos jurídicos relativos a las áreas naturales protegidas, a las áreas voluntarias para la conservación, las zonas de restauración y/o protección ambiental y aquellas de competencia Federal que sean convenidas, así como los instrumentos que la modifiquen, como lo son entre otros los siguientes:

a) Solicitud de declaratoria;

b) Visita de reconocimiento;

c) Acuerdo de inicio de procedimiento;

d) Delimitación del área o de la zona;

e) Estudio Técnico Justificativo;

f) Consulta y validación social;

g) Publicación del Decreto;

h) Asuntos relevantes;

i) Actos jurídicos relativos al Área Natural Protegida o la Zona de Restauración y/o Protección Ambiental;

j) Infraestructura; y,

k) Inventarios.

II. Los programas de manejo o planes de restauración y/o protección ambiental;

III. Los datos de inscripción de los Decretos que establezcan o modifiquen las áreas naturales protegidas estatales, zonas de restauración y/o protección ambiental, en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado; y,

IV. El convenio de concertación del Consejo de Planeación y Manejo, así como las actas y acuerdos que emita.

Cualquier persona podrá consultar el Registro Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Estatal, el cual deberá ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, la Secretaría no pondrá a disposición del público información susceptible de generar derechos de propiedad intelectual o que se encuentre reservada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Artículo 158. Para el mejor desempeño de la función registral, la Secretaría podrá solicitar a la autoridad Federal, Estatal y Municipal la información estadística, técnica, catastral y de planificación que requiera.

Artículo 159. Con el propósito de preservar el Patrimonio Natural del Estado, la Secretaría podrá celebrar acuerdos de concertación con grupos sociales y particulares interesados, para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido las áreas naturales del Sistema Estatal.

CAPÍTULO II
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

SECCIÓN I
DE LAS CATEGORÍAS

Artículo 160. Las reservas estatales se consideraran, según sus características biológicas y socioeconómicas como:

I. Reserva Natural;

II. Reserva de flora y fauna; y,

III. Reserva patrimonial.

Artículo 161. La reserva natural es el área terrestre, acuática o una combinación de ambas, en la que estén representados dos o más ecosistemas en buen estado de conservación, en donde no se presenten asentamientos humanos y cuyo objetivo es el de asegurar la integridad funcional de los ecosistemas.

La relevancia de la reserva natural se sustenta en la importancia de sus elementos físicos, geográficos y biológicos, tomando en consideración la presencia de especies de flora y fauna con alguna categoría de protección o con cierto valor para la conservación de recursos genéticos o por la vulnerabilidad de los ecosistemas que precisan de una protección estricta.

Los criterios ecológicos que deberán considerarse para el establecimiento de una Reserva Natural serán:

a) Presencia de especies en riesgo;

b) Presencia de ecosistemas relictuales;

c) Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;

d) Integridad funcional de los ecosistemas; y,

e) Importancia de los servicios ambientales generados.

Artículo 162. La reserva de flora o fauna: Es el área terrestre, acuática o una combinación de ambas, definida por la distribución de poblaciones de especies de flora o fauna bajo alguna categoría de protección, cuyo objetivo es el manejo del área para asegurar el mantenimiento del hábitat y en consecuencia los requerimientos de las especies bajo protección. Deberán considerarse también sitios relevantes, por ser corredores biológicos sobre todo para especies transitorias o migratorias. La superficie del área a decretar deberá estar en función de los requerimientos de las especies de flora y fauna que se está protegiendo.

Artículo 163. La reserva patrimonial: Es el área terrestre o acuática, o una combinación de ambas, en la que estén representados uno o más ecosistemas, cuyo objetivo es la conservación del Patrimonio Natural y cultural del área donde se desarrollen actividades tendientes al manejo sustentable de los ecosistemas que permitan mantener a largo plazo su dinámica natural a través de las formas de aprovechamiento local de los recursos naturales.

Artículo 164. Los parques estatales se considerarán según sus características biológicas y socioeconómicas como:

I. Parque Natural; y,

II. Parque Urbano Ecológico.

Artículo 165. El parque natural: Es el área terrestre o acuática, o una combinación de ambas, en la que estén representados uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, con escasa o nula presencia de población humana, cuyo objetivo es la conservación y manejo del o los ecosistemas, para garantizar la integridad biológica del sitio vía la restauración del ecosistema y el desarrollo de su potencial como área de investigación, educativa y recreativa. La relevancia del área se sustenta en la importancia local del sitio por la existencia de flora y fauna representativa, la presencia de elementos geológicos o valores históricos culturales, por la belleza escénica del sitio, por su valor como proveedor de servicios ambientales, educativos y de recreo, así como los que resulten de especial relevancia a nivel local.

Las obras y actividades que en las áreas incluidas en esta categoría se podrán desarrollar, serán aquellas encaminadas a la investigación, protección, recuperación, rehabilitación, restauración del sitio, recreación, Educación Ambiental y turismo.

Se podrán desarrollar también actividades tendientes al manejo sustentable de los recursos naturales y servicios para satisfacer las necesidades locales con base en su Programa de Manejo.

Artículo 166. El Parque Urbano Ecológico: Son aquellas áreas de uso público dentro de los centros de población, que tienen como objetivo preservar el equilibrio de las áreas urbanas e industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivas y los elementos naturales.

Las obras y actividades que pueden desarrollarse serán aquellas encaminadas a la protección, recuperación, rehabilitación y restauración del sitio, así como a la investigación, Educación Ambiental, recreación y turismo sustentable. No podrá realizarse aprovechamiento alguno de los recursos naturales en el área.

Artículo 167. Las Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población serán destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas, los bienes y servicios ambientales y en general los Recursos Naturales localizados en las áreas circunvecinas a los asentamientos humanos.

Se consideran dentro de esta categoría las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas y manantiales, particularmente cuando éstos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones.

En estas zonas sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales en ellas comprendidos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el Programa de Manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SECCIÓN II
DE LAS DECLARATORIAS

Artículo 168. Previo a la declaratoria la Secretaría o el Ayuntamiento elaborarán, según corresponda, estudios que justifique su expedición para el establecimiento de áreas naturales protegidas, y en su caso, podrá solicitar la colaboración de los sectores público y privado, universidades, instituciones de investigación o cualquier persona física o moral con experiencia y capacidad técnica en la materia.

El tipo de Área Natural Protegida que se pretenda declarar, deberá estar fundamentada en las características biológicas y la vocación de uso de suelo, tomando en consideración los aspectos sociales de las poblaciones locales, así como los Aprovechamientos que en ella se realicen.

Artículo 169. Los estudios a que se refiere el artículo anterior deberán contener lo siguiente: I. Información general en la que se incluya:

a) Introducción;

b) Nombre del área propuesta;

c) Municipios en donde se localiza el área;

d) Superficie;

e) Vías de acceso;

f) Mapa que contenga la descripción limítrofe; y,

g) Características históricas y culturales.

II. Caracterización ambiental, en donde se señalen:

a) Localización general del Área de estudio en el Estado y microlocalización;

b) Caracterización fisiográfica: fisiografía y topografía, geología, suelos, erosión, hidrografía y clima; y,

c) Caracterización biológica: tipos de vegetación presentes, listados de flora y fauna, descripción de los ecosistemas o fenómenos naturales que se pretende proteger;

III. Evaluación y diagnóstico ambiental:

a) Estado de Conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales;

b) Relevancia, a nivel regional y estatal, de los ecosistemas representados en el área propuesta;

c) Antecedentes de protección del área;

d) Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la Conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Sistema de Áreas de Conservación del Estado de Michoacán;

e) Usos y Aprovechamientos, actuales y potenciales de los Recursos Naturales;

f) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar;

g) Problemática específica que deba tomarse en cuenta; y,

h) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio.

IV. Evaluación y diagnóstico socioeconómico: aspectos sociales y de servicios, educación, salud, vivienda, comunicaciones, transportes y principales actividades económicas;

V. Aspectos legales: régimen de propiedad, litigios y organización sociopolítica;

VI. Justificación para la declaratoria de Área Natural Protegida;

VII. Categoría propuesta, finalidad y objetivos que se pretenden cumplir con la declaratoria;

VIII. Poligonal y zonificación propuesta;

IX. Proyecto de disposiciones que establecen limitaciones y modalidades de uso de suelo, así como lineamientos generales para su manejo;

X. Bibliografía; y,

XI. Anexos fotográficos.

Los estudios técnicos justificativos, una vez concluidos, deberán ser sometidos a una consulta pública con representantes de los diferentes sectores sociales de las regiones ubicadas dentro del Área Natural Protegida y zonas aledañas, así como representantes de instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y cualquier persona interesada o capacitada para aportar sugerencias al Estudio Técnico Justificativo.

Artículo 170. La consulta pública se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. La Secretaría, ayuntamientos o comunidades agrarias y/o ejidatarios contando con el Estudio Técnico Justificativo dará aviso del inicio de proceso de consulta, difundiendo en el Periódico Oficial y un diario de mayor circulación de la entidad o municipios, según corresponda, además de colocarse en las oficinas de la Secretaría y en los ayuntamientos respectivamente;

II. A partir del inicio del proceso, el Estudio Técnico Justificativo estará disponible para consulta pública durante un plazo de treinta días en las oficinas de la Secretaría, ayuntamientos o comunidades agrarias y/o ejidatarios correspondiente, mismo plazo que tendrán los ciudadanos para que presenten por escrito a las mismas autoridades, las opiniones o sugerencias a dicho estudio, debiendo estar motivadas;

III. A partir de la fecha en que reciban las opiniones o sugerencias la Secretaría, ayuntamientos o comunidades agrarias y/o ejidatarios darán respuesta a los planteamientos que resultaron improcedentes o las modificaciones que den lugar, deberán fundamentarse y notificarse a los interesados en el domicilio señalado en su escrito dentro de los diez días siguientes a la conclusión del término señalado en la fracción II de este artículo; y,

IV. Concluida la consulta pública y a más tardar quince días después, se elaborará la versión final del Estudio Técnico Justificativo.

Artículo 171. La Secretaría o el Ayuntamiento, según corresponda, definirán los sitios y los mecanismos mediante los cuales se llevarán a cabo las reuniones públicas de información y consulta, a que se refieren los artículos 67 y 68 de la Ley.

SECCIÓN III
DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO

Artículo 172. Para elaborar el Programa de Manejo, se tomarán en cuenta las características del Área Natural Protegida, la categoría de manejo, sus objetivos y los restantes programas que se relacionan con la misma. En éste se definirá qué, dónde y cómo realizar las actividades en cada Área Natural Protegida, se preparan para cubrir un periodo de trabajo de cinco a diez años y se insertan en el marco del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.

El Programa de Manejo de cada Área Natural Protegida, deberá contener lo señalado por el artículo 77 de la Ley, así como las condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades que se realizarán en las mismas, en términos de lo establecido en la Ley, el presente Reglamento, el Decreto de creación del Área Natural Protegida de que se trate, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El Programa de Manejo establecerá la delimitación, extensión y ubicación de la zonificación que se señale en la declaratoria y la subzonificación correspondiente.
Artículo 173. En la formulación del Programa de Manejo se deberá promover la participación de:

I. Los habitantes, propietarios o legítimos poseedores de los predios que conforman el Área Natural Protegida;

II. Las dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, que por su competencia, puedan aportar elementos al Programa de Manejo;

III. Los gobiernos municipales; y,

IV. Organizaciones sociales, públicas o privadas.

Artículo 174. Es responsabilidad directa de la administración del Área Natural Protegida, la contratación de expertos en la materia para la elaboración del Programa de Manejo, el que deberá elaborarse de acuerdo a lo establecido por el presente Reglamento.

La Secretaría o el Ayuntamiento, según corresponda, será responsable de revisar, evaluar y aprobar los Programas de manejo, así como de vigilar el cumplimiento de los mismos.

El Programa de Manejo será revisado y evaluado por lo menos cada cinco años con el objeto de determinar su efectividad y proponer posibles modificaciones.

Las modificaciones al Programa de Manejo que resulten necesarias deberán seguir el mismo procedimiento establecido para su elaboración.

Artículo 175. El Programa de Manejo podrá ser modificado total o parcialmente, cuando hayan variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento, para lo cual la Secretaría o el Ayuntamiento, según corresponda, deberá elaborar la modificación en los siguientes casos:

I. Las condiciones naturales y originales del área hayan cambiado debido a la presencia de fenómenos naturales y se requiera el planteamiento de estrategias y acciones distintas a las establecidas en el Programa de Manejo;

II. Técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse estrategias o acciones establecidas en el
Programa de Manejo; o,

III. Técnicamente se demuestre la necesidad de adecuar la delimitación, extensión o ubicación de las zonas señaladas en la declaratoria correspondiente.

Artículo 176. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia que establezca el Programa de Manejo, deberán contener, las condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades, conforme a lo siguiente:

I. Disposiciones generales;

II. Horarios de visita para la realización de las obras y actividades que así lo requieran, de conformidad con las características propias de las mismas;

III. Obras, actividades y aprovechamientos permitidos, así como sus límites y lineamientos, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y ambientales estatales, así como con las zonas que para tal efecto se establezcan y señalen en la declaratoria respectiva; y,

IV. Prohibiciones.

Artículo 177. De acuerdo con la declaratoria deberán establecerse como mínimo las siguientes prohibiciones en el Programa de Manejo, salvo que se cuente con la autorización respectiva:

I. Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan ecosistemas originales;

II. Molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de vida silvestre o sus productos;

III. Remover o extraer material mineral;

IV. Trasladar especímenes de poblaciones nativas de una comunidad biológica a otra;

V. Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de las especies silvestres;

VI. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de la vida silvestre;

VII. Introducir plantas, semillas y animales domésticos;

VIII. Introducir ejemplares o poblaciones silvestres exóticas; IX. Dañar, cortar y marcar árboles;

X. Hacer un uso inadecuado o irresponsable del fuego;

XI. Interrumpir, desviar, rellenar o desecar flujos hidráulicos o cuerpos de agua;

XII. Abrir senderos, brechas o caminos;

XIII. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos o cualquier otro tipo de Contaminante, tales como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, al suelo o a cuerpos de agua;

XIV. Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para Aprovechamiento u observación de la vida silvestre;

XV. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que altere el comportamiento de las poblaciones o ejemplares de las especies silvestres o que impida el disfrute del Área Natural Protegida por los visitantes; y,

XVI. Hacer uso de explosivos.

Los pobladores de las Áreas Naturales Protegidas quedarán exceptuados de las fracciones II y III, cuando se encuentren realizando la actividad con fines de autoconsumo dentro de los predios de su propiedad y no exista Programa de Manejo.

Artículo 178. Una vez que se cuente con el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, la Secretaría y/o el Ayuntamiento, según corresponda publicará en el Periódico Oficial un resumen del mismo, que deberá contener lo siguiente:

I. Categoría y nombre del Área Natural Protegida;

II. Fecha de publicación en el Periódico Oficial de la declaratoria respectiva;

III. Plano de ubicación del Área Natural Protegida;

IV. Objetivos generales y específicos del programa;

V. Delimitación, extensión y ubicación de las zonas y subzonas establecidas y señaladas en la declaratoria; y,

VI. Las bases a las que se sujetarán las obras y actividades que se desarrollen en el Área Natural Protegida.

SECCIÓN IV
DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 179. La administración de las áreas naturales protegidas estatales podrá ser otorgada a los ayuntamientos, así como a núcleos agrarios, grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás personas físicas o morales interesadas a petición expresa formulada a la Secretaría en formato libre desarrollando los puntos siguientes:

I. Datos generales del solicitante;

II. Motivación para solicitar la administración del Área Natural Protegida y compromiso para dar cabal cumplimiento a los objetivos del Programa de Manejo respectivo;

III. Descripción de las capacidades para administrar el Área Natural Protegida en el ámbito de recursos humanos, materiales y financieros, acompañando a la solicitud la documentación que acredite dichas capacidades; y,

IV. Documentación que acredite la constitución legal de la figura solicitante.

Artículo 180. Los ayuntamientos únicamente podrán administrar las zonas de las áreas naturales protegidas establecidas dentro del territorio del Municipio respectivo.

Artículo 181. La administración del Área Natural Protegida, se ajustará a lo dispuesto en la Ley, en la declaratoria y en el Programa de Manejo respectivo.

La Secretaría o el Ayuntamiento, en el establecimiento, administración y manejo del Área Natural Protegida promoverán la participación de sus propietarios, poseedores, comunidades indígenas y demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas, a través del Consejo de Planeación y Manejo del área natural respectiva.

La Secretaría o el Ayuntamiento según corresponda celebrará toda clase de actos jurídicos necesarios para la realización de sus objetivos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 fracción I de la Ley.

Artículo 182. En la administración de las áreas naturales protegidas, se deberán adoptar:

I. Lineamientos, mecanismos institucionales, programas, políticas y acciones destinadas a:

a) La Conservación, preservación, protección y Restauración de los ecosistemas;

b) El uso y Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales; y,

c) La inspección y vigilancia.

II. Medidas relacionadas con el financiamiento para su operación;

III. Instrumentos para promover la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la concertación de acciones con los sectores público, social y privado; y,

IV. Acciones tendientes a impulsar la capacitación y formación del personal técnico de apoyo.

Artículo 183. La planeación y manejo de áreas naturales protegidas, se llevarán a cabo por parte de un Consejo de Planeación y Manejo, nombrado mediante convenio de concertación celebrado entre la Secretaría y el o los ayuntamientos.

Artículo 184. Mientras no se otorgue la administración de un Área Natural Protegida a los ayuntamientos, núcleos agrarios, grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás personas físicas o morales interesadas, la máxima autoridad de la misma recaerá en el Consejo de Planeación y Manejo, que deberá ser instalado por la Secretaría una vez que se decrete un Área Natural Protegida.

SECCIÓN V
DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN Y MANEJO

Artículo 185. El Consejo de Planeación y Manejo de las áreas naturales protegidas es el órgano técnico y de consulta responsable de la planeación para el manejo del Área Natural Protegida cuyas decisiones serán ejecutadas por el administrador del área que se trate.

Artículo 186. La Secretaría o el Ayuntamiento de que se trate, celebrarán convenios de concertación en donde se establecerá el Consejo de Planeación y Manejo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 fracción II de la Ley.

Artículo 187. El Consejo de Planeación y Manejo se integrará por los miembros siguientes:

I. El Titular de la Secretaría, quien será el Presidente;

II. El Presidente Municipal, quien será Secretario Técnico;

III. Un representante del o los municipios que integren el Área Natural Protegida conforme a los sectores siguientes:

a) Académico;

b) Sociedad civil;

c) Propietarios o legítimos poseedores;

d) Empresarial;

e) Turístico; y,

f) De las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles relacionadas con el medio ambiente o el desarrollo comunitario.

