LXXII Legislatura | H. Congreso del Estado de Michoacán

Publicado en el Periódico Oficial, el jueves 4 de marzo del 2004, tomo CXXXIII, núm. 4

Reglamento de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Michoacán

TEXTO ORIGINAL

Publicado en el Periódico Oficial, el jueves 4 de marzo del 2004, tomo CXXXIII, núm. 4

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, en cumplimiento de lo previsto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y en base al Acuerdo del Pleno ordinario celebrado el 28 de agosto del 2003, que creó la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado, aprueba y expide el siguiente:

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

TÍTULO PRIMERO

De su estructura.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Este Reglamento tiene por objeto regular la estructura, criterio, procedimientos institucionales, objetivos, atribuciones y competencias de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado, de conformidad con las bases y principios previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo 2°.- En la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, de las normas y principios del Acuerdo del Pleno que la creó así como de este Reglamento, la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información deberá sustentarse en el principio de publicidad de la información, y en el ámbito de su competencia, respetar y promover el ejercicio del derecho que asiste a toda persona de solicitar y recibir información pública del Poder Judicial.

Arculo 3°.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I.          Ley: La Ley de Acceso a la Información Pública  del Estado de Michoacán de Ocampo;

II.         Acuerdo: El acto jurídico administrativo mediante el cual, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, resolvió la creación de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información;

III.        Comisión: La Comisión Estatal de Acceso a la Información del Estado de Michoacán de Ocampo;

IV.       Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Michoacán, incluyendo el Supremo Tribunal de Justicia y su Presidencia, y los Jueces de Primera Instancia, Municipales y de Tenencia, a  través de los cuales se ejerce la función jurisdiccional y la administrativa que les es propia, más el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia;

V.        Comunicación Social: El órgano así denominado, encargado de la información o enlace con la sociedad civil, los medios masivos informativos,   con los funcionarios públicos correspondientes y sus homólogos en idénticas funciones;

VI.       Información Pública: Todo archivo, registro o cualquier dato que se guarde, se mantenga, se procese o se encuentre a disposición del Poder Judicial del Estado de Michoacán;

VII.      Información Confidencial: Toda la información que se encuentre a disposición del Poder Judicial del Estado, relacionada con las personas, que esté protegida conforme al derecho fundamental a la privacidad;

VIII.     Información Reservada: Toda la información pública a la disposición del Poder Judicial del Estado, que se encuentre temporalmente sujeta a algunas de las excepciones establecidas en la Ley, en el Acuerdo o en este Reglamento;

IX.       Habeas Data: Derecho subjetivo público para exigir la protección a la privacidad de los datos personales que obren a disposición del Poder Judicial del Estado;

X.        Unidad: El órgano denominado Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Michoacán;

XI.       Jefe de la Unidad: El servidor público designado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, responsable de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; y,

XII.      Solicitante o peticionario: Todo ciudadano o persona, que conforme a la Ley, al Acuerdo y a este Reglamento, ejerza su derecho de acceso a la información pública frente al Poder Judicial del Estado o su derecho de habeas data.

Artículo 4°.- La Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial, para el cumplimiento de sus funciones legales y la atención de los objetivos que le asigna la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de su creación, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se integra con:

I.          Un Jefe de la Unidad;

II.         Un Auxiliar;

III.        Un Encargado de enlace informativo; y,

IV.       Una Secretaria.

Artículo 5°.- La Unidad y su Jefe responderán ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los demás integrantes de aquélla responderán ante el Jefe de la misma.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Unidad y su Jefe

Artículo 6°.- La Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial, será el órgano administrativo de enlace social responsable de la Comunicación, a fin de informar a la sociedad de las actividades propias del Poder Judicial que conforme a la ley respectiva, el Acuerdo de su creación y su Reglamento deban de hacerse del conocimiento, así como las culturales, académicas, cívicas o de otra índole que realice el Supremo Tribunal de Justicia, y a su vez, recabando de los medios y de la sociedad civil los comentarios o críticas sobre el desempeño de sus funcionarios; siendo igualmente la responsable de la recepción de las solicitudes de acceso a  la información pública y del  derecho de habeas data, y la encargada de llevar a cabo la liberación de la información correspondiente.