En caso de que la poligonal del Área Natural Protegida abarque dos o más municipios, en la primera sesión que celebre el Consejo de Planeación y Manejo, será designado el Presidente Municipal que funja como Secretario Técnico y durará en el encargo un año, y se nombrará bajo el mismo mecanismo al Secretario Técnico que lo sustituya.

Los cargos del Consejo de Planeación y Manejo serán honoríficos y sus titulares podrán designar a un suplente.

Los representantes del o los municipios que integran el Consejo de Planeación y Manejo, durarán tres años en su cargo, fenecido el término anterior del Presidente de dicho Consejo, convocará a una sesión en la que se integren nuevos representantes del mismo.

Los representantes del o los municipios que integran el Consejo de Planeación y Manejo, causarán baja por motivos e incumplimientos a sus funciones, que califique el Pleno mediante el voto de las dos terceras partes del mismo.

Los representantes del o los municipios que integran el Consejo de Planeación y Manejo, podrán solicitar su separación del cargo al Pleno, cuando por cualquier circunstancia no puedan desempeñar sus funciones.

Artículo 188. El Consejo de Planeación y Manejo tendrá las funciones siguientes:

I. Planificar y gestionar los recursos económicos disponibles para el funcionamiento e infraestructura;

II. Promover la Conservación y Restauración de los ecosistemas para salvaguardar la integridad del medio natural;

III. Asegurar el uso y Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales de la zona, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y mantener su equilibrio ecológico;

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica;

V. Fomentar actividades de Educación Ambiental dirigidas a la sociedad civil que contribuyan a la formación de una cultura y conciencia ambiental;

VI. Promover el desarrollo de la actividad turística en armonía con la realidad ambiental y sociocultural de la zona;

VII. Validar el Programa de Manejo, previo a la autorización de la Secretaría, haciendo en su caso, las observaciones que considere, así como revisar y proponer a la Secretaría modificaciones al Programa de Manejo;

VIII. Dar el visto bueno a los programas y proyectos de trabajo del Área Natural Protegida, de conformidad con los lineamientos del Programa de Manejo;

IX. Conceder licencia a cualquiera de sus miembros para separarse de su cargo, por causa justificada, llamando a su suplente y nombrar nuevo suplente;

X. Aprobar su Reglamento Interior a propuesta del Secretario Técnico;

XI. Supervisar que el ejercicio del presupuesto del Área Natural Protegida se aplique en su mejoramiento y Conservación; y,

XII. Aprobar la celebración de convenios de colaboración con diferentes instituciones y organismos públicos o privados, con la finalidad de contribuir al buen funcionamiento y desarrollo del Área Natural Protegida.

Artículo 189. El Consejo de Planeación y Manejo, sesionará de manera ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria la veces que sean necesarias.

Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el Secretario Técnico y
recibidos por los miembros del Consejo de Planeación y Manejo, con una anticipación no menor a ocho días hábiles.

Artículo 190. De cada sesión del Consejo de Planeación y Manejo, el Secretario Técnico levantará una minuta en la que se harán constar los acuerdos tomados.

SECCIÓN VI
DE LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS

Artículo 191. Las autorizaciones a que hace referencia el artículo 73 de la Ley, solo se otorgarán para el Aprovechamiento y uso de Recursos Naturales que generen beneficios a los pobladores que ahí habiten de acuerdo a la declaratoria respectiva y su Programa de Manejo.

Artículo 192. Los Aprovechamientos y usos deberán llevarse a cabo para: I. Autoconsumo; y,
II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros, acuícolas o mineros siempre y cuando:

a) No se introduzcan especies silvestres exóticas diferentes a las ya existentes o transgénicas;

b) Se mantenga la cobertura vegetal, Estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad;

c) No se afecte significativamente el equilibrio hidrológico o ecosistemas de relevancia para el Área Natural Protegida o que constituyan el hábitat de las especies nativas;

d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda o en riesgo;

e) Tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, cuenten con la autorización respectiva y la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada, en los términos de las disposiciones normativas aplicables; y,

f) En los aprovechamientos pesqueros, el volumen de pesca incidental no sea mayor que el volumen de la especie objeto de Aprovechamiento, ni impliquen la captura incidental de especies consideradas en riesgo por las disposiciones normativas aplicables.

Artículo 193. El uso turístico y recreativo dentro de las Áreas Naturales Protegidas, se podrá llevar a cabo bajo los términos que se establezcan en el Programa de Manejo de cada Área Natural Protegida, y siempre que:

I. No se provoque una afectación a los ecosistemas;

II. Preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales;

III. Promueva la Educación Ambiental; y,

IV. La infraestructura requerida sea acorde con el entorno del Área Natural Protegida.

Artículo 194. Los visitantes y prestadores de servicios turísticos en las áreas naturales protegidas deberán cumplir con las bases administrativas contenidas en el Programa de Manejo respectivo, y tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cubrir las cuotas establecidas;

II. Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer el Área Natural Protegida;

III. Respetar la señalización y las zonas del Área Natural Protegida;

IV. Acatar las indicaciones del personal del Área Natural Protegida;

V. Proporcionar los datos que les sean solicitados por el personal del Área Natural Protegida para efectos informativos y estadísticos;

VI. Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la Secretaría y, en su caso, la Procuraduría realice labores de vigilancia, protección y control, así como en situaciones de emergencia o contingencia ambiental; y,

VII. Hacer del conocimiento del administrador del Área Natural Protegida todo hecho u omisión que contravenga lo relacionado con la misma.

Artículo 195. Quienes en forma temporal o permanente residan en las áreas naturales protegidas, deberán observar las disposiciones contenidas en el Programa de Manejo respectivo.

Artículo 196. Los prestadores de servicios turísticos deberán cerciorarse de que su personal y los visitantes cumplan con las reglas administrativas del Área Natural Protegida, siendo responsables solidarios de los daños y perjuicios que pudieren causar.

Artículo 197. Los investigadores que ingresen al Área Natural Protegida con propósitos de investigación deberán:

I. Solicitar por escrito la autorización a la Secretaría, indicando las actividades a realizar y temporalidad;

II. Cumplir con las disposiciones establecidas en la autorización;

III. Informar al administrador del Área Natural Protegida sobre el inicio de las actividades autorizadas por la Secretaría;

IV. Acatar las indicaciones del personal, que se encuentren establecidas en las disposiciones normativas aplicables del Área Natural Protegida;

V. Respetar la señalización y las zonas del Área Natural Protegida de que se trate;

VI. Respetar las reglas administrativas; y,

VII. Hacer del conocimiento del administrador del Área Natural Protegida todo hecho u omisión que contravenga lo relacionado con la misma.

Los resultados contenidos en los informes a que se refiere la fracción III del presente artículo no estarán a disposición del público, salvo que se cuente con el consentimiento expreso del investigador.

Artículo 198. Quienes cuenten con autorización para el manejo y Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre o feral en propiedades ejidales, bienes comunales o privadas, deberán:

I. Solicitar por escrito la autorización a la Secretaría, indicando las actividades a realizar y temporalidad, acompañando, en su caso, la autorización correspondiente de la SEMARNAT o de la Secretaría;

II. Cumplir con las disposiciones establecidas en la autorización de la Secretaría;

III. Presentar al administrador del Área Natural Protegida, la autorización correspondiente;

IV. Respetar la señalización y las zonas del Área Natural Protegida de que se trate;

V. Respetar las reglas administrativas; y,

VI. Hacer del conocimiento del administrador del Área Natural Protegida todo hecho u omisión que contravenga lo relacionado con la misma.

Artículo 199. Los permisos de Aprovechamiento de Recursos Naturales dentro de las áreas naturales protegidas, deberán ser solicitados por los interesados ante la autoridad correspondiente con la atribución para la emisión de los mismos.

CAPÍTULO III
DE LAS ÁREAS VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN

Artículo 200. Las comunidades, ejidos, organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas en establecer áreas voluntarias para la conservación deberán presentar a la Secretaría una solicitud a la que deberán acompañar los requisitos siguientes:

I. Acreditar la propiedad o legal posesión del predio o predios a destinar voluntariamente a la Conservación;

II. El uso o destino decidido por el Propietario o legal poseedor que pretenda darle;

III. Especificar el régimen de manejo a que se sujetará dicha área;

IV. El nombre que pretenda darse al Área voluntaria para la conservación; V. Mapa macro y micro del Área voluntaria para la conservación;

VI. Para el caso de ejidos y comunidades, el acta de asamblea debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional donde se otorgue el consentimiento para destinar voluntariamente el área para la conservación, la que deberá especificar el plazo de conservación; y,

VII. Tratándose de organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas, se deberá presentar carta compromiso ratificada ante fedatario público de mantener dicha área por el plazo que determinen.

En caso de presentar la solicitud mediante representante legal, éste deberá acreditar la personalidad jurídica.

Artículo 201. La vigencia de las áreas voluntarias para la conservación se establecerá en el certificado que señala el artículo 81 de la Ley.

Artículo 202. Las áreas voluntarias para la conservación deberán de contar con el Programa de Manejo respectivo el cual deberá de contener las disposiciones contenidas en el artículo 77 de la Ley.

CAPÍTULO IV
DE LAS ZONAS DE RESTAURACIÓN Y/O DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

SECCIÓN I
DE LA DECLARATORIA

Artículo 203. Previo a la declaratoria la Secretaría elaborará el estudio que justifique su expedición para el establecimiento de las zonas de restauración y/o protección ambiental.

La Zona de Restauración y/o Protección Ambiental que se pretenda declarar, deberá de presentar procesos acelerados de deterioro ambiental que impliquen niveles de degradación o desertificación de los ecosistemas o de sus elementos, o bien, sean de interés especial por sus características en términos de recarga de acuíferos.

Artículo 204. Los estudios a que se refiere el artículo anterior deberán contener lo siguiente: I. Para el caso de la Zona de Restauración Ambiental:
a) Aspectos generales, donde se incluya:

1. Nombre de la zona propuesta;

2. Ubicación geográfica;

3. Superficie aproximada; y,

4. Tenencia de la tierra.

b) Justificación en donde se especifiquen las razones por las que se propone la zona para un decreto de esta naturaleza.

c) Marco legal.

d) Marco teórico donde se describan los aspectos conceptuales a considerar en la evaluación de la zona, que permita determinar la viabilidad para ser decretada como Zona de Restauración Ambiental.

e) Objetivos.

f) Metodología aplicada para el conocimiento y evaluación de la zona.

g) Caracterización de la zona donde se incluyan:

1. Aspectos físicos: Fisiografía y topografía, geología, suelos, erosión, hidrografía y clima;

2. Aspectos biológicos: Principales tipos de vegetación presentes, listados de flora y fauna, identificación de los ecosistemas o fenómenos naturales que se pretende restaurar y proteger;

3. Aspectos socioeconómicos: Principales localidades, régimen de propiedad de la tierra, superficie de cada tipo, población, salud, vivienda, servicios, vías de comunicación, población económicamente activa;

4. Caracterización de la degradación del sitio, donde se cuantifique de manera general la afectación de los ecosistemas y se caracterice de manera puntual los agentes causales de la degradación del sitio en términos de:

4.1. La intensidad y frecuencia de los agentes de disturbio;

4.2. La superficie afectada por tipos de vegetación; y,

4.3. Las principales especies de flora y fauna afectadas.

h) Evaluación y diagnóstico socioambiental donde se describa el estado de Conservación y trayectoria de los ecosistemas y sus elementos, así como la perspectiva y viabilidad social respecto a la propuesta.

i) Conclusiones y recomendaciones.

j) Bibliografía.

k) Anexos, donde se muestren las evidencias del proceso metodológico para la elaboración del trabajo y los resultados obtenidos, como por ejemplo fotografías, listados de flora y fauna, encuestas, memorias de cálculo.

II. Para el caso de la Zona de Protección Ambiental:

a) Aspectos generales, donde se incluya:

1. Nombre de la zona propuesta;

2. Ubicación geográfica;

3. Superficie aproximada; y,

4. Tenencia de la tierra.

b) Justificación en donde se especifiquen las razones por las que se propone la zona para un decreto de esta naturaleza.

c) Marco legal.

d) Marco teórico donde se describan los aspectos conceptuales a considerar en la evaluación de la zona, que permita determinar la viabilidad para ser decretada como Zona de Protección Ambiental.

e) Objetivos.

f) Metodología aplicada para el conocimiento y evaluación de zona. g) Caracterización de la zona:

1. Aspectos físicos. Fisiografía y topografía, geología, suelos, erosión, hidrografía y clima;

2. Aspectos biológicos: Principales tipos de vegetación presentes, listados de flora y fauna, identificación de los ecosistemas o fenómenos naturales que se pretende restaurar y proteger; y,

3. Aspectos socioeconómicos. Principales localidades, régimen de propiedad de la tierra, superficie de cada tipo, población, salud, vivienda, servicios, vías de comunicación, población económicamente activa.

h) Identificación de los aspectos relevantes de los ecosistemas como son entre otros los servicios ambientales que provee, especies prioritarias, especies indicadoras de Conservación.

i) Análisis y evaluación integral del estado de Conservación de los ecosistemas, sus elementos y viabilidad social.

j) Conclusiones y recomendaciones.

k) Bibliografía.

l) Anexos, donde se muestren las evidencias del proceso metodológico para la elaboración del trabajo y los resultados obtenidos, como por ejemplo fotografías, listados de flora y fauna, encuestas, memorias de cálculo.

SECCIÓN II
DE LOS PLANES DE RESTAURACIÓN Y/O PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 205. En el Plan de Restauración y/o Protección Ambiental de la zona, se establecerán sus características, objetivos y actividades de recuperación de la zona y/o protección, que comprenderán un período de trabajo de cinco a diez años y se insertarán en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial respectivo, y contendrá lo siguiente:

I. Las características físicas, biológicas y sociales de la Zona de Restauración y/o Protección Ambiental;

II. Los objetivos de la Zona de Restauración y/o Protección Ambiental;

III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la Restauración y/o Protección Ambiental;

IV. Las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales Estatales aplicables para el uso del Plan de Restauración y/o Protección Ambiental, las características sanitarias, de cultivo y Conservación del suelo y del agua y la prevención de su contaminación;

V. Las bases para la Restauración, protección y vigilancia de la Zona de Restauración y/o
Protección Ambiental;

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y, VII. Los mecanismos de financiamiento del área.

Artículo 206. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, serán responsables de formular, ejecutar y evaluar los Planes de Restauración y/o Protección Ambiental.

El Plan de Restauración y/o Protección Ambiental será revisado y evaluado por lo menos cada cinco años.

Las modificaciones al Plan de Restauración y/o Protección Ambiental que resulten necesarias deberán seguir el mismo procedimiento establecido para su elaboración.

Artículo 207. La Secretaría, una vez que se cuente con el Plan de Restauración y/o Protección Ambiental, publicará en el Periódico Oficial un resumen del mismo, que deberá contener lo siguiente:

I. Para las Zonas de Restauración Ambiental;

a) Introducción;

1. Justificación y Propuesta Conceptual;

1.1. Descripción de la Zona de Restauración Ambiental;

1.1.1. Antecedentes históricos;

1.1.2. Ubicación geográfica y linderos;

1.1.3. Descripción de la zona; y,

1.1.4. Factores de disturbio y amenazas a la integridad del Ecosistema.

1.2. Necesidades de la Zona de Restauración Ambiental;

1.2.1. Justificación de la Restauración Ambiental;

1.2.2. Funciones y atributos ecosistémicos que se pretende recuperar o mejorar;

1.2.3. Beneficios económicos; y,

1.2.4. Beneficios culturales.en la Zona;

1.3. Descripción de los tipos de ecosistemas o elementos de los mismos a restaurar

1.3.1. Descripción general de los objetivos de la Restauración Ambiental dependiendo del tipo de Ecosistema, descripción de sistemas de referencia;

1.3.2. Elementos de la topografía que deben ser intervenidos;

1.3.3. Factores de disturbio que deben de ser controlados y/o manejados;

1.3.4. Elementos específicos de la vegetación que deben ser considerados;

1.3.5. Identificar las restricciones del paisaje y propuestas de manejo relacionadas con las mismas;

1.3.6. Necesidades especiales de equipo, fuentes de germoplasma y permisos;

1.3.7. Cronograma general del proyecto; y,

1.3.8. Manejo post-Restauración y medidas de protección.

b) Actividades previas a la implementación del Plan de Restauración:

1. Del o los responsables de la implementación;

2. Obligatoriedad de debida documentación;

3. Descripción de objetivos;

4. De los permisos; y,

5. Participación comunitaria.

c) Planeación de medidas de implementación:

1. Descripción de los tipos de intervención; y,

2. Presentación de estándares de desempeño y protocolos de monitoreo para los objetivos.

d) Implementación:

1. Señalización de las zonas intervenidas;

2. Protección de las zonas intervenidas;

3. Manejo post-intervención; y,

4. Manejo adaptable de la implementación.

e) Evaluación y relaciones públicas;

1. Monitoreo; y,

2. De la difusión de los resultados. II. Para las Zonas de Protección Ambiental:

a) Introducción;

b) Objetivos;

c) Metodologías empleadas para la evaluación de los aspectos físicos, biológicos, sociales y económicos;

d) Caracterización de la zona donde se aborden los siguientes aspectos:

1. Características físicas:

1.1. Fisiografía;

1.2. Geología;

1.3. Suelos;

1.4. Hidrología superficial; y,

1.5. Clima.

2. Características biológicas:

2.1. Vegetación y fauna.

e) Aspectos socioeconómicos;

f) Contexto arqueológico, histórico, cultural y paisajístico;

g) Contexto demográfico, económico y social;

h) Contexto legal y administrativo;

i) Diagnóstico y problemática, donde se identifique y jerarquice la problemática;

j) Componentes del Plan de Protección Ambiental;

k) Zonificación;

l) Bases administrativas;

m) Programa de acciones, donde se especifique de acuerdo a los componentes del Plan de Protección Ambiental, las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo;

n) Literatura citada;

o) Anexos, que cubran al menos los siguientes aspectos:

1. Cartografía con las características antes descritas;

2. Listados de especies;

3. Metodologías empleadas; y,

4. Fotografías donde se muestren las evidencias del proceso metodológico para la elaboración del trabajo y los resultados obtenidos.

LIBRO CUARTO
DEL MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

TÍTULO I
VIDA SILVESTRE

CAPÍTULO ÚNICO
DEL MANEJO DE VIDA SILVESTRE

Artículo 208. La Secretaría podrá establecer por sí misma o autorizar a solicitud de los propietarios o poseedores, las medidas correspondientes en los predios, zonas o regiones relativas al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y Especies ferales o introducidas que se tornen perjudiciales.

Artículo 209. La solicitud a que refiere el artículo anterior deberá presentarse a la Secretaría y contener la información siguiente:

I. Especies a controlar, identificadas por nombre común y nombre científico;

II. Razones para considerar a los ejemplares o poblaciones de la especie o especies de que se trate como perjudiciales;

III. Tipo de daño que provocan y su magnitud;

IV. Método de control que se propone utilizar;

V. Periodo de tiempo o etapas en que se llevará a cabo el control;

VI. Responsable técnico que supervisará la ejecución de las medidas propuestas; y,

VII. Forma en que se pretende disponer de los ejemplares objeto de las medidas de control.

Los medios y técnicas deberán ser los adecuados para no afectar a otras especies y sus hábitats, evaluando primero la posibilidad de aplicar medidas de control como captura o colecta para el desarrollo de proyectos de recuperación, actividades de repoblación y reintroducción o de investigación y Educación Ambiental.

Artículo 210. Las medidas de manejo, control y remediación de ejemplares o Especies ferales o introducidas que se tornen perjudiciales, podrán consistir en cualquiera de las siguientes, de acuerdo al orden de prelación que se indica:

I. La captura o colecta para actividades de investigación o Educación Ambiental;

II. La captura de ejemplares, en cuyo caso la Secretaría determinará el destino de los mismos;

III. La estabulación de ejemplares, en cuyo caso se deberá evaluar el hábitat de destino y las condiciones de los ejemplares;

IV. Las acciones o dispositivos para ahuyentar, dispersar, dificultar el acceso de los ejemplares o disminuir el daño que ocasionan, cuando así se justifique; y,

V. La eliminación de ejemplares o la erradicación de poblaciones.

Artículo 211. La Secretaría emitirá respuesta a la solicitud de autorización en un plazo de quince días hábiles. La vigencia de la autorización dependerá del período que la Secretaría estime necesario y autorice para llevar a cabo las medidas de manejo, control o remediación.

Artículo 212. La Secretaría en coordinación con la Procuraduría, vigilarán la correcta aplicación de las medidas autorizadas.

Artículo 213. Los titulares de autorizaciones para el manejo, control y remediación de ejemplares y Especies ferales e introducidas perjudiciales, quedan obligados a presentar a la Secretaría, en escrito libre, un informe de los resultados de la aplicación de las medidas correspondientes, especificando su efectividad. El informe se presentará en un plazo no mayor de sesenta días hábiles posteriores a la conclusión de las actividades o a la periodicidad que determine la Secretaría en la autorización correspondiente, de acuerdo a la vigencia de la misma.

Artículo 214. Se considerará aprovechamiento de subsistencia el uso de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre para consumo directo para la satisfacción total o parcial de las necesidades básicas relacionadas directamente con alimentación, vivienda y salud, así como las de dependientes económicos.

Artículo 215. La Secretaría promoverá que los interesados en obtener autorización ante la Federación del aprovechamiento para fines de subsistencia, suscriban una carta compromiso en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que son miembros de la localidad donde vaya a
realizarse el mismo, avalada por la autoridad local; así como manifestar su condición socioeconómica y la necesidad y frecuencia de utilización del aprovechamiento, del tipo y número de productos y/o subproductos de especies de la vida silvestre a ser usados para satisfacer sus necesidades básicas.

Artículo 216. Cuando las necesidades del uso de la vida silvestre con fines de subsistencia sean practicadas por una comunidad, la Secretaría fomentará la organización de grupos para integrarlos a los procesos de Desarrollo Sustentable.

Artículo 217. La Secretaría, con el objeto de lograr que las comunidades rurales se integren al desarrollo de actividades y Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, aplicará los criterios siguientes:

I. De apoyo:

a) Para la selección de especies, ejemplares, partes o derivados, con base en sus características;

b) Para el manejo para la conservación de hábitat, poblaciones y ejemplares;

c) Para la rotación de zonas de aprovechamiento;

d) Para la disminución en la intensidad de los aprovechamientos;

e) Para la vinculación entre los actores y las unidades estatales de manejo para la conservación de vida silvestre; y,

f) Para el desarrollo de proyectos productivos alternativos, así como cualquier otra que se estime conveniente para lograr la conservación y sustentabilidad en el aprovechamiento.

II. De capacitación:

a) Para la elaboración de planes de manejo y la realización de estudios de poblaciones y muestreos para la sustentabilidad en el aprovechamiento, mismos que serán sometidos a los procedimientos establecidos por la Federación.

III. De operación y seguimiento:

a) Para la aplicación de las medidas específicas por parte de los participantes;

b) Para la sistematización de información; y,

c) Para la presentación de informes, así como la evaluación de logros con base en indicadores de éxito, bajo supervisión técnica por parte del encargado del proyecto para la sustentabilidad de los aprovechamientos comunitarios.

Artículo 218. La Secretaría implementará un Sistema Estatal de Información sobre la vida silvestre, el cual tendrá compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de Información sobre la vida silvestre, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información de vida silvestre estatal, que estará disponible para su consulta.

Artículo 219. En el Sistema Estatal de Información sobre la vida silvestre, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, el registro de los inventarios de recursos de vida silvestre y su hábitat en el territorio del Estado, relativos a:

I. Los planes, programas, proyectos, acciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat;

II. Los proyectos y actividades científicas, técnicas, académicas y de difusión propuestas o realizadas con ese fin;

III. La información administrativa, técnica, biológica y socioeconómica derivada del desarrollo de actividades relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

IV. Los listados, catálogos de especies, poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación;

V. La información relevante sobre los hábitats críticos y áreas de refugio para proteger especies acuáticas;

VI. Los inventarios y estadísticas existentes en el estado sobre elementos y Recursos Naturales de la vida silvestre;

VII. El registro de las unidades estatales de manejo para la conservación de vida silvestre, su ubicación geográfica, sus objetivos específicos, permisos otorgados e informes técnicos; y,

VIII. Información disponible sobre el financiamiento Federal, estatal o municipal existente para proyectos enfocados a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat.

TÍTULO II
DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA LICENCIA DE APROVECHAMIENTO DE MINERALES Y SUSTANCIAS NO RESERVADAS A LA FEDERACIÓN

Artículo 220. La Secretaría, independientemente del régimen de propiedad, expedirá las licencias de aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 221. Se considerará responsable de la exploración, explotación, extracción y aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación al propietario o posesionario del predio en que se realicen dichas actividades.

Artículo 222. El propietario o poseedor del predio, para obtener la Licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, deberá cumplir ante la Secretaría con los requisitos siguientes:

I. Solicitud en la que se señale el tipo de sustancia o mineral susceptible de Aprovechamiento, donde se haga referencia a la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental previamente obtenida;

II. Copia simple de las resoluciones de las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental expedidas por la Secretaría;

III. El pago de los derechos correspondientes; y,

IV. En su caso, la autorización respectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de explosivos.

Artículo 223. La Licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación que expida la Secretaría, deberán contener:

I. El nombre del titular de la licencia de Aprovechamiento;

II. El domicilio o ubicación del predio con coordenadas UTM;

III. La referencia del resolutivo de la autorización en materia de Impacto ambiental;

IV. La referencia de las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales, a las que deberán sujetarse las actividades principales y complementarias de la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación;

V. La vigencia, que no deberá ser mayor a un año; y,

VI. El programa anual de explotación indicando el volumen máximo de Aprovechamiento y las medidas de prevención y mitigación correspondientes.

Artículo 224. La Licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, podrá ser renovada en los términos establecidos por el artículo 99 de la Ley, para lo cual su titular deberá solicitarlo a la Secretaría, treinta días antes a su fecha de vencimiento.

La Secretaría, previa consulta con la Procuraduría, resolverá sobre la procedencia de la renovación en un término no mayor a diez días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud señalada en el párrafo anterior.

SECCIÓN ÚNICA
DE LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES O SUSTANCIAS NO RESERVADAS A LA FEDERACIÓN

Artículo 225. En las actividades de explotación de minerales y sustancias no reservadas a la Federación se deberán cumplir las especificaciones que señale la Norma Ambiental Estatal que para tal efecto se expida.

Artículo 226. El uso de explosivos para la explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, se realizará conforme a lo siguiente:

I. Se usarán únicamente en la excavación de material consistente en masa rocosa y cuando el empleo de medios mecánicos resulte ineficaz; y,

II. El uso de explosivos se realizará estrictamente bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional y no se autorizará dentro de un área perimetral de por lo menos mil metros cerca de zonas urbanas o suburbanas, así como áreas naturales protegidas, y zonas de restauración y/o protección ambiental.

Artículo 227. El titular de la licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación deberá comunicar a la Secretaría la terminación de los trabajos de extracción o cuando expire dicha licencia, y ésta solicitará a la Procuraduría la inspección del predio correspondiente, a fin de verificar el cumplimiento de los términos del resolutivo en materia de Impacto ambiental.

La ejecución de los términos y condicionantes establecidos en los resolutivos en materia de Impacto ambiental serán responsabilidad del titular de la Licencia de Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, en caso de no realizarlos en el plazo fijado por la Secretaría, serán ejecutados por ésta, con cargo al titular del Aprovechamiento.

LIBRO QUINTO
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

TÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES

Artículo 228. La integración del RETC estará a cargo de la Secretaría con el fin de:

I. Revisar e inscribir la información de emisiones y transferencia de contaminantes, y sustancias sujetas a reporte de competencia estatal contenidas en la Cédula de Operación Anual y concentrarla en los archivos que para tal efecto se destinen;

II. Integrar al RETC las Bases de datos que proporcionen los ayuntamientos;

III. Mantener actualizado el RETC, de acuerdo a la información que proporcionen los establecimientos sujetos a reporte, conforme a los procedimientos establecidos en este Reglamento;

IV. Proporcionar a la Federación la información contenida en el RETC para su integración en el RETC Nacional; y,

V. Sistematizar la información estadística sobre los datos inscritos y contenidos en la Base de Datos.

Artículo 229. La información ambiental de carácter público de la Base de datos del RETC, es la siguiente:

I. Nombre de la persona física, denominación o razón social del establecimiento sujeto a reporte;

II. Emisiones y transferencias de sustancias y contaminantes; y,

III. Localización geográfica del establecimiento sujeto a reporte.

La información a que hace mención este artículo será integrada al Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, de conformidad con el artículo 159 de la Ley.

Artículo 230. La Base de datos del RETC, se integrará con la información contenida en registros, licencias, autorizaciones, permisos, informes o reportes que se tramiten ante la Secretaría, la Procuraduría o el Ayuntamiento respectivo.

Artículo 231. La información que se integre a la base de datos del RETC que presenten las Fuentes fijas de competencia estatal o municipal, será actualizada con los datos correspondientes
a sus emisiones, transferencias de contaminantes y sustancias sujetas a reporte de competencia estatal.

Artículo 232. La Base de datos del RETC se actualizará con la información que presenten las personas físicas y morales responsables de las Fuentes fijas ante la Secretaría o los ayuntamientos, en la cual, se integrarán los datos desagregados por sustancia y por fuente.

Artículo 233. Para el caso de la información de competencia de los ayuntamientos:

I. La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con la autoridad competente en las materias que regula la Ley y el presente Reglamento, para que la información que generen puedan ser integradas al RETC;

II. En dichos convenios se podrán determinar las directrices y principios técnicos, que permitan uniformar y homologar la información para la integración de las bases de datos de sus respectivas competencias; y,

III. Establecer los mecanismos de coordinación para actualizar la información anualmente.

Artículo 234. Se consideran Fuentes fijas sujetas a reporte de jurisdicción estatal, los sectores y subsectores establecidos en el anexo I del presente Reglamento.

Artículo 235. Para actualizar la Base de datos del RETC, los responsables de las Fuentes fijas de competencia estatal o municipal, deberán presentar la información sobre sus emisiones y transferencia de Contaminantes al aire, mediante la Cédula de Operación Anual.

Artículo 236. La Cédula de Operación Anual a que se refiere el artículo anterior, deberá presentarse ante la Secretaría o el Ayuntamiento respectivo, del 1º de enero al 30 de abril de cada año, en el formato que dicha autoridad determine, debiendo reportarse el período de operaciones realizadas por el establecimiento sujeto a reporte de competencia estatal del año inmediato anterior.

Artículo 237. Los responsables de las Fuentes fijas de competencia estatal o municipal presentarán ante la Secretaría o el Ayuntamiento respectivo, la Cédula de Operación Anual en archivo electrónico, contenida en un disco compacto y en forma impresa. La Secretaría o el Ayuntamiento, pondrá a disposición de los interesados los formatos de la referida Cédula.

Artículo 238. Una vez presentada la Cédula de Operación Anual, por el responsable de las Fuentes fijas de competencia estatal o municipal, y ésta contenga inconsistencias en su información, éste podrá presentar la información y documentación que subsane las inconsistencias en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la entrega de ésta sin exceder el término establecido en el artículo 236 del presente Reglamento.

En el caso de que la Secretaría o el Ayuntamiento detecte que la información contenida en la Cédula de Operación Anual es insuficiente, requerirán al responsable para que complemente, rectifique y aclare la información presentada, en el mismo plazo señalado por este artículo.

Artículo 239. Cuando la Cédula de Operación Anual no sea presentada en los plazos previstos en el artículo 236 del presente Reglamento o ésta contenga datos falsos, la Secretaría dará vista a la Procuraduría para que se apliquen las sanciones administrativas a que haya lugar.

Artículo 240. La Cédula de Operación Anual deberá contar con firma autógrafa del representante legal de la fuente fija obligada, quien deberá acreditar su personalidad y representación legal.

Artículo 241. Los responsables de las Fuentes fijas de competencia estatal, deberán conservar durante un periodo de cinco años, a partir de la presentación de cada Cédula de Operación Anual, las memorias de cálculo y las mediciones efectuadas; dicha información podrá ser solicitada por la Secretaría dentro del plazo antes señalado.

Artículo 242. La Secretaría publicará un Informe Anual, el cual se difundirá por cualquier medio de comunicación y será únicamente con fines de información y consulta.

CAPÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR FUENTES FIJAS

Artículo 243. Los responsables de las Fuentes fijas de competencia Estatal que emitan contaminantes a la atmósfera estarán obligados a:

I. Proporcionar la información requerida para la actualización del padrón de fuentes generadoras de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II. Obtener la Licencia Ambiental Única que expedirá la Secretaría, a las Fuentes fijas de competencia Estatal, sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades;

III. Informar a la Secretaría sobre cualquier cambio en sus procesos, combustibles o actividades, volúmenes de producción de bienes y de emisiones de Contaminantes a la atmósfera, posteriores a la fecha de otorgamiento de la Licencia Ambiental Única;

IV. Utilizar equipos y sistemas que controlen las Emisiones contaminantes a la atmósfera, para que éstas no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales correspondientes;

V. Usar los combustibles que la Secretaría determine con el objeto de mejorar y controlar la calidad del aire y cuya calidad cumpla con las especificaciones establecidas en los Reglamentos y normatividad aplicable;

VI. Instalar y operar equipos o sistemas de control de Emisiones contaminantes a la atmósfera para emisiones no normadas o específicas, incluyendo, entre otras, los compuestos orgánicos volátiles y olores;

VII. Formular el inventario de Emisiones contaminantes a la atmósfera conforme al instructivo aprobado por la Secretaría, remitiendo la cédula de operación cuando la autoridad lo determine;

VIII. Contar con plataforma y puertos de muestreo para la medición y análisis de sus Emisiones contaminantes a la atmósfera en los términos fijados en la normatividad y criterios aplicables;

IX. Realizar, en su caso, el Monitoreo perimetral de sus Emisiones contaminantes a la atmósfera, remitiendo a esta Secretaría el reporte original;

X. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento por cada uno de sus equipos de proceso y de control, la cual deberá ser registrada ante la Secretaría;

XI. Comunicar de inmediato a la Secretaría, en el caso de falla de los equipos de control de Emisiones contaminantes a la atmósfera, para que ésta determine lo conducente; y, XII. Cumplir con la demás normatividad ambiental aplicable.

Artículo 244. Las Fuentes fijas contaminantes de competencia estatal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, requerirán Licencia Ambiental Única que expedirá la Secretaría.

Artículo 245. Para obtener la Licencia Ambiental Única a que se refiere el artículo 243 fracción II del presente Reglamento, los responsables de las fuentes deberán presentar a la Secretaría, la documentación e información, siguiente:

I. Entregar el formato de la solicitud de la Licencia Ambiental Única, en forma impresa y en medio electrónico. Anexando la información complementaria indicada en cada sección de la misma;

II. Plano de distribución del establecimiento;

III. Diagrama de funcionamiento que corresponde a cada uno de los procesos, incluyendo las áreas de servicio y administración;

IV. Tabla de resumen de los diagramas anteriores, incluyendo los equipos a utilizar;

V. Descripción de las operaciones y procesos que se llevan a cabo en el establecimiento;

VI. Para las personas morales, copia certificada o cotejada del acta constitutiva; y para las personas físicas identificación oficial; y,

VII. Programa interno de medidas y acciones a efectuarse cuando se presenten emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas extraordinarias no controladas o cualquier contingencia al interior, que pudiera originar un aumento en la emisión de contaminantes a la atmósfera.

La Secretaría podrá requerir la información y documentación adicional que considere necesaria y verificar en cualquier momento la veracidad de la misma, así como la realización de visitas físicas a los establecimientos para verificar lo presentado en documentos.

Se podrá obtener voluntariamente la Licencia Ambiental Única para aquellas Fuentes fijas que no se encuentren en el Anexo I, cumpliendo con sus obligaciones ambientales.

Artículo 246. La Secretaría dentro del plazo señalado en el artículo 115 de la Ley, dictaminará respecto a la información y documentación presentada, el cual servirá para emitir el resolutivo que otorgará o negará la Licencia Ambiental Única.

La Licencia Ambiental Única tendrá una vigencia indefinida y deberá ser actualizada o refrendada anualmente a través de la presentación oportuna de la Cédula de Operación Anual.

Artículo 247. La Secretaría podrá revocar la Licencia Ambiental Única, cuando se incumpla alguno de los supuestos previstos en la Ley, el presente Reglamento y en las acciones que la misma determine en el resolutivo correspondiente.