Artículo 7°.- A la Unidad le corresponde, además de las precisadas en el Acuerdo de su creación, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.          Velar por el cumplimiento de las obligaciones que en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, se asignan al Poder Judicial, así como los derivados del Acuerdo del establecimiento de la  Unidad y de este Reglamento;

II.         Recibir, atender y tramitar hasta su resolución definitiva las solicitudes de acceso a la información del Poder Judicial, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, y de habeas data conforme a lo previsto en la Ley, en el Acuerdo fundatorio de la Unidad y de este Reglamento;

III.        Recibir, tramitar y resolver en aplicación de lo dispuesto por el Capítulo Octavo, del Art. 46 al 57, de la Ley de Acceso a la Información Pública y lo relativo en el Acuerdo creador de la Unidad y de este reglamento, los recursos de inconformidad;

IV.       Desarrollar las acciones que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso a la Información, dentro del ámbito del Poder Judicial;

V.        Establecer la coordinación necesaria con los órganos y dependencias del Poder Judicial, particularmente con el "Sistema Morelos" de información, a efecto de implementar las medidas y procedimientos administrativos para garantizar la eficaz disponibilidad de la información;

VI.       Preparar los informes anuales previstos en el Art. 44 de la Ley de Acceso a la Información y los mensuales ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, señalados en la fracción VIII del apartado de "Atribuciones y Competencias de la Unidad..." del Acuerdo de su creación;

VII.      Dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 20 apartado B fracción I de la Constitución General de la República, relacionado con las garantías procesales de la víctima o del ofendido; y,

VIII.     Los demás que a su cargo establezca el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Artículo 8°.- Para ser Jefe de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información se requiere:

I.          Ser mexicano;

II.         Tener como mínimo 30 años cumplidos al día de la designación;

III.        Tener título profesional de licenciatura, con un mínimo de 5 años de experiencia profesional;

IV.       Contar con conocimientos en materia del derecho de acceso a la información y con experiencia en comunicación social; y,

V.        No haber sido condenado por delito doloso, con pena mayor a un año de prisión, ni sancionado administrativamente por falta grave, con motivo del desempeño de cargos en el servicio público.

CAPÍTULO TERCERO

DEL AUXILIAR, ENCARGADO DE ENLACE INFORMATIVO Y SECRETARIA

Artículo 9°.- El Auxiliar de la Unidad tendrá las siguientes funciones:

I.          Las que le asigne el Acuerdo de creación de la Unidad y el Jefe de la misma, en apoyo a las actividades derivadas del enlace social y comunicación con los medios informativos prensa escrita, radio, televisión e internet;

II.         Recibir y tramitar, hasta la elaboración del proyecto de resolución definitiva que turnará al Jefe de la Unidad, las solicitudes ciudadanas de acceso a la información del Poder Judicial, incluido el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de habeas data, conforme a la Ley de la materia y a este Reglamento;

III.        Recibir y tramitar, hasta elaborar proyecto de resolución que turnará al Jefe de la Unidad, los recursos de inconformidad que se presenten conforme a lo previsto en el Capítulo Octavo, artículos 46 al 57, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de este Reglamento;  y brindar orientación a los inconformes para el caso de que opten por el recurso de revisión para ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información;

IV.       Elaborar los informes anuales y mensuales que esta Unidad deberá presentar ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y al C.   Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y,

V.        Las demás que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Pleno de los magistrados o el Jefe de la Unidad le asignen.