Artículo 248. La actualización de la Cédula de Operación Anual que señala el artículo 117 de la Ley, deberá de presentarse a la Secretaría en el primer cuatrimestre del año, en el formato que proporcione la Secretaría, el cual deberá entregar por escrito y la información en medio digital.

Una vez presentada la Cédula de Operación Anual a la Secretaría, ésta tendrá un periodo o término de cuarenta días hábiles para revisar que la información contenida en la misma esté debidamente requisitada, en caso contrario, se requerirá al promovente que complemente, rectifique, aclare o confirme la información, en el término que se le señale en el requerimiento.

Artículo 249. De acuerdo al artículo 119 de la Ley, la Secretaría autorizará la quema de Residuos de Manejo Especial con fines de fabricación o de manufacturación de productos con fines industriales, comerciales, manejo de residuos y disposición de residuos, donde se exceptúa el uso para actividades domésticas.

Artículo 250. Sólo se permitará la combustión a cielo abierto, cuando se efectúe con autorización de la Secretaría, para adiestrar y capacitar al personal encargado del combate de incendios.

Artículo 251. Para la expedición de la autorización a que se refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar por escrito a la Secretaría una solicitud por evento, con una anticipación de diez días hábiles a la realización del mismo, acompañando a la solicitud la información y documentación siguiente:

I. Datos generales del solicitante;

II. El croquis de localización del predio, indicando el lugar preciso en el que se efectuarán las combustiones, así como las construcciones y colindancias más próximas y las condiciones de seguridad que imperan en el lugar;

III. El programa, en el que se precise la fecha y horarios en los que tendrán lugar las combustiones; y,

IV. Los tipos y cantidades de combustible que se incinerará.

La Secretaría emitirá autorización por escrito y establecerá las condiciones particulares en cada caso, y podrá suspender de manera temporal o definitiva en cualquier tiempo la autorización a que se refiere este artículo, cuando se presente alguna contingencia ambiental en la zona.

Artículo 252. De acuerdo al artículo 118 de la Ley el Estudio justificativo que se presente ante la Secretaría, deberá contener lo siguiente:

I. Fecha de elaboración del estudio;

II. Descripción de la metodología utilizada, del equipo empleado y de la zona de estudio;

III. Antecedentes;

IV. Diagnóstico;

V. Alcances del estudio;

VI. Hojas de resultados de las mediciones originales;

VII. Conclusiones; y,

VIII. Recomendaciones.

SECCIÓN ÚNICA
DE LAS LADRILLERAS

Artículo 253. La Secretaría, determinará en las Normas Ambientales Estatales que para tal efecto se emitan, el tipo de tecnología y combustibles que deberán utilizarse en las ladrilleras.

Artículo 254. La Secretaría, en coordinación con los ayuntamientos, levantará un padrón de las ladrilleras del Estado.

Artículo 255. En caso de una contingencia ambiental, la Secretaría impondrá restricciones a los horarios de producción y hasta suspender total o parcialmente toda actividad como medida preventiva por el tiempo que dure la contingencia ambiental.

CAPÍTULO III
DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES MÓVILES

Artículo 256. La prevención de la contaminación de la atmósfera causada por Fuentes móviles, comprende lo siguiente:

I. El establecimiento de medidas de control para limitar la Circulación por el territorio estatal, con el objeto de proteger el ambiente en los casos previstos en la Ley y el presente Reglamento;

II. La regulación de emisiones de gases, humos y partículas contaminantes de Fuentes móviles que circulen en el territorio del Estado, a través de los programas correspondientes; y,

III. El establecimiento de los procedimientos para inspeccionar, vigilar e imponer sanciones por parte de las autoridades a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Artículo 257. Todo Propietario de vehículo automotor deberá someterlo a Verificación de Emisiones contaminantes, en el período y en el Centro de Verificación Vehicular autorizado que corresponda, conforme al Programa vigente; debiendo cubrir el costo que por este concepto establezca el mismo.

Artículo 258. Los programas de regulación de emisiones de gases, humos y partículas contaminantes de Fuentes móviles que circulen en el territorio del Estado, serán publicados en el Periódico Oficial, y los mismos deberán de contener las acciones y medidas preventivas a realizarse, así como todas aquellas que se estimen convenientes en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera por Fuentes móviles.

SECCIÓN I
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 259. Los propietarios o legales poseedores de vehículos automotores registrados en el Estado, deberán someter sus unidades al control de emisiones contaminantes en los centros de verificación vehicular autorizados por la Secretaría y realizar las verificaciones conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento y en el Programa.

Artículo 260. La medición de Emisiones contaminantes de los vehículos, se efectuará en los centros de verificación vehicular autorizados por la Secretaría.

Artículo 261. La Verificación vehicular se realizará de conformidad al Calendario que para tal efecto se señale en el Programa.

SECCIÓN II
DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 262. La Secretaría convocará públicamente para la prestación del servicio de verificación vehicular y, en su caso, otorgará los permisos correspondientes, previo el pago de los derechos que establezcan las disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 263. La Secretaría otorgará permisos para instalar y operar centros de verificación vehicular, a quienes presenten propuestas técnicas que cumplan los requisitos que se establecen en el presente Reglamento y el Programa.

Artículo 264. Los permisos para instalar y operar centros de verificación vehicular se otorgarán mediante convocatoria pública, debiendo presentar propuestas técnicas que contengan el nombre o razón social y el domicilio del solicitante, adjuntando los documentos siguientes:

I. Copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes;

II. Copia certificada del acta de nacimiento, cuando el interesado sea persona física, así como identificación oficial;

III. Copia certificada del acta constitutiva de la empresa, cuyo objeto social sea afín a la
Verificación vehicular, cuando el solicitante sea persona moral;

IV. Copia certificada del instrumento jurídico que acredite al representante legal de la empresa e identificación oficial del mismo;

V. Copia Certificada del título de propiedad si el solicitante es propietario del inmueble que se destinará para instalar el Centro de Verificación Vehicular; en caso contrario, carta compromiso de arrendamiento o comodato que avale la duración del término del Permiso que señale el acuerdo que establece el Programa;

VI. Plano con ubicación y superficie del terreno que incluya la distribución arquitectónica para realizar el servicio de Verificación vehicular y fotografías del inmueble;

VII. Carta compromiso señalando que en caso de ser permitida la instalación del Centro de Verificación Vehicular, se dispondrá del equipo de medición y de pruebas de Verificación vehicular, en un término no mayor de treinta días, conforme a las características técnicas establecidas en el Programa, el equipo para procesamiento de datos, así como de la infraestructura necesaria para la comunicación con el servidor de la Secretaría; y,

VIII. Carta compromiso del depósito de fianza equivalente a tres mil veces el salario mínimo vigente en el Estado, en caso de ser autorizado el Permiso.

Artículo 265. El período de recepción de los expedientes de las solicitudes para instalación de centros de verificación vehicular será de por lo menos cinco días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria, en caso de existir error o falta de algún documento se le notificará al solicitante, contando éste con cinco días hábiles para completar su expediente o hacer las aclaraciones pertinentes. En caso de no atender esta notificación, la solicitud será desechada.

Artículo 266. La Secretaría evaluará solamente aquellas propuestas que se hayan recibido en tiempo y forma y que respondan a las condiciones técnicas, legales y económicas establecidas en la convocatoria pública.

Artículo 267. Los resultados del proceso para el otorgamiento de los permisos, se darán a conocer mediante resolución administrativa emitida por la Secretaría a los solicitantes, mediante notificación personal a todos los solicitantes.

Artículo 268. En caso de que las propuestas presentadas por los solicitantes de los permisos coincidan en todos y cada uno de sus términos la Secretaría, fundada y motivadamente determinará la propuesta ganadora.

Artículo 269. No podrán participar en la convocatoria quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

Artículo 270. Otorgada la autorización para establecer, equipar y operar un Centro de Verificación Vehicular, se notificará al interesado, quien deberá estar en aptitud de iniciar la operación dentro del plazo señalado en el Permiso, el cual no podrá ser menor de treinta días naturales, prorrogables a partir de su notificación. Si transcurrido el plazo señalado, no se hubiera iniciado la operación del Centro de Verificación Vehicular de que se trate, la autorización quedará sin efecto.

Artículo 271. Quienes obtengan Permiso para establecer centros de verificación vehicular deberán satisfacer, previo al inicio de operaciones, los siguientes requisitos:

I. Entregar a la Secretaría la relación con nombre y firma del personal técnico adscrito al Centro de Verificación Vehicular autorizado;

II. Entregar a la Secretaría las autorizaciones de los trámites relativos a Impacto ambiental y licencia de funcionamiento expedidos por las autoridades competentes;

III. Cubrir el importe de los derechos fiscales por concepto de otorgamiento del Permiso para establecer el Centro de Verificación Vehicular;

IV. Acreditar la propiedad legal o posesión de los equipos a utilizar, para realizar los trabajos de Verificación;

V. Entregar a la Secretaría copia certificada o cotejada del contrato de arrendamiento o comodato definitivo, en caso de que el Permisionario no sea el propietario del inmueble en el que se ubica el Centro de Verificación Vehicular;

VI. Entregar la fianza a que se refiere la fracción VIII del artículo 264 del presente Reglamento a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración y a favor de la Secretaría; y,

VII. Los demás que indique la Secretaría.

Artículo 272 El Permiso del Centro de Verificación Vehicular tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse por el mismo término, a solicitud del Permisionario, previo dictamen técnico de su desempeño que emita la Secretaría.

El Permiso para establecer un Centro de Verificación Vehicular será personal e intransferible y en ningún caso el Centro de Verificación Vehicular podrá ser operado por persona distinta a su titular.

No se podrá expedir más de un Permiso por persona física o moral y deberá operarse en el domicilio autorizado por la Secretaría.

Artículo 273. En las instalaciones de los centros de verificación vehicular, deberá cumplirse con los requerimientos que sobre el equipamiento establezca el presente Reglamento y el Programa de Verificación Vehicular del Estado, así como las especificaciones que sobre imagen, superficie y diseño determine el manual que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 274. En caso de que el Permisionario requiera cambiar el domicilio del Centro de Verificación Vehicular, deberá solicitar por escrito a la Secretaría acompañada de los siguientes requisitos:

I. Presentar un Estudio Técnico Justificativo del cambio de domicilio; y,

II. Que el inmueble propuesto cumpla con lo establecido en el presente Reglamento y el Programa vigente.

Previa valoración técnico-jurídica, la Secretaría determinará sobre su procedencia en un plazo de treinta días hábiles de la solicitud.

En caso de ser positiva la procedencia del cambio de domicilio, la Secretaría indicará al Permisionario los requisitos que debe presentar ante ésta y el término en que deberá iniciar la operación del Centro de Verificación Vehicular.

Artículo 275. Son causas de terminación del Permiso, las siguientes:

I. Que lo solicite el Permisionario;

II. Que fallezca el Permisionario;

II. Por muto acuerdo; y,

IV. Que se cumpla el término por el que fue concedido y no se haya solicitado su renovación.

Artículo 276. La fianza que están obligados a depositar los permisionarios de los centros de verificación vehicular, equivalente a tres mil veces el salario mínimo vigente en el Estado, se tendrá que renovar anualmente por los permisionarios, mientras continúe vigente el Permiso, y deberá ser expedida por una institución autorizada, para garantizar el buen desempeño del Centro de Verificación Vehicular, así como el uso adecuado de los certificados, hologramas y constancias de rechazo que le sean otorgados por la misma Secretaría.

SECCIÓN III
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 277. Los permisionarios de los centros de verificación vehicular, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Operar conforme a los procedimientos de Verificación que establezca el Programa;

II. Mantener sus instalaciones y equipos en óptimo estado de funcionamiento y observar las condiciones que fije la Secretaría para garantizar la adecuada prestación del servicio;

III. Mantener actualizadas las certificaciones de calibración de los equipos de Verificación vehicular que se utilicen para realizar los trabajos de Verificación vehicular y ésta deberá hacerse únicamente por los laboratorios acreditados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

IV. Llevar un registro de información sobre las verificaciones efectuadas en el Centro de Verificación Vehicular y remitir los datos en los tiempos y con las características que determine la Secretaría;

V. Dar aviso a la Secretaría cuando se dejen de prestar los servicios de Verificación por cualquier causa;

VI. Mantener los certificados, hologramas y constancias de rechazo adquiridos bajo su responsabilidad y resguardo dentro de las instalaciones del Centro de Verificación Vehicular;

VII. Dar aviso a la Secretaría sobre cualquier uso indebido de la documentación utilizada para certificar las emisiones, al día hábil siguiente a aquel en que tuvo conocimiento de los hechos;

VIII. Respetar las tarifas autorizadas para la prestación del servicio;

IX. Recibir y practicar el proceso de Verificación a los vehículos que les sean remitidos con motivo de los operativos de inspección, realizados por las autoridades competentes;

X. El personal técnico que tenga a su cargo la Verificación en los centros de verificación vehicular autorizados, deberá contar con la capacitación necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y acatar en todo momento las Normas Oficiales Mexicanas y el Programa vigente;

XI. Las demás obligaciones que se establezcan en la Ley, el presente Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, el Programa y la autorización correspondiente;

XII. Exigir en su caso el comprobante del pago de multa por falta de Verificación vehicular del o de los periodos anteriores;

XIII. Proporcionar el Certificado al Propietario o conductor del vehículo que haya aprobado la Verificación y colocar el Holograma en un lugar visible del vehículo verificado;

XIV. Proporcionar la Constancia de Rechazo al Propietario o conductor del vehículo que no haya aprobado la Verificación vehicular, e informar al Propietario o conductor del plazo de quince días para efectuar una segunda Verificación sin costo; y,

XV. Proporcionar a la Secretaría, la información relativa a la operación del Centro de Verificación Vehicular, cuando ésta se lo requiera.

Artículo 278. Los permisionarios de los centros de verificación vehicular deberán contar con facturas que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes, que serán proporcionadas a los propietarios o conductores de vehículos, al momento de recibir el pago por los servicios prestados.

SECCIÓN IV
DE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 279. Los centros de verificación vehicular operarán en los días y horas que señale el Programa vigente.

Artículo 280. El personal autorizado de los centros de verificación vehicular deberá efectuar los trabajos de Verificación exclusivamente en sus instalaciones, solicitando al Propietario o conductor del vehículo el Certificado anterior o el comprobante de la multa en su caso, y la tarjeta de circulación correspondiente al vehículo que se verifica, para la captura de sus datos en el equipo de cómputo del analizador de gases, y se asegurará que éstos coincidan y que el vehículo porte las placas señaladas en la misma tarjeta de circulación.

Artículo 281. Los trabajos de Verificación vehicular deberán efectuarse exclusivamente por el personal técnico y con el equipo que previamente fue registrado ante la Secretaría por el Permisionario.

SECCIÓN V
DE LOS CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 282. Los certificados y las constancias de rechazo expedidos por el Centro de Verificación
Vehicular deberán contener la siguiente información:

I. Fecha y hora de Verificación;

II. Identificación del Centro de Verificación Vehicular y del personal técnico que efectuó la Verificación;

III. Números de serie, marca, tipo y modelo del vehículo, número de tarjeta de circulación y placa, así como nombre y domicilio del Propietario;

IV. Medición de emisiones de la Verificación vehicular; V. Costo de la Verificación vehicular;

VI. Tipo de Verificación vehicular; y,

VII. Las demás que determine la Norma Oficial Mexicana correspondiente y la Secretaría.

Artículo 283. Los centros de verificación vehicular deberán proporcionar un Certificado, con el Holograma respectivo el cual será adherido en un lugar visible del vehículo por el personal técnico.

Artículo 284. Los datos asentados en los certificados de verificación vehicular, deberán ser llenados por triplicado y exclusivamente con el equipo de cómputo del analizador de gases del Centro de Verificación Vehicular.

Un tanto de los certificados se entregará al Propietario o conductor del vehículo, otro será remitido a la Secretaría, y el tercero se resguardará en el Centro de Verificación Vehicular.

Los certificados no serán válidos si presentan tachaduras, enmendaduras o algún otro tipo de alteración que modifique su contenido original.

Artículo 285. El Permisionario del Centro de Verificación Vehicular podrá adquirir nuevos certificados y constancias de rechazo, exclusivamente en la Secretaría, conforme al número que establezca el Programa, para lo cual deberá cubrir el importe que establezca la Ley de Ingresos del Estado, en las cajas receptoras de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Artículo 286. En caso de que los vehículos rebasen los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, el Centro de Verificación Vehicular expedirá la Constancia de Rechazo, debiendo los propietarios o poseedores efectuar las reparaciones mecánicas pertinentes y someterlos a una nueva Verificación en los términos del Programa vigente.

Artículo 287. En caso de pérdida o destrucción del Holograma, el Propietario podrá solicitar otro en el Centro de Verificación Vehicular donde realizó la Verificación, para lo cual deberá exhibir copia certificada o cotejada de la querella penal por el robo o extravío, según sea el caso, así como el pago del costo del Holograma, dando aviso el Permisionario a la Secretaría.

Artículo 288. Los permisionarios de los centros de verificación vehicular rendirán a la Secretaría, un informe mensual dentro de los primeros cinco días hábiles del mes inmediato posterior, sobre el estado que guarda la expedición de certificados y constancias de rechazo, empleando el formato oficial establecido para tal fin, debiendo anexar lo siguiente:

I. La relación de los certificados vigentes y no utilizados, acompañados por la copia de los certificados emitidos y las copias de las tarjetas de circulación;

II. Tratándose de verificaciones realizadas fuera del plazo señalado, además de lo anterior, se anexarán copias de los comprobantes de pago de las multas correspondientes ante las oficinas recaudadoras de ingresos, dependientes de la Secretaría de Finanzas y Administración, por Verificación vehicular extemporánea; y,

III. En el caso de certificados que requieran ser cancelados, se agregará el Certificado por triplicado al informe, junto con su Holograma correspondiente.

Artículo 289. Queda prohibido que los permisionarios y el personal de los centros de verificación vehicular autorizados expidan certificados, hologramas y constancias de rechazo que pertenezcan a otros centros de verificación vehicular.

CAPÍTULO IV
DE LOS VEHÍCULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES

Artículo 290. La Procuraduría, en coordinación con las autoridades de la administración pública Federal, Estatal o Municipal competentes, podrá implementar operativos para detectar vehículos que contaminen ostensiblemente, a efecto de imponer las sanciones que correspondan en los términos de la Ley, el presente Reglamento y los programas respectivos; lo anterior, sin perjuicio de los programas específicos permanentes o temporales, que se determinen para la vigilancia, evaluación y Monitoreo de los niveles de contaminación producidas por Fuentes móviles.

Artículo 291. La Procuraduría, aplicará las medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación que establezca la Ley, el presente Reglamento y el programa respectivo que considere pertinentes, a fin de evitar que circulen los vehículos ostensiblemente contaminantes y que estos sean sometidos por los propietarios o conductores a las reparaciones mecánicas necesarias.

CAPÍTULO V
DE LAS EMISIONES GENERADAS POR RUIDO, ENERGÍA TÉRMICA, LUMÍNICA Y OLORES PERJUDICIALES

Artículo 292. Los responsables de la operación o funcionamiento de instalaciones y fuentes emisoras que generen Ruido, deberán presentar un informe de medición de Ruido en los casos siguientes:

I. Cuando los resultados de la medición sean menores en un 10% del límite máximo permisible de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana aplicable, presentarán el informe en forma trimestral a la Secretaría, en caso contrario se presentará el informe anual;

II. Cuando por disposición de la Secretaría sea necesario integrar el informe a la evaluación de
Impacto ambiental de la obra o actividad de que se trate;

III. Cuando se modifique la operación o funcionamiento de las instalaciones y fuentes emisoras que fueron evaluadas por la Secretaría; y,

IV. Cuando la Procuraduría lo requiera dentro de los procedimientos de inspección y vigilancia.

Artículo 293. El informe de medición de Ruido se presentará ante la Secretaría en los términos establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable, quien dictará las medidas procedentes.

Artículo 294. Los responsables de la operación o funcionamiento de Fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales que generen olores perjudiciales, deberán presentar, además de los requerimientos indicados en la Licencia Ambiental Única, un informe de medición de olores de acuerdo con el método de prueba y parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
Quedan excluidas del campo de aplicación de ésta, las actividades comunes que se desarrollan diariamente dentro de las viviendas y que pudieran generar olores molestos puntuales, como las actividades de cocina, lavado y limpieza, entre otras.

Artículo 295. Los resultados de la medición deberán ser entregados ante la Secretaría en el plazo que se fije o de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable.

Artículo 296. La Secretaría deberá establecer procedimientos que permitan el seguimiento, vigilancia y control de olores molestos mediante acciones e informes de adecuación, control y Verificación realizando la medición en los periodos de mayor actividad de la posible fuente.

Artículo 297. El Estado y los ayuntamientos de acuerdo a la norma ambiental estatal o al Reglamento de la materia determinarán las disposiciones que regulen anuncios publicitarios, a fin de crear una imagen agradable de los centros de población y evitar la contaminación visual de los mismos. Igualmente determinarán las zonas que tengan un valor escénico o de paisaje y regularán y autorizarán los tipos de obras o actividades que se puedan realizar con el propósito de evitar su deterioro.

Artículo 298. Queda prohibida la instalación de anuncios o elementos visibles, en los siguientes casos:

I. En áreas naturales protegidas o en zonas clasificadas como habitacionales;

II. En sitios y monumentos considerados de patrimonio histórico, arquitectónico o cultural;

III. Cuando afecten o impacten nocivamente el paisaje natural o urbano;

IV. Cuando generen o proyecten imágenes o símbolos distractores; V. Cuando ocasionen riesgo o peligro para la población;

VI. Cuando obstruyan la visibilidad en túneles, puentes, pasos a desnivel, vialidades o señalamientos de tránsito; o,

VII. Contravengan la Ley, el presente Reglamento u otros ordenamientos aplicables a la materia. Por lo que respecta a las áreas naturales protegidas solo se podrán instalar anuncios con la
señalización de la misma.

Artículo 299. Contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, horarios o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces.

Artículo 300. La Secretaría aplicará en el ámbito de su competencia las normas oficiales mexicanas o ambientales estatales de alumbrado con el fin de realizar una iluminación racional y respetuosa con el medio y las personas.

Artículo 301. La iluminación deberá ser de arriba hacia abajo, hacerlo con lámparas de bajo consumo y que no usen mercurio ni otros metales pesados, usar las potencias adecuadas para no deslumbrar ni crear zonas de sombra demasiado oscuras, apantallar y orientar los focos correctamente para no enviar luz al cielo.

Artículo 302. Toda persona física o moral, pública o privada que realice actividades comerciales, industriales, de servicios o de cualquier otro tipo, que por su naturaleza produzcan emisiones de Vibraciones, energía térmica y electromagnética, perjudiciales al ambiente que afecten a la población deberán poner en práctica las Medidas correctivas indicadas por la autoridad
competente, y las Normas Oficiales Mexicanas además de instalar los dispositivos y aislamientos necesarios para reducir dichas emisiones a niveles tolerables o en su caso proceder a su reubicación.

Artículo 303. La Secretaría y/o Ayuntamiento no autorizará en las zonas habitacionales o colindantes a estas, así como a centros escolares y hospitalarios, la instalación de establecimientos comerciales, industriales o de servicios y de cualquier otro giro que por sus emisiones de Vibraciones, energía térmica y electromagnética pueda ocasionar molestias a la población o afectación al medio ambiente.

Artículo 304. Queda prohibido provocar emisiones de radiaciones ionizantes que puedan contaminar el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna silvestre y acuática que conlleven al deterioro temporal o permanente de la salud o de los ecosistemas.

TÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y DE MANEJO ESPECIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 305. La Secretaría elaborará el diagnóstico básico para la Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para lo cual podrá tomar en consideración la información que le sea proporcionada por la Procuraduría, los ayuntamientos, los generadores de residuos y las empresas de servicios de manejo.

Artículo 306. El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial deberá contener como mínimo la siguiente información:

I. Cantidad técnicamente estimada de Residuos Peligrosos, Sólidos Urbanos y de Manejo Especial generados en cada uno de los ayuntamientos del Estado;

II. Volúmenes correspondientes a cada una de las clasificaciones establecidas en el artículo 136 de la Ley, así como sus características físicas, químicas y biológicas;

III. Identificación de sitios en donde se lleva a cabo su confinamiento;

IV. Descripción de la infraestructura ambientalmente adecuada para su manejo integral con que se cuenta en el Estado;

V. Evaluación de capacidades institucionales para su gestión integral;

VI. Aspectos socioeconómicos y culturales que influyan en su Generación y manejo inadecuado o bien en su gestión integral; y,

VII. Proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías, equipos, sistemas y procesos dirigidos a su manejo integral.

Artículo 307. La Secretaría formulará y actualizará el Programa Estatal de Residuos con los datos contenidos en el diagnóstico básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.

Artículo 308. El Programa Estatal de Residuos guardará congruencia con lo que se establezca en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el cual contendrá como mínimo:

I. La política estatal en materia de residuos;

II. El Diagnóstico Básico que sirvió de base para su elaboración;

III. El marco conceptual y normativo aplicable;

IV. Los objetivos generales y específicos;

V. Las estrategias financieras, administrativas, económicas y sociales para su implementación;

VI. Las metas y acciones necesarias para el logro de sus objetivos;

VII. Los mecanismos de coordinación interinstitucional para su desarrollo e implementación; y,

VIII. Los métodos para su evaluación y actualización.

Artículo 309. El Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial definirá los mecanismos para:

I. Aplicar los principios de valoración, responsabilidad Compartida y manejo integral de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos en el Estado;

II. Fomentar la prevención y minimización de la Generación de los Residuos de Manejo Especial y
Sólidos Urbanos;

III. Promover la participación de la sociedad en la elaboración de propuestas e iniciativas para la Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos;

IV. Prevenir la contaminación de sitios por disposición o confinamiento de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos; y,

V. Fortalecer la investigación y desarrollo científico y tecnológico, a fin de reducir la Generación de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos y llevar a cabo su manejo integral.

Artículo 310. La Secretaría expedirá los Manuales Técnicos que estime necesarios relativos a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos.

Artículo 311. Las autoridades municipales podrán concesionar los servicios de recolección, acopio, transporte, Reciclado, tratamiento o Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO II
DEL PADRÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Artículo 312. La Secretaría integrará el Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial.

Artículo 313. El Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial, se integrará por las personas físicas o morales autorizadas por la Secretaría para brindar los servicios de manejo especial, la cual le asignará el número de registro correspondiente.

Artículo 314. Las personas físicas o morales que soliciten a la Secretaría su inscripción al Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Solicitud por escrito adjuntando:

a) Para las personas morales:

1. Original y/o copia certificada o cotejada del acta constitutiva, así como las modificaciones que en su caso haya sufrido el pacto social de la misma.

2. En su caso, original y/o copia certificada o cotejada de su representante legal.

b) Las personas físicas deberán presentar copia certificada o cotejada de la identificación oficial con fotografía.

II. Copia certificada o cotejada de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. En su caso, copia certificada o cotejada de la concesión municipal para brindar los servicios de recolección, acopio, transporte, Reciclado, tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos;

IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones; y,

V. Las demás que señale, la normatividad ambiental aplicable.

Artículo 315. La autorización para brindar los servicios de manejo especial no autoriza al prestador a la recolección, acopio, transporte, Reciclado, tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.

Artículo 316. Las personas físicas o morales que hayan solicitado su registro al Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 314 del presente Reglamento, serán requeridas por la Secretaría para que en un término de veinte días hábiles presenten la información o documentación faltante. De no cumplir con lo requerido, se desechará la solicitud y se tendrá por no presentada.

Artículo 317. La Secretaría en un término no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de que cuente con toda la información y documentación referida en el artículo 314 del presente ordenamiento, resolverá sobre la inscripción de la promovente en el Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial.

Artículo 318. La inscripción de empresas de servicios de manejo en el Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial, tendrá vigencia hasta por el término concedido en la autorización que les haya sido expedida por la autoridad correspondiente.

Las empresas de servicios Residuos de Manejo Especial, estarán obligadas a notificar a la Secretaría, cualquier cambio relacionado con la información y documentación que hayan presentado para su registro a fin de llevar a cabo la actualización correspondiente.

Artículo 319. La Secretaría cancelará la inscripción en el Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial cuando el prestador de servicios de manejo incurra en cualquier de los supuestos siguientes:

I. Presente información que resultara total o parcialmente falsa;

II. Cuando mediante resolución administrativa se condene a la pérdida del registro;

III. Solicite por escrito la cancelación; y,

IV. Cuando habiendo concluido la vigencia, no efectúe el refrendo.

Artículo 320. La Secretaría deberá notificar en un plazo de veinte días hábiles la resolución de la Inscripción en el Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial.

Artículo 321. El Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial, tendrá el carácter de público, por lo que la Secretaría pondrá a disposición de los interesados la información de las empresas de servicios de manejo registradas ante el mismo, que a continuación se señala:

I. Nombre o razón social, domicilio, etapas de manejo integral, capacidad y tipo de residuos que tienen autorizadas prestar; y,

II. Vigencia de la o las autorizaciones que les facultan a prestar sus servicios en el Estado.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE PLANES DE MANEJO

Artículo 322. La Secretaría establecerá y mantendrá actualizado un registro de planes de manejo.

Artículo 323. Para el establecimiento y actualización del registro a que se refiere el Artículo anterior, los obligados por Ley a la formulación y ejecución de planes de manejo deberán sujetarse a los siguientes lineamientos:

I. Presentar a la Secretaría para su registro, por sí o a través de su representante legal, el Plan de Manejo debidamente suscrito en medios impreso y digital;

II. Notificar a la Secretaría de cualquier modificación que se realice al Plan de Manejo registrado; y,

III. Ratificar anualmente por escrito ante la Secretaría, el contenido de su Plan de Manejo durante el mes en que obtuvo su registro.

Artículo 324. Una vez presentado el Plan de Manejo, la notificación de actualización o la ratificación de su contenido, la Secretaría dentro de los diez días hábiles siguientes expedirá la resolución correspondiente al trámite realizado.

Artículo 325. Las propuestas para sustentar el desarrollo de los planes de manejo, deberán ser presentadas a la Secretaría para su evaluación y en su caso aprobación.

Artículo 326. La Secretaría analizará la factibilidad técnica y operativa de las propuestas que le sean presentadas dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de su presentación, en cuyo término expedirá la resolución correspondiente, en la que podrá:

I. Validar técnicamente la propuesta presentada;

II. Condicionar la validación técnica, para efecto de que sean realizadas las adecuaciones que procedan en el plazo que señale la Secretaría; o,

III. Negar la propuesta presentada.

Artículo 327. Los planes de manejo, además de los requisitos señalados en el artículo 135 de la Ley, contendrán lo siguiente:

I. Nombre, domicilio, del Generador y del técnico que lo elabore;

II. Los objetivos específicos;

III. El Inventario de Residuos que estarán sujetos al Plan de Manejo;

IV. La descripción de los procedimientos, infraestructura, equipos, maquinaria y vehículos a utilizar para el Manejo integral de los residuos;

V. El cronograma de actividades para su implementación y desarrollo;

VI. Los mecanismos de seguimiento y evaluación; y,

VII. Las demás que señalen las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales.

CAPÍTULO IV
DE LAS AUTORIZACIONES PARA EMPRESAS DEDICADAS AL ALMACENAMIENTO,
CO-PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL

Artículo 328. Las personas físicas o morales que soliciten a la Secretaría su autorización de cualquiera de las etapas del Manejo integral de Residuos de Manejo Especial que la Ley determina, los pequeños y grandes generadores de dichos residuos o las empresas de servicios de manejo, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Solicitud por escrito adjuntando:

a) Para las personas morales:

1. Original y/o copia certificada o cotejada del acta constitutiva, así como las modificaciones que en su caso haya sufrido el pacto social de la misma; y,

2. En su caso, original y/o copia certificada o cotejada de su representante legal.

b) Las personas físicas deberán presentar copia certificada o cotejada de la identificación oficial con fotografía:

II. Copia certificada o cotejada de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y del alta ante la Secretaría de Hacienda Crédito Público;

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

IV. Autorización en materia de Impacto ambiental, para el caso de que las etapas del manejo integral de residuos que pretende realizar sean las de almacenamiento, Co-procesamiento, tratamiento, reciclaje y Disposición Final de Residuos de Manejo Especial; y,

V. Autorización del Plan de Manejo respectivo.

Artículo 329. Cuando la información y documentación a que se refiere el artículo anterior, no se presente de manera completa, la Secretaría podrá requerir por única vez, para que en un plazo de tres días hábiles presenten la información adicional necesaria.

La Secretaría realizará las visitas técnicas en cualquier momento, a efecto de verificar la veracidad de la información presentada.

Artículo 330. Una vez recibida la totalidad de la información, la Secretaría, emitirá la resolución correspondiente dentro de un plazo de treinta días hábiles siguientes.

En caso de que la Secretaría, no diere respuesta en el plazo señalado en el párrafo anterior, se tendrá por negando la autorización solicitada.

Artículo 331. La resolución que emita la Secretaría para realizar o prestar cualquiera de las etapas del Manejo integral de Residuos de Manejo Especial podrá ser:

I. Positiva a la pretensión del promovente;

II. Positiva y condicionada al cumplimiento de alguna disposición; o, III. Negativa a la pretensión del promovente, cuando:

a) No cuente con la capacidad técnica u operativa para la realización de la etapa o etapas del manejo integral de residuos para las que solicita la autorización;

b) Se contravenga lo establecido en la Ley, el presente Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales y demás disposiciones aplicables; o,

c) Exista falsedad en la información o documentación presentada para su trámite de autorización.

Artículo 332. La autorización que expida la Secretaría tendrá una vigencia de un año Calendario, independientemente de la fecha en que se expida, subsistiendo sus efectos y condicionantes durante el período en que se tramite su refrendo.

Artículo 333. El refrendo de autorizaciones para cualquiera de las etapas de Manejo integral de Residuos de Manejo Especial, deberán tramitarse antes del vencimiento de la autorización.

Artículo 334. Las solicitudes de refrendo deberán presentarse en el formato que determine la Secretaría, para lo cual se deberá:

I. Ratificar que la información y documentación presentada para el trámite de autorización no ha sufrido ningún cambio o perdido su vigencia;

II. Presentar la información y los originales o copias certificadas de aquellos documentos que hayan sufrido algún cambio o modificación o perdido vigencia, en su caso;

III. Presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que la información que proporciona es cierta, firmada por el promovente o su representante legal, relacionando los documentos que, en su caso, se presentan; y,

IV. Presentar original, copia certificada o cotejada de la bitácora de residuos.

Artículo 335. Para los trámites de refrendo de las autorizaciones para el Manejo integral de Residuos de Manejo Especial, serán aplicables las disposiciones establecidas en los artículos 336 y 337 del presente Reglamento.

SECCIÓN I
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 336. Los pequeños y grandes generadores de Residuos de Manejo Especial, así como las empresas de servicios de manejo que realicen cualquiera de las etapas del Manejo integral deberán observar las siguientes disposiciones en lo que les sea aplicable:

I. Elaborar de acuerdo al formato establecido por la Secretaría, una bitácora anual de registro que refleje el manejo de los residuos;

II. Separar en sitio los residuos, de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 136 de la Ley y a los tipos básicos y especificaciones que se prevean en el presente Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales que con ese fin sean expedidas;

III. Acopiar los residuos en contenedores, envases o embalajes que reúnan las condiciones previstas en este Reglamento, en las Normas Oficiales Mexicanas o en las Normas Ambientales Estatales correspondientes;

IV. Almacenar los residuos en áreas que reúnan los requisitos y condiciones que se establezcan en el presente Reglamento y demás normatividad aplicable;

V. Trasladar o transportar los residuos de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, en las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales que para ese efecto se expidan y la demás normatividad que resulte aplicable;

VI. Co-procesar, tratar, reciclar o dar la Disposición Final en su caso, a los residuos observando las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Generar un reporte anual del manejo dado a los residuos, con base en la bitácora anual de registro a que hace referencia el presente artículo, mismo que deberá presentar a la Secretaría en el formato que éste determine dentro del primer bimestre de cada año; y,

VIII. Las demás que señalen las disposiciones normativas ambientales aplicables.

Artículo 337. Sin detrimento de las obligaciones y responsabilidades que se determinen en la normatividad aplicable, los pequeños y grandes generadores de Residuos de Manejo Especial que opten por contratar a empresas de servicios de manejo para que realicen el Manejo integral de los residuos que generen, en todas sus etapas, deberán:

I. Inscribirse en el registro de generadores que para tal efecto establezca la Secretaría; y,

II. Dar cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo anterior.

Artículo 338. La bitácora de residuos servirá de base para la elaboración del reporte anual y deberá ser conservada por lo menos durante el término establecido en el artículo 132 fracción III de la Ley.

La bitácora de residuos deberá ser autorizada por la Secretaría y deberá contener como mínimo la siguiente información:

I. Volumen y tipo de residuos generados y/o manejados que se generen diariamente, durante el año correspondiente;

II. Etapas del Manejo integral que fueron realizadas por cada tipo de residuo, estableciendo las fechas correspondientes; y,

III. Reporte de las causas y consecuencias de las incidencias acaecidas durante el año correspondiente que involucren a los residuos generados y/o manejados, así como un resumen de las medidas adoptadas para minimizar los efectos adversos al ambiente.

Artículo 339. La Secretaría y/o el Ayuntamiento podrán requerirle la bitácora de residuos de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 fracción III de la Ley.

SECCIÓN II
DE LAS ESPECIFICACIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Artículo 340. Para llevar a cabo el acopio de los Residuos de Manejo Especial, se deberá considerar su estado físico, características e incompatibilidad con otros residuos, por lo que deberán emplearse empaques, envases, embalajes y/o contenedores:

I. Cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones previstas en las Normas Ambientales Estatales correspondientes; y,

II. Que sean identificados, en los términos de las Normas Ambientales Estatales correspondientes, con el nombre y características del residuo que contengan.

Artículo 341. Los pequeños y grandes generadores de Residuos de Manejo Especial y las empresas de servicios de manejo, en su caso, deberán destinar un área para el almacenamiento temporal de los mismos.

Artículo 342. Las áreas de almacenamiento temporal de Residuos de Manejo Especial deberán reunir como mínimo, las siguientes condiciones:

I. Estar diseñadas para reducir y/o mitigar la condición de riesgo de los residuos ahí almacenados;

II. La superficie deberá ser suficiente para contener los Residuos de Manejo Especial, de acuerdo al tiempo de almacenamiento;

III. Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados;

IV. Estar techadas y ser de fácil acceso;

V. En lugares que eviten la transferencia de Contaminantes al ambiente y garantice la seguridad de las personas de tal manera que se prevengan fugas o derrames que puedan contaminar el suelo; y,

VI. Contar con los elementos, herramientas y señalamientos de seguridad que permitan prevenir y abatir cualquier circunstancia que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Artículo 343. Queda prohibido almacenar Residuos de Manejo Especial:

I. Cuando estos sean incompatibles en los términos de la normatividad aplicable;

II. En cantidades que rebasen la capacidad instalada de almacenamiento;

III. Dentro de las mismas instalaciones donde se almacenen Residuos Peligrosos; y,

IV. En áreas que no reúnan las condiciones previstas en el artículo anterior del presente Reglamento.

Artículo 344. Los Residuos de Manejo Especial no deberán permanecer almacenados por un período mayor a ciento ochenta días naturales, sin que sean reutilizados o sometidos a Co- procesamiento, reciclaje, tratamiento o Disposición Final.

Artículo 345. Para la transportación o traslado de los Residuos de Manejo Especial, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

I. Los contenedores, envases o embalajes que en su caso sean utilizados, deberán estar totalmente cerrados a fin de evitar la liberación al ambiente de los residuos transportados;

II. Los contenedores, envases o embalajes deberán estar identificados o rotulados de acuerdo al tipo y características del residuo que contengan; y,

III. Los vehículos que se empleen deberán contar con las siguientes características:

a) Estar en óptimas condiciones de operación, tanto físicas como mecánicas;

b) Ser de carga o de recolección; y,

c) Estar cubiertos o cerrados, cuando las características de los Residuos de Manejo Especial requieran permanecer fuera de contacto directo con el medio ambiente.

Artículo 346. El reciclaje, Co-procesamiento y tratamiento de Residuos de Manejo Especial, se deberá llevar a cabo de conformidad con las disposiciones que se establezcan en las normas técnicas ambientales que para ese efecto sean expedidas y demás normatividad que resulte aplicable.

Artículo 347. La Disposición Final de los Residuos de Manejo Especial se sujetará a lo previsto en este Reglamento, en las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales que al efecto se expidan.

Los sistemas para la Disposición Final son:

I. Celdas especiales en confinamientos controlados; II. Celdas especiales en los rellenos sanitarios,

III. Celdas especiales en sitios autorizados por las autoridades competentes; y,

IV. En el sitio de Generación de acuerdo a las características del mismo.

Artículo 348. La selección del sitio, así como el diseño y construcción de sistemas de Disposición Final deberán sujetarse a la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 349. Una vez depositados los Residuos de Manejo Especial bajo alguno de los sistemas a que se refiere el artículo anterior del presente Reglamento, se deberá presentar a la Secretaría un reporte con la siguiente información:

I. Cantidad, volumen y naturaleza de los residuos industriales no peligrosos depositados;

II. Fecha de Disposición Final;

III. Ubicación del sitio de Disposición Final; y,

IV. Sistemas de Disposición Final utilizados para cada tipo de residuo.

Artículo 350. Ningún Residuo de Manejo Especial, que hubiese sido depositado bajo alguno de los sistemas de Disposición Final previstos en este Reglamento deberá salir de éste, excepto cuando hubiese sido depositado temporalmente con motivo de una emergencia o contingencia ambiental o cuenten con un proceso de Valorización y soliciten la autorización del Plan de Manejo respectivo a la Secretaría.

SECCIÓN III
DEL INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SITIOS CONTAMINADOS

Artículo 351. La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado el inventario de sitios contaminados por residuos sólidos, que contendrá al menos los datos siguientes:

I. Mapas de uso del suelo y localizaciones de los sitios contaminados o potencialmente contaminados;

II. Estratificaciones metropolitanas, urbanas, semiurbanas o rurales relacionadas con ellos;

III. Vías de comunicación aledañas;

IV. Geología e hidrografía del sitio;

V. Áreas de protección o restricción legal;

VI. Localización de pozos de abastecimiento de agua, mapas de profundidad del nivel del agua subterránea y perímetros de protección de los pozos;

VII. Localización de cuerpos de agua o captación de aguas superficiales; y,

VIII. Información relacionada a posibles daños a la salud derivados de la contaminación que presente en el sitio.

Artículo 352. La Secretaría formulará un programa de administración de sitios contaminados, en el que:

I. Definirá las regiones de interés y los bienes a proteger, en función de su vulnerabilidad;

II. Establecerá los pasos y mecanismos para que se lleve a cabo la evaluación preliminar de los sitios contaminados en dichas regiones;

III. Diseñará y aplicará la estrategia para que los responsables remedien lo correspondiente;

IV. Establecerá los criterios para inscribir en el registro público de la propiedad los sitios remediados, con base en consideraciones de los riesgos a la salud y al ambiente que sea necesario prevenir o reducir en función del tipo de contaminantes presentes, de las características del entorno y de los posibles receptores humanos o de la biota;

V. Determinará la prioridad para remediar un Sitio contaminado; y,

VI. Definirá si se trata de un sitio que configure una causa de utilidad pública y requiera medidas, obras y acciones previstas en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 353. Corresponde a los responsables de la contaminación de sitios por residuos, cubrir los costos de:

I. La investigación detallada de la magnitud y características de la contaminación;

II. La evaluación de riesgos a la salud y al ambiente que pudieran derivar de la contaminación del sitio;

III. La investigación de los métodos o técnicas ambientalmente adecuadas para remediar sitios contaminados; y,

IV. La elaboración y ejecución del proyecto para remediar sitios contaminados, una vez que éste sea aprobado por la Secretaría.

SECCIÓN IV
DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES

Artículo 354. La Secretaría podrá coordinarse con la Secretaría de Salud y de Educación en el Estado, así como con Protección Civil, con la autoridad municipal competente, así como con las dependencias que considere necesarias, mediante los convenios de coordinación correspondientes, para efecto de elaborar e implementar los Programas de contingencia ambiental los cuales deberán cumplir con lo siguiente:

I. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes, esclareciendo cuál será su destino específico y su forma de administración;

II. Se especificará la vigencia del convenio, sus formas de terminación y de solución de controversias y, en su caso, de prórroga;

III. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de dicho convenio, incluyendo las de evaluación y seguimiento; y,

IV. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo.

Los convenios a que se refiere el presente artículo, deberán ser publicados en el Periódico Oficial.

Artículo 355. Los Programas de contingencia ambiental a que se refiere el artículo 152 de la Ley deberán contener como mínimo:

I. Las medidas de prevención y/o mitigación que se deberán llevar a cabo en los distintos tipos y características de contingencias ambientales que se puedan presentar en el Estado;

II. Definirán la vigencia de las medidas determinadas; y,

III. Así mismo, los Programas de contingencia ambiental deberán estar coordinados y ser complementarios a los contenidos de los Programas de cualquier contingencia, que en su caso haya expedido Protección Civil del Estado.

Artículo 356. La Secretaría podrá solicitar a las Fuentes fijas la reducción de sus procesos productivos a efecto de disminuir las emisiones establecidas en las Normas Ambientales aplicables por el tiempo que subsista la contingencia ambiental decretada por la Secretaría.

TÍTULO III
DE LAS NORMAS AMBIENTALES ESTATALES

CAPÍTULO PRIMERO SECCIÓN I
DEL PROCEDIMIENTO PARA PROPONER UNA NORMA AMBIENTAL

Artículo 357. Las Normas Ambientales Estatales son documentos normativos, que tienen por objeto la regulación de las actividades materia a que se refiere la Ley y cuyo objeto es evitar daños irreparables o irreversibles en el medio ambiente dentro del territorio del Estado.

Artículo 358. Para proponer la creación de Normas Ambientales Estatales, las instituciones de investigación y educación superior, las organizaciones empresariales, los integrantes del sector social, las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal y los ciudadanos en general, deberán hacer llegar la propuesta del proyecto que pretendan crear o reformar a la Secretaría.

En caso de que sea la Secretaría la que proponga el proyecto de Norma Ambiental Estatal, se deberá de cumplir con el procedimiento de consulta y el de formulación, por lo que el área respectiva de la Secretaría, sobre la que verse el tema de la Norma Ambiental Estatal, será la responsable de cumplir con lo señalado en el artículo siguiente.

Artículo 359. Para que una propuesta relacionada con las Normas Ambientales Estatales sea considerada, deberá contener lo siguiente:

I. La denominación de la Norma Ambiental Estatal, así como las finalidades de la misma;

II. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del objeto de la Norma Ambiental Estatal;

III. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método, proceso, instalación o establecimientos que se establezcan en la Norma Ambiental Estatal en razón de su finalidad;

IV. Los métodos de prueba aplicables en relación con la Norma Ambiental Estatal y en su caso, los de muestreo;

V. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su defecto, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones;

VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las Normas Oficiales Mexicanas y demás normas tomadas como base para su elaboración;

VII. Un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales de la propuesta;

VIII. La bibliografía que corresponda a la Norma Ambiental Estatal;

IX. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las Normas Ambientales Estatales cuando exista concurrencia de competencias; y,

X. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de la Norma Ambiental Estatal.

Además el solicitante deberá señalar los requisitos o especificaciones, las condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana que pudiera causar daños al ambiente y que sea materia del proyecto de Norma Ambiental Estatal.

Artículo 360. La Secretaría podrá solicitar a fabricantes, importadores, prestadores de servicios, consumidores o centros de investigación, los datos e información necesaria, que serán incorporados en el proyecto de Norma Ambiental Estatal.

También podrá recabar de éstos para los mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, mismas que serán devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que para éste haya sido necesaria su destrucción.

Artículo 361. La información y documentación que se allegue la Secretaría, se empleará exclusivamente para los fines indicados, respetando la confidencialidad, cuando ésta haya sido exigida y en los términos previstos.

En ningún caso, cualquier información recibida con el objeto de fundamentar las Normas Ambientales Estatales podrá ser divulgada, y en todo caso se respetarán los derechos en materia de propiedad intelectual.

Artículo 362. Corresponde a la Secretaría, revisar que se cumpla con lo establecido en el artículo anterior; y de reunirse todos los requisitos, se someterá a consulta el proyecto de Norma.

Artículo 363. En la elaboración de las Normas Ambientales Estatales, se considerará lo correspondiente a la coordinación con dependencias, coordinaciones o entidades que incidan en la aplicación o vigilancia de las mismas, en cuyo caso la coordinación funcional siempre le corresponderá a la Secretaría.

SECCIÓN II
DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

Artículo 364. La Secretaría someterá a consulta de la sociedad, la propuesta de la Norma Ambiental Estatal hasta por un plazo no mayor de treinta días hábiles después de haber recibido la propuesta.

Artículo 365. La Secretaría emitirá la convocatoria, a través de un periódico de circulación estatal o del Periódico Oficial, para consulta pública, en la que se expondrá el alcance del proyecto de la Norma Ambiental Estatal y recibirá las opiniones que se emitan sobre ella, para ser consideradas en el proyecto definitivo que se apruebe.

Artículo 366. La convocatoria deberá contener lo siguiente:

I. El lugar, fecha y hora;

II. La denominación de la propuesta de proyecto de Norma Ambiental Estatal; y, III. El responsable de la consulta.

SECCIÓN III
DE LA FORMULACIÓN Y EMISIÓN

Artículo 367. Una vez analizadas las propuestas presentadas en la consulta pública, la Secretaría emitirá la Norma Ambiental Estatal, la que deberá contener:

I. Autoridad que lo emite;

II. Fundamentación de la atribución;

III. Considerandos;

IV. Denominación de la Norma y número de identificación; V. Parte Normativa;

VI. Parte transitoria;

VII. Firmas; y,

VIII. Lugar y fecha.

Además se debe señalar la base científica o técnica que apoye su expedición.

Artículo 368. En el caso de que la Secretaría requiera estudios o cálculos adicionales, éstos le serán solicitados al promovente a efecto de hacer posible su análisis y opinión.

Artículo 369. Una vez emitida la Norma Ambiental Estatal la enviará a la Secretaría de Gobierno, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial.

Artículo 370. En caso de emergencia y ante la necesidad de emitir una Norma Ambiental Estatal, la Secretaría podrá emitirla sin cumplir con el procedimiento de consulta a que se refiere la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 371. Cuando una Norma Ambiental Estatal obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la Secretaría para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas.

Para ello deberá acompañar a la solicitud la evidencia científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento al objetivo de la norma respectiva.

Corresponderá a la Secretaría resolver sobre la procedencia o improcedencia de lo propuesto, en el entendido de que mientras no recaiga resolución a la solicitud planteada, la Norma Ambiental Estatal vigente o el acto de autoridad de que se trate será de observancia obligatoria en sus términos.

Artículo 372. Para la modificación de una Norma Ambiental Estatal, la Secretaría realizará el dictamen respectivo y podrá someter a consulta el proyecto de reforma.

LIBRO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

TÍTULO ÚNICO
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Artículo 373. El Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, se integrará con los instrumentos siguientes:

I. Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial;

II. Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural;

III. Estudios, evaluaciones y resoluciones en materia de Impacto y Riesgo Ambiental;

IV. Plan Estatal de Cultura Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sustentable;

V. Programa Estatal de Auditoría Ambiental;

VI. Sistema Estatal de Información sobre vida silvestre;

VII. Licencias de Aprovechamiento de Minerales y Sustancias Pétreas;

VIII. Base de datos del RETC;

IX. Licencias Ambientales Únicas;

X. Programas de control de Emisiones contaminantes;

XI. Programa Estatal de Residuos;

XII. Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial;

XIII. Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial y Planes de Manejo;

XIV. Inventario de Sitios Contaminados;

XV. Contingencias Ambientales;

XVI. Normas Ambientales Estatales;

XVII. El Registro de Denuncias Ciudadanas; y,

XVIII. Los Programas que emita la Secretaría en materia ambiental y de Protección del Patrimonio Natural.

LIBRO SÉPTIMO
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

TÍTULO ÚNICO
DEL FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO

Artículo 374. Los recursos del Fondo Ambiental del Estado se administrarán acorde con el contrato o convenio de administración que el Gobierno del Estado celebre con la Institución Fiduciaria o Bancaria integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de contratación, operación y administración; así como, por las Reglas de Operación que para tal efecto se expidan.

Para el buen desarrollo y cumplimiento de los fines del Fondo Ambiental del Estado, se constituirá un Comité Técnico, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría;

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;

III. Un Vocal, que será el Coordinador de Planeación para el Desarrollo;

IV. Un Vocal, que será el Procurador de Protección al Ambiente del Estado;

V. Un Vocal, que será el Director General de la Comisión Forestal del Estado;

VI. Un representante de la institución fiduciaria, designado y autorizado por la institución bancaria correspondiente; y,

VII. Un comisario público, que será el titular de la Coordinación de Contraloría.

Las atribuciones y funcionamiento del Comité Técnico del Fondo Ambiental del Estado se establecerán en las Reglas de Operación señaladas en este artículo.

LIBRO OCTAVO
DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL

TÍTULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 375. Las disposiciones de este Libro son aplicables a la actuación de los particulares ante las instancias y dependencias competentes respecto de los procedimientos administrativos previstos en las distintas materias que regula la Ley, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa de las mismas.

Las promociones que se presenten ante la Procuraduría y los ayuntamientos deberán hacerse por escrito y en las cuales se precisará lo siguiente:

I. El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, y en su caso de su representante legal;

II. El domicilio para recibir notificaciones en el lugar donde resida la autoridad competente, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;

III. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la misma;

IV. En su caso las pruebas para acreditar los hechos argumentados;

V. La autoridad administrativa a que se dirigen;

VI. El lugar, la fecha de su emisión, así como la firma autógrafa del promovente; y,

VII. La persona que promueva deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su

XII. Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial;

XIII. Padrón de Empresas de Servicios de Residuos de Manejo Especial y Planes de Manejo;

XIV. Inventario de Sitios Contaminados;

XV. Contingencias Ambientales;

XVI. Normas Ambientales Estatales;

XVII. El Registro de Denuncias Ciudadanas; y,

XVIII. Los Programas que emita la Secretaría en materia ambiental y de Protección del Patrimonio Natural.

LIBRO SÉPTIMO
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

TÍTULO ÚNICO
DEL FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO

Artículo 374. Los recursos del Fondo Ambiental del Estado se administrarán acorde con el contrato o convenio de administración que el Gobierno del Estado celebre con la Institución Fiduciaria o Bancaria integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de contratación, operación y administración; así como, por las Reglas de Operación que para tal efecto se expidan.

Para el buen desarrollo y cumplimiento de los fines del Fondo Ambiental del Estado, se constituirá un Comité Técnico, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría;

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;

III. Un Vocal, que será el Coordinador de Planeación para el Desarrollo;

IV. Un Vocal, que será el Procurador de Protección al Ambiente del Estado;

V. Un Vocal, que será el Director General de la Comisión Forestal del Estado;

VI. Un representante de la institución fiduciaria, designado y autorizado por la institución bancaria correspondiente; y,

VII. Un comisario público, que será el titular de la Coordinación de Contraloría.

Las atribuciones y funcionamiento del Comité Técnico del Fondo Ambiental del Estado se establecerán en las Reglas de Operación señaladas en este artículo.

LIBRO OCTAVO
DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL

TÍTULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 375. Las disposiciones de este Libro son aplicables a la actuación de los particulares ante las instancias y dependencias competentes respecto de los procedimientos administrativos previstos en las distintas materias que regula la Ley, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa de las mismas.

Las promociones que se presenten ante la Procuraduría y los ayuntamientos deberán hacerse por escrito y en las cuales se precisará lo siguiente:

I. El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, y en su caso de su representante legal;

II. El domicilio para recibir notificaciones en el lugar donde resida la autoridad competente, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;

III. La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la misma;

IV. En su caso las pruebas para acreditar los hechos argumentados;

V. La autoridad administrativa a que se dirigen;

VI. El lugar, la fecha de su emisión, así como la firma autógrafa del promovente; y,

VII. La persona que promueva deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su pertinentes para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación de los procedimientos, incluyendo la interposición del recurso previsto en la Ley.

Artículo 385. Los interesados deberán señalar en sus escritos, solicitudes o comunicaciones el nombre de su representante común si fuera el caso, incluyendo el domicilio de éste.

CAPÍTULO III
DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS

Artículo 386. Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. Los días considerados como inhábiles serán los sábados y domingos; los que se señalen como de descanso obligatorio por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y los días en que se tengan vacaciones generales o los que así se determinen en virtud de las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado y sus ayuntamientos y en las Condiciones Generales de Trabajo.

Artículo 387. Los términos se computarán por días hábiles, salvo disposición legal en contrario. Podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la Secretaría, la Procuraduría o los ayuntamientos.

Artículo 388. En los plazos que se establezcan por periodos se computarán todos los días, hábiles e inhábiles; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año Calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de Calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de Calendario.

Si el último día del plazo o la fecha determinada fuera inhábil o las oficinas ante las que se realice el trámite estuvieran cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Artículo 389. Las diligencias o actuaciones de los procedimientos administrativos se efectuarán en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en día y hora inhábiles sin afectar su validez.

Artículo 390. La Procuraduría o los ayuntamientos, podrán ampliar fundada y motivadamente los términos y plazos establecidos en la Ley o en el presente Reglamento, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente.

Artículo 391. Para efectos de las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en la Ley o en el presente Reglamento, estos no excederán de quince días hábiles.

CAPÍTULO IV
DE LA RECOMENDACIÓN

Artículo 392. Las recomendaciones tienen como propósito controlar la debida aplicación de la normatividad ambiental por parte de las autoridades.

Cuando exista una comisión u omisión de alguna autoridad y se ponga en peligro la salvaguarda del legítimo interés del derecho a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de toda persona, la Procuraduría, de conformidad con la fracción VIII del artículo 13 de la Ley, podrá emitir las recomendaciones que considere pertinentes, mismas que se clasifican en particulares y generales.

Las recomendaciones generales no particularizan sobre responsabilidad alguna. Se trata de una recomendación general, en buenos términos, con la finalidad de precaver, prevenir, sugerir, aconsejar, fomentar la cultura de la protección y el cuidado de la naturaleza y sus recursos.

Las recomendaciones particulares son aquellas, dirigidas a una o más autoridades, en las que previo a la particularización de responsabilidad de la o las autoridades, se emitirán las mismas.

Artículo 393. Para la formulación de la recomendación deberán analizarse los hechos, argumentos y pruebas, así como las diligencias practicadas y que se practiquen para determinar si las autoridades o servidores han violado o no las disposiciones administrativas materia de la
irregularidad, al incurrir en actos u omisiones ilegales o erróneas, o dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados.

Artículo 394. La recomendación deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Narración concisa de los hechos origen de la violación;

II. Descripción técnica y de la situación jurídica general en la que encuadre la conducta de la autoridad responsable;

III. Observaciones, pruebas y razonamientos técnicos y jurídicos en que se soporte la violación; y,

IV. Indicación de las acciones concretas que se solicitan que la autoridad lleve a cabo para observar la aplicación correcta de la legislación en la materia ambiental, respecto del caso en particular.

Artículo 395. Una vez emitida la recomendación, se notificará de inmediato a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que tome las medidas necesarias para su cumplimiento.

La autoridad a la que se dirija la recomendación, deberá responder si la acepta total o parcialmente ó bien la rechaza en un plazo de diez días hábiles motivando la razón de su aceptación o rechazo a la misma.

La autoridad dispondrá de un lapso de quince días hábiles más para comprobar su cumplimiento, lo cual deberá realizar por escrito ante esta Procuraduría citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para el cumplimiento de las acciones recomendadas, asimismo deberá en su caso anexar las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del asunto.

Artículo 396. La Procuraduría dará seguimiento de las acciones que hayan sido aceptadas por las autoridades a quienes va dirigida.

Artículo 397. La Procuraduría podrá hacer públicas por cualquier medio de comunicación las recomendaciones que emita.

Artículo 398. Las recomendaciones que emita la Procuraduría no afectarán los derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados.

CAPÍTULO V
DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 399. Cualquier persona física o moral podrá denunciar ante la Procuraduría o ante los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, los hechos, conductas u omisiones que contravengan las disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás normatividad ambiental.

Las autoridades estatales y municipales, remitirán a la autoridad competente las denuncias que reciban y que no sean de su competencia. Las denuncias de carácter Federal deberán remitirse a la Delegación en el Estado de la Procuraduría Federal o a la autoridad competente.

Artículo 400. Para que se dé curso a una denuncia, ésta deberá contener los requisitos enunciados en el artículo 167 de la Ley, así mismo podrá formularse por los medios previstos en dicha disposición, debiéndose seguir de igual forma los términos y procedimientos ahí señalados.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Artículo 401. La autoridad competente que reciba la denuncia, acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará.

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, la autoridad notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado a la misma.

Artículo 402. La autoridad iniciará el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia respectivo, efectuando las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.

El denunciante podrá coadyuvar con la autoridad, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes.

Artículo 403. En caso de que no se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciadas producen o pueden producir daños al ambiente o a los Recursos Naturales o contravengan las disposiciones de la normatividad ambiental aplicable, la autoridad lo hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que éste manifieste lo que a sus intereses convenga.

TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 404. Las disposiciones de este Título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, urgente aplicación y/o correctivas determinación de infracciones administrativas y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal o municipal regulados por la Ley.

Artículo 405. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, podrán celebrar convenios de coordinación entre sí para realizar conjuntamente o por separado actos de inspección y vigilancia, para verificar el cumplimiento de las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de ecología, biodiversidad y medio ambiente.

Artículo 406. No se requerirá notificación previa para llevarse a cabo las visitas de inspección previstas en la Ley y el presente Reglamento, para las cuáles se deberá observar lo establecido en los párrafos penúltimo y último del artículo 188 de la Ley.

Artículo 407. En términos del artículo 188 de la Ley, en caso de que el personal comisionado por la autoridad correspondiente, una vez cumplido el procedimiento que ahí se prevé, no encuentra persona alguna con quien entender la diligencia, la misma se llevará a cabo, siempre y cuando las circunstancias del caso especial permitan recabar la información necesaria para circunstanciar debidamente el acta respectiva, sin que tal situación no invalide dicha diligencia y su resultado.

Artículo 408. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia,
haciéndose constar además el cumplimiento de las formalidades legales correspondientes, debiéndose asentar:

I. Nombre, denominación o razón social del inspeccionado;

II. Hora, día, mes y año en el que se inició y concluyó la diligencia;

III. Calle, número, coordenadas, zona, población o colonia, Municipio o código postal correspondiente que permitan identificar el lugar en que se practique la visita;

IV. Número y fecha de la orden que la motivó;

V. Nombre, cargo e identificación de la persona con quien se entendió la diligencia;

VI. Nombres, domicilios e identificación de las personas que fungieron como testigos;

VII. Datos relativos a la actuación;

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y,

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Artículo 409. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, se procederá a su análisis, y si de la misma se derivan irregularidades a la Ley y demás normativa aplicable, fundando y motivando el acto, iniciará el procedimiento correspondiente, emplazando al mismo al presunto infractor o su representante legal, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, otorgándole el término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con los hechos u omisiones que en la misma se hubieren asentado; así mismo, y en caso de proceder, requerirá la adopción inmediata de Medidas correctivas o de urgente aplicación necesarias para cumplir con las disposiciones de la Ley, sus Reglamentos y demás aplicables, así mismo, podrá decretar las medidas de seguridad pertinentes.

Artículo 410. Recibida el acta de inspección, la autoridad ordenará el archivo del asunto cuando:

I. Del acta se desprenda que no existen irregularidades;

II. En la visita el infractor demuestre que ha cumplido con las obligaciones objeto de la misma; y,

III. Posterior a la visita y previo al inicio del procedimiento, el visitado compruebe el cumplimiento de las obligaciones objeto de la misma.

Artículo 411. Las Medidas de Seguridad, Correctivas o de Urgente Aplicación tendrán por objeto:

I. Evitar que se sigan ocasionando afectaciones a los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas, a los ecosistemas de las áreas naturales protegidas o a la vida silvestre;

II. Restablecer la continuidad de los procesos evolutivos ecológicos y condiciones de los Recursos Naturales afectados por las actividades o acciones llevadas a cabo en las áreas naturales protegidas;

III. Generar un efecto positivo alternativo y equivalente a los efectos adversos en el ambiente, los ecosistemas y sus elementos, así como evitar la probable generación de daño al ambiente, desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los Recursos Naturales o casos de contaminación ostensible o con repercusiones peligrosas para los Ecosistemas y sus componentes, daño a la salud pública, o se rebasen los límites y condiciones establecidos en la normatividad vigente, que se hubieren identificado en las visitas y procedimientos de inspección y vigilancia; y,

IV. Regular la situación legal ambiental de los particulares.

Artículo 412. Cuando una obra o actividad no se lleve a cabo en los términos de la autorización otorgada, en las materias que regula la Ley y su Reglamento, se ordenará o solicitará, en su caso, la suspensión de la ejecución de la obra o de la realización de la actividad de que se trate y procederá a evaluar las causas y consecuencias del incumplimiento, a fin de, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO II
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 413. La Procuraduría podrá realizar visitas de inspección y vigilancia a los centros de verificación vehicular autorizados de manera previa al inicio del Programa correspondiente y durante su vigencia, de oficio o en atención a la denuncia ciudadana.

Artículo 414. Cualquier denuncia deberá hacerse por escrito, dirigida a la Procuraduría y deberá contener:

I. Nombre y domicilio del denunciante;

II. Número y ubicación del Centro de Verificación Vehicular sobre el que versa la queja o denuncia, y de ser posible nombre de la persona que lo atendió;

III. Relación de los hechos; y,

IV. Fecha y firma.

Una vez recibida la denuncia o queja, la Procuraduría para su substanciación observará lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.

Artículo 415. Los propietarios, responsables o personal que se encuentren en el Centro de Verificación Vehicular durante la visita de inspección, tendrán la obligación de permitir el acceso en todo momento de los inspectores al lugar, a la información y dar facilidades para que realicen adecuadamente su labor.

Artículo 416. De toda acta elaborada se dejará copia al personal que haya atendido la diligencia aunque éste se haya negado a firmarla, lo que no afectará la validez de la misma, siempre y cuando se haga constar tal circunstancia en la misma. Las actas elaboradas deberán incluir los requisitos previstos en el artículo 188 de la Ley.

Artículo 417. Una vez realizada la inspección, la Procuraduría determinará lo conducente con base al procedimiento establecido en la Ley y en el presente Reglamento.

TÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO PARA SU IMPOSICIÓN

Artículo 418. Cuando exista riesgo inminente de Daño ambiental, actividades riesgosas, daño o deterioro grave a los Recursos Naturales o casos de contaminación ostensible o con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud de los seres vivos, la Procuraduría o el Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, fundada y motivadamente podrán ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 197 de la Ley.

Las medidas de seguridad ordenadas por las autoridades competentes en caso de riesgo, son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y en su caso correctivas, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan, por las infracciones cometidas. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas y deberán ser notificadas por escrito al infractor para su inmediata ejecución.

Artículo 419. Las medidas de seguridad se podrán aplicar cuando del resultado de las visitas de inspección se presuma que existe alguno de los supuestos previstos por el artículo 197 de la Ley, o cuando se detecte por la autoridad competente la flagrancia en la comisión de una infracción administrativa grave, así mismo, en cualquier etapa del procedimiento administrativo y al momento de emitirse la resolución definitiva correspondiente.

Artículo 420. Cuando se ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, se indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

TÍTULO V
DE LOS DICTÁMENES TÉCNICOS Y PERICIALES DE DAÑOS OCASIONADOS POR VIOLACIONES O INCUMPLIMIENTOS A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN MATERIA AMBIENTAL

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 421. Corresponde a la Procuraduría formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños ocasionados por violaciones o incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental, supervisar la realización de las medidas propuestas para repararlo una vez validadas y verificar su cumplimiento para emitir la Resolución que ponga fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así como cualquier resolución que resulte necesaria.

Artículo 422. Los responsables de obras o actividades a que hacen referencia los artículos 34 de la Ley y 56 de este Reglamento, independientemente de las sanciones a que sean sujetos, deberán presentar un estudio de daño para ser validado por la Procuraduría en términos del artículo anterior cuando:

I. Inicien obras o actividades sin contar con la autorización correspondiente en materia de evaluación del Impacto ambiental;

II. Realicen modificaciones al proyecto después de emitida la autorización en materia de Impacto ambiental y/o riesgo ambiental, sin someterlas a la consideración de la Secretaría como lo establece el artículo 72 de este Reglamento; y,

III. Se omita dar cumplimiento a los términos de la autorización respectiva y a las medidas propuestas en el estudio de Impacto ambiental respectivo.

Artículo 423. El Estudio de Daño deberá contener al menos: I. Datos de Identificación, en los que se mencione:

a) El nombre y la ubicación del proyecto;

b) Los datos generales del promovente; y,

c) Los datos generales del responsable de la elaboración del informe.

II. Referencia, según corresponda:

a) A las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el Aprovechamiento de Recursos Naturales, aplicables a la obra o actividad;

b) Al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población o el Programa parcial de desarrollo urbano o de Ordenamiento Ecológico Local en el cual queda incluida la obra o actividad; o,

c) A la autorización de la Secretaría del parque industrial en materia de Impacto ambiental en el que se ubique la obra o actividad.

III. La siguiente información:

a) La descripción general de la obra o actividad realizada;

b) La identificación de las sustancias o productos empleados y que generaron afectaciones al ambiente, así como sus características físicas y químicas;

c) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos generados, así como las medidas de control realizadas o que se pretendan llevar a cabo;

d) La descripción de las características ambientales previas a la perturbación de la actividad, haciendo énfasis en los procesos que hacen posible el mantenimiento y prestaciones de los Bienes y servicios ambientales , y en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto;

e) La descripción de la situación actual, evaluando la afectación al medio derivado de la ejecución de la obra o actividad;

f) Las medidas propuestas para restablecer los procesos naturales que hayan sido afectados y que aseguren la continuidad de los servicios ambientales y designación de responsable;

g) El programa de actividades conteniendo indicadores de desempeño;

h) Los planos de localización del área en donde se llevó a cabo el proyecto; y, i) Las condiciones adicionales que se señale en las guías metodológicas.
Artículo 424. La Procuraduría publicará en el Periódico Oficial las guías metodológicas para la elaboración del estudio de daño.

Artículo 425. La Procuraduría dentro del proceso de integración del expediente respectivo realizará las visitas a los sitios afectados por las obras y actividades, con la finalidad de verificar la veracidad de la información contenida en los estudios de daño y podrá solicitar al promovente, la información que considere necesaria respecto al contenido del estudio de daño para que dentro de un plazo máximo de quince días hábiles cumpla con lo requerido.

Artículo 426. En la validación del estudio de daño, la Procuraduría, observará entre otros, lo siguiente:

I. Los Ordenamientos Ecológicos Territoriales: Estatal, Regionales, Locales y Comunitarios de acuerdo a su ámbito de aplicación;

II. Los Programas de Desarrollo Urbano básicos y derivados.

III. Las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Restauración y protección y sus Programas de Manejo;

IV. Las Normas Oficiales Mexicanas y Ambientales Estatales;

V. Los criterios ambientales para la protección y Aprovechamiento racional de los elementos naturales y para la protección al medio ambiente;

VI. La estrategia para la Conservación y uso sustentable de la diversidad biológica del estado;

VII. La regulación ecológica y ambiental de los asentamientos humanos; y,

VIII. Las demás que señale la normatividad ambiental aplicable.

Artículo 427. La Procuraduría, podrá exigir la contratación de seguros y garantías de responsabilidad civil o de daños al ambiente respecto del cumplimiento de las medidas propuestas en el estudio de daño o en las materias cuya realización puedan producir daños graves a los ecosistemas en términos del artículo 74 de este Reglamento.

Artículo 428. La Procuraduría, fijará el monto de los seguros y garantías atendiendo al valor de la reparación de los daños que puedan ocasionarse por el incumplimiento de los términos referidos en las autorizaciones.

En caso de no otorgarse por el promovente el seguro o la garantía en el término que establezca la Procuraduría en la validación correspondiente, ésta aplicará la medida de seguridad correspondiente.

Artículo 429. El promovente deberá en su caso, renovar o actualizar anualmente los montos de los seguros o garantías que haya otorgado.

La Procuraduría, dentro de un plazo de diez días, ordenará la cancelación de los seguros o garantías, cuando el promovente acredite que ha cumplido con todos los términos y condicionantes, en su caso, que les dieron origen y haga la solicitud correspondiente.

Artículo 430. Los recursos que se obtengan por el cobro de seguros o la ejecución de garantías serán ingresados al fondo ambiental para la reparación del Daño ambiental ocasionado por la obra o actividad de que se trate.

Artículo 431. La validación del estudio de daño que expida la Procuraduría sólo podrán referirse a los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate y su vigencia será determinada por esa autoridad ambiental, la cual no podrá exceder del tiempo propuesto para la reparación del sitio en el Programa de actividades del estudio de daño.

Asimismo, el promovente deberá dar aviso a la Procuraduría del inicio y la conclusión de las actividades, así como el cambio en la titularidad de derechos del promovente.

Artículo 432. La validación del estudio de daño que dicte la Procuraduría, podrá autorizar la realización de las medidas propuestas a que hace referencia el artículo 423 fracción III inciso f) del presente Reglamento, en los términos solicitados, o negar dicha autorización, en cuyo caso deberá realizar un nuevo estudio atendiendo las observaciones que indique la Procuraduría.

En cualquier supuesto que resuelva la Procuraduría, ésta deberá notificarlo personalmente al interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la expedición de la resolución de que se trate.

TÍTULO VI
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DE LA SUSPENSIÓN, REVOCACIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN, PERMISO O LICENCIA

Artículo 433. Las infracciones previstas en la Ley y el presente Reglamento, serán sancionadas por la Procuraduría o los ayuntamientos en su caso, en los términos de lo previsto en el Título Octavo de la Ley, y de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 434. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, Permiso, licencia y de toda autorización otorgada en términos de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 435. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán para los fines previstos en el Fondo Ambiental del Estado, para el financiamiento, preferentemente, de Programas y acciones vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere la Ley.

Artículo 436. En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo la Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. La autoridad correspondiente podrá iniciar el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 437. Las infracciones que constituyan violaciones a las disposiciones normativas aplicables que no tengan sanción específica, serán sancionadas de conformidad con las reglas previstas en la Ley y el presente Reglamento, observándose las reglas siguientes:

I. Las multas serán aplicadas por, la Procuraduría o la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia por los montos previstos en la Ley y el presente Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables; y,

II. La clausura de actividades, obras, la suspensión o revocación de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones serán aplicadas por la Secretaría, la Procuraduría o la autoridad municipal en el ámbito de su competencia.

Artículo 438. Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad penal que se derive de la comisión de delitos por dichas conductas o derivadas.

Artículo 439. Si una vez concluido el plazo concedido por la autoridad para subsanar las infracciones que se hubiesen cometido resultase que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrá imponerse el pago de multa por cada día que transcurra sin acatar el mandato y que el total de las multas no exceda del máximo permitido en cada caso, con independencia de que se declare la reincidencia.

En caso de reincidencia, además de que el monto del pago de multa podrá ser hasta por dos veces el monto original impuesto sin excederse del doble del máximo permitido, se impondrá la clausura o cancelación definitiva.

Artículo 440. La Procuraduría o el Ayuntamiento, podrán promover ante las autoridades respectivas, la base de los estudios que para tal efecto realice en la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualquier actividad que afecte al ambiente o que pueda causar algún desequilibrio ecológico.

Artículo 441. Cuando el infractor cometa uno o más hechos y con ello viole alguna de las disposiciones de la Ley y su Reglamento, se acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

Artículo 442. Las violaciones a los preceptos de la Ley y al presente Reglamento, constituyen infracción, considerándose violaciones a las mismas y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, considerándose de manera general las siguientes:

I. En caso de reincidencia, multa equivalente de 2 a 100 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien habiendo sido apercibido haga caso omiso a las disposiciones establecidas por la Procuraduría;

II. Multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien:

a) Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares de descarga de aguas residuales;

b) Obstruya la labor del personal autorizado al realizar la inspección ambiental fundamentada por orden escrita; y,

c) Se conduzca con falsedad en los informes preventivos, manifestaciones de Impacto ambiental, estudios de riesgo o estudios de daños ambientales.

III. Multa equivalente de 2 a 500 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien no cumpla con las Medidas Correctivas o de Urgente Aplicación en los plazos, términos y condiciones, impuestas dentro y como resultado del procedimiento de inspección y vigilancia;

IV. Multa equivalente de 5,000 a 20,000 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien:

a) Realice obras o actividades que dañen gravemente el medio ambiente o que pongan en peligro la salud de las personas; y,

b) Se abstenga de reparar los daños ecológicos causados al suelo, subsuelo y estructuras geomorfológicas.

V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando:

a) El infractor hubiere incumplido dentro de los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las Medidas Correctivas o de Urgente Aplicación ordenadas;

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos adversos al ambiente o a la salud de las personas o al medio ambiente; y,

c) En casos de incumplimiento en tres o más ocasiones, a alguna o algunas Medidas Correctivas o de Urgente Aplicación impuestas por la autoridad.

VI. La revocación del Permiso, licencia o autorización que en el ámbito de su competencia hubieren otorgado, cuando así lo amerite la naturaleza y gravedad de la infracción; y,

VII. La reparación del Daño ambiental, bajo los términos establecidos en la Ley.

Artículo 443. Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente Reglamento y demás que se deriven por violaciones a la normatividad ambiental, la Procuraduría o los ayuntamientos deberán atender a lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley.

Artículo 444. Independientemente de las sanciones que procedan, y cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad ambiental competente podrá solicitar a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación, o cancelación de la concesión, Permiso, licencia y, en general, de toda autorización otorgada en términos de la ley respectiva. En caso de que las autorizaciones mencionadas, se hayan otorgado por la misma autoridad que llevó a cabo el procedimiento, serán estas quienes procedan a la suspensión, revocación o cancelación que corresponda.

Artículo 445. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, sin exceder el máximo permitido.

Artículo 446. Las violaciones a los preceptos del Título Segundo, Capítulo III, Sección I de la Ley y Libro Segundo, Título II del presente Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado por no contar con la autorización previa en materia de Impacto ambiental otorgada por la Secretaría, para la realización u operación de las obras y actividades señaladas en la Ley, la ampliación de una obra existente o realice nuevas actividades industriales, comerciales o de servicios, que puedan ocasionar un daño al medio ambiente; y,

II. Multa equivalente de 2 a 2,000 días de salario mínimo vigente en el Estado por no cumplir con los términos, condicionantes y medidas de mitigación ordenadas en la autorización en materia de Impacto ambiental.

Artículo 447. Las violaciones a los preceptos del Capítulo III Sección II de la Ley y Libro Segundo, Título II del presente Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría, de la siguiente forma:

Única. Multa equivalente de 2 a 5,000 días de salario mínimo vigente en el Estado por la realización de actividades riesgosas sin contar con la autorización del Estudio de riesgo ambiental correspondiente.

Artículo 448. Las violaciones a los preceptos del Título Tercero de la Ley y Libro Tercero del presente Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente forma:
I. Multa equivalente de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien, realice obras o actividades de explotación o Aprovechamiento de recursos, que no estén autorizadas, en áreas naturales protegidas, áreas voluntarias para la conservación, zonas de restauración y/o protección ambiental de competencia estatal; y,

II. Multa equivalente de 5,000 a 20,000 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien, ocasione, como consecuencia de su acción, un daño sobre cualquier áreas naturales protegidas, áreas voluntarias para la conservación, zonas de restauración y/o protección ambiental de competencia estatal.

Artículo 449. Las violaciones a los preceptos del Título Cuarto, Capítulo III de la Ley y Libro Cuarto, Título I de este Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, conforme a lo que se establezca en los Convenios de Colaboración y Coordinación que estos celebren con la Federación, referentes a la materia de protección a la vida silvestre.

Artículo 450. Las violaciones a los preceptos del Título Cuarto, Capítulo IV de la Ley y Libro Cuarto, Título II de este Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, cuando se realicen actividades de exploración, explotación, extracción y Aprovechamiento de materiales o sustancias no reservadas a la Federación, sin contar con la autorización correspondiente;

II. Multa equivalente de 1,000 a 3,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, cuando habiéndose obtenido la licencia correspondiente, ésta hubiere expirado y no se renueve, se sigan realizando actividades de exploración, explotación, extracción y Aprovechamiento de materiales o sustancias no reservadas a la Federación;

III. Multa equivalente de 500 a 2,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, cuando no se cumpla con los términos establecidos en la licencia respectiva;

IV. Multa equivalente de 200 a 600 días de salario mínimo vigente en el Estado, cuando no se cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales para la exploración, explotación, extracción y Aprovechamiento de materiales o sustancias no reservadas a la Federación; y,

V. Multa equivalente de 1,000 a 20,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, a quien no restaure y reforeste las áreas utilizadas una vez concluidos los trabajos de exploración, explotación, extracción y Aprovechamiento de materiales o sustancias no reservadas a la Federación.

Artículo 451. Las violaciones a los preceptos del Título Quinto de la Ley y Libro Quinto del presente Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 2 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado por la emisión de Contaminantes a la atmósfera por encima de los niveles máximos permisibles establecidos en las normas ambientales aplicables;

II. Multa equivalente de 2 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado, por no contar con sistemas o equipos de control de sus Emisiones contaminantes a la atmósfera, derivadas de su proceso, para no rebasar los niveles máximos permisibles establecidos en las normas ambientales;

III. Multa equivalente de 2 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por no contar con puntos de Monitoreo y de muestreo establecidos;

IV. Multa equivalente de 2 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por no contar con la bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y control;

V. Multa equivalente de 100 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado por no contar con la Licencia Ambiental Única;

VI. Multa equivalente de 100 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, por no contar con la Cédula de Operación Anual;

VII. Multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por no llevar a cabo el Monitoreo perimetral de las Emisiones contaminantes a la atmósfera;

VIII. Multa equivalente de 2 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por no dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de la operación de sus procesos, en el caso de paros programados, y de inmediato cuando sean circunstanciales, cuando pueda provocarse contaminación;

IX. Multa equivalente de 2 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por no establecer las medidas y acciones que deberán efectuarse en caso de contingencia;

X. Multa equivalente de 50 a 200 días de salario mínimo vigente en el Estado por no elaborar y someter a la Secretaría un Programa de prevención, minimización, tratamiento, disposición y Reutilización de Contaminantes atmosféricos o reciclamiento para el caso de residuos, cuando éste se requiera por la cantidad o naturaleza de los Contaminantes o residuos generados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley; y,

XI. Multa equivalente de 2 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por quemar Residuos Sólidos Urbanos y especiales, así como quemas agrícolas e Incineración peligrosas.

Artículo 452. Las violaciones a los preceptos del Título Quinto, Capítulo III, Sección III de la Ley, Libro Quinto, Título I, Capítulos III y IV de este Reglamento constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 15 a 20 días de salario mínimo general vigente en el Estado, por cada uno de los periodos que se haya incumplido, por conducir Vehículos automotores que estando incluidos en el Programa no se hayan verificado;

II. Multa de 6 a 12 días de salario mínimo general vigente en el Estado por conducir Vehículos automotores que contaminen ostensiblemente;

III. Multa equivalente de 30 a 60 días de salario mínimo general vigente en el Estado, por infringir las medidas que dicten las autoridades competentes para prevenir y controlar contingencias ambientales o emergencias ecológicas, derivadas de Emisiones contaminantes de los Vehículos automotores y demás que se dicten conforme al presente Reglamento;

IV. Multa equivalente de 300 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado por utilizar en el procedimiento de Verificación vehicular instrumentos ajenos al equipo analizador autorizado, así como alterarlo, homologado por la Secretaría;

V. Multa equivalente de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, por realizar el servicio de Verificación vehicular fuera del domicilio del que fue autorizado;

VI. Multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado, por no entregar en tiempo y forma los informes mensuales a que se refiere el Reglamento de la Ley;

VII. Multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado, por cobrar un precio diferente al de la tarifa establecida en el presente Reglamento;

VIII. Multa equivalente de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, por alterar los certificados de verificación vehicular con Holograma;

IX. Multa equivalente de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, por comercializar u otorgar el Certificado, la Constancia de Rechazo o el Holograma de Verificación vehicular, o bien constancias de estos documentos, sin que previamente se haya realizado la prueba de Verificación vehicular;

X. Multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado, por impedir u obstaculizar las visitas de inspección a los centros de verificación vehicular, que practique la Secretaría o la Procuraduría, con motivo de la vigilancia de los Programas de Verificación Vehicular; y,

XI. Multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado, por incurrir en cualquier acto que implique incumplimiento parcial o total de la Ley, su Reglamento o el Programa correspondiente o de la normativa aplicable.

La reincidencia en las infracciones en las fracciones IV a la XI, dará lugar a la revocación del Permiso y hacer efectiva la fianza depositada.

El mal uso de la papelería oficial del Programa, será de la estricta responsabilidad del Centro de Verificación Vehicular, por lo que en su caso, se dará vista al Ministerio Público por el delito que proceda y de inmediato sin mayor trámite se cerrará el Centro de Verificación Vehicular, revocándose el Permiso correspondiente y haciéndose efectiva la fianza.

Artículo 453. Sin perjuicio de la imposición de otras sanciones previstas en este Reglamento, procederá la suspensión del Permiso del Centro de Verificación Vehicular, a los permisionarios que:

I. Alteren o modifiquen los términos o condiciones del Permiso;

II. No proporcionen el mantenimiento necesario para el adecuado funcionamiento del equipo e instalaciones de los centros de verificación vehicular;

III. No presten el servicio de Verificación vehicular con la debida eficiencia y prontitud a los propietarios o conductores de vehículos;

IV. No acrediten contar con personal capacitado para la prestación del servicio; y,

V. Por sí o por terceras personas, obstaculicen las supervisiones que realicen las autoridades competentes.

Artículo 454. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan a los permisionarios conforme a lo dispuesto en este Reglamento, procederá la revocación del Permiso del Centro de Verificación Vehicular y se hará efectiva la fianza depositada cuando:

I. Las verificaciones no se realicen conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y al Programa;

II. En forma dolosa o negligente se alteren los procedimientos o el equipo de Verificación;

III. Se alteren las tarifas establecidas en el Programa;

IV. Se verifique un vehículo para otorgarle el Certificado a otro;

V. Transcurrido el plazo fijado por la Secretaría, no se hubieren subsanado las causas que dieron motivo a la suspensión del Permiso;

VI. Quien preste el servicio de Verificación deje de tener la capacidad o las condiciones técnicas necesarias para la debida prestación de este servicio;

VII. Por dos ocasiones se hubiera determinado la suspensión del Permiso del Centro de Verificación Vehicular;

VIII. Cuando el Permiso para operar un Centro de Verificación Vehicular sea aprovechado por persona distinta a su titular;

IX. Cuando un Permisionario o el personal del Centro de Verificación Vehicular, expidan certificados, hologramas o constancias de rechazo que pertenezcan a otros centros de verificación vehicular;

X. Cuando, de acuerdo a la evaluación realizada por la Secretaría, el Centro de Verificación Vehicular no se encuentre acondicionado y listo para operar, en la fecha que lo determine el Programa o la Secretaría;

XI. Cuando por causas imputables al Permisionario, el Centro de Verificación Vehicular no inicie sus operaciones en los plazos señalados por la Secretaría; y,

XII. Cuando se haga mal uso de la papelería oficial del Programa. Además de la revocación del Permiso correspondiente y de hacer efectiva la fianza depositada, en su caso, se dará vista al Ministerio Público.

Artículo 455. Las violaciones a los preceptos del Título Quinto, Capítulo IV de la Ley y Libro Quinto, Título I, Capítulo V del presente Reglamento, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado, por rebasar los límites máximos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales, relacionadas con las emisiones de Ruido, Vibraciones, energía térmica, lumínica, visual, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales;

II. Multa equivalente de 50 a 200 días de salario mínimo vigente en el Estado por no llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de Contaminantes en el ambiente relacionadas con las emisiones de Ruido, Vibraciones, energía térmica, lumínica, visual, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales; y,

III. Multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo vigente en el Estado por presentar un estudio perimetral de Ruido.

Artículo 456. Las violaciones a los preceptos del Título Quinto, Capítulos V y VI de la Ley, Libro Quinto, Título II del presente Reglamento constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Estado a quien:

a) Genere, maneje o disponga Residuos de Manejo Especial sin previa autorización; y,

b) Deposite, incentive, abandone, derrame o queme Residuos Sólidos Urbanos o de Manejo Especial en bienes de uso común, caminos, carreteras, derechos de vía, lotes baldíos, predio de propiedad privada y cuerpos o corrientes de agua de competencia estatal.

II. Multa equivalente de 1,000 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el Estado, por Disposición Final inadecuada de los Residuos de Manejo Especial en suelos de competencia local; y,

III. Multa equivalente de 300 a 1,500 días de salario mínimo vigente en el Estado, por no contar con el registro como Generador de residuos, bitácora de Generación, Plan de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.

Artículo 457. Las violaciones a los preceptos del Libro Octavo, Título V del presente Reglamento constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Procuraduría o los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente forma:

I. Multa equivalente de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el Estado por no contar con el Dictamen de Daño ambiental validado por la Procuraduría; y,

II. Multa equivalente de 1,000 a 2,000 días de salario mínimo vigente en el Estado por no cumplir con las condicionantes y medidas propuestas en el estudio de Daño ambiental validado por la Procuraduría.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial el 17 de mayo de 2004 y se dejan sin efecto las demás disposiciones administrativas, en lo que se opongan al presente Reglamento.

Hasta en tanto la Secretaría publique las actividades riesgosas de competencia estatal quedarán vigentes los artículos 59 y 60 del Reglamento que se abroga.

Artículo Tercero. Las disposiciones señaladas en el presente Reglamento entrarán en vigencia hasta el 1° de enero del año 2011, respecto del Programa de Verificación Vehicular del Estado de Michoacán de Ocampo para el segundo semestre del año 2010, periodo durante el cual seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo Cuarto. Para los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial que hayan iniciado su proceso, la Secretaría y/o Ayuntamiento según corresponda, contarán con un término de un año para la integración del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial correspondiente, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo Quinto. La Secretaría brindará apoyo a las dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, para que se implementen los Sistemas de Gestión Ambiental en un plazo no mayor a 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo Sexto. El Comité Técnico para el Registro y la Acreditación de Auditores Ambientales en el Estado, será constituido en un plazo de seis meses, contados a partir de que entre en vigor el presente Reglamento.

Artículo Séptimo. En tanto se constituye el Comité Técnico para el Registro y la Acreditación de Auditores Ambientales en el Estado y se cuente con las unidades necesarias, podrán realizar auditorías ambientales con validez ante la Procuraduría, las unidades de Verificación en materia de Auditoría ambiental acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Artículo Octavo. De conformidad al artículo 374 del presente Reglamento, el Acuerdo por el que se reforman las Reglas de Operación del Fondo Ambiental del Estado, publicadas en el Periódico Oficial, el día 18 de febrero del año 2010, permanecerán vigentes.

Morelia, Michoacán, a 19 de julio de 2010.

A t e n t a m e n te
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gobernador Constitucional del Estado
Leonel Godoy Rangel
(Firmado)

El Secretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca (Firmado)

La Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente
Catalina Rosas Monge
(Firmado)

La Coordinadora de Contraloría Rosa María Gutiérrez Cárdenas (Firmado)

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