Artículo 10.- A su vez, el Encargado del Área de Enlace Informativo ejercerá las siguientes funciones:

I.          Las de registro, difusión de las actividades culturales, cívicas, académicas, jurídicas y otras similares que tengan relevancia del Supremo Tribunal de Justicia, de su Presidente y de la propia Unidad de Comunicación Social;

II.         Recabar la información procedente de los medios escritos, orales o de imágenes que se ocupen afirmativa o críticamente de las funciones del Presidente del Supremo Tribunal, de magistrados o jueces, a fin de que el Jefe de la Unidad pueda hacer llegar al Presidente y magistrados, la síntesis informativa correspondiente que permita una pronta aclaración ante dichos medios; y,

III.        Formar un archivo fotográfico, documentales periodísticos y de video, que contenga las gráficas, imágenes o grabaciones realizadas en todo tipo de eventos en los que participe el Presidente del Supremo Tribunal, los magistrados o jueces y la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información.

Artículo 11.- La Secretaria desempeñará las tareas de recepción, elaboración de todo tipo de documentos internos,  boletines de  prensa,  computación  e  informática,  y  los apoyo  (sic) que requiera el Jefe de la Unidad y su Auxiliar.

TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO PRIMERO

MANEJOS Y FORMAS PARA LA INFORMACIÓN

Artículo 12.- El ejercicio del derecho de acceso a la información no requiere de acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven el pedimento. En cambio, sí se requiere para el ejercicio del derecho de habeas data.

La  parte  peticionaria  deberá  exhibir,  con  la  solicitud,  un  documento  oficial  que  acredite  su identidad, tales como credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o algún otro documento expedido por autoridad competente.

El destino o aplicación dado a la información obtenida será responsabilidad de la persona que lo obtuvo.

Artículo 13.- Los servidores públicos del Poder Judicial son responsables de la información que produzcan, administren, manejen, archiven, o conserven, en el ejercicio de sus facultades.

La pérdida, destrucción u ocultamiento de información pública y de los documentos o demás materiales en que se contenga, serán sancionados en los términos previstos en los artículos 58 y

59 de la Ley de Acceso a la Información, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y otros ordenamientos jurídicos que sean aplicables.

La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que queda prohibida su divulgación.

Artículo 14.- La obligación de proporcionar información, en los términos de la Ley, no comprende el procesamiento específico de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Tampoco comprende la obligación de crear, producir o proporcionar información que no exista o que no se encuentre en el dominio del Poder Judicial.

Artículo 15.- Para efectos del presente Reglamento, el cómputo de los términos se hará en días hábiles, de conformidad con lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO

Artículo 16.- El Poder Judicial del Estado deberá difundir de oficio, mínimamente, la siguiente información:

I.          Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones de sus órganos y dependencias y la normatividad que las rige, así como la forma de acceder a ellos para información;

II.         Reglamentos, circulares, manuales, procedimientos, lineamientos y demás disposiciones normativas de observancia general del Poder Judicial del Estado;

III.        El directorio de todos los servidores públicos del Poder Judicial, que incluya el nombre, teléfono,  fax,  correo electrónico,  currículas académica y laboral, así como su domicilio oficial;

IV.       La remuneración mensual integral por puesto, conforme lo establezcan la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal correspondiente o, en su caso, el ordenamiento equivalente;

V.        Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos inherentes a quejas, excitativas de justicia, los que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial o sus reglamentos autoricen;

VI.       Los  resultados  de  auditorías  concluidas  hechas  al  ejercicio  presupuestal  y  sobre  la aplicación  del  Fondo  Auxiliar  para  la  Administración  de  Justicia,  así  como  las  visitas judiciales a los juzgados de Primera Instancia y Municipales;

VII.      Los resultados de los balances generales y su estado financiero en general;

VIII.     Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos económicos públicos, cualquiera que sea su destino;

IX.       Las minutas de las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sean ordinarias o extraordinarias;

X.        El nombre, domicilio oficial, teléfono y dirección de correo electrónico del personal de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado;

XI.       Los informes anuales de labores tanto del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como los de la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información;

XII.      El monto y las aplicaciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia;

XIII.     Las  convocatorias  a  concurso  o  licitación  de  obras,  adquisiciones,  arrendamientos, prestación de servicios, así como sus resultados, en su caso;

XIV.    Los criterios jurisdiccionales relevantes de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y,

XV.     Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública con respecto al Poder Judicial del Estado.

Artículo 17.- La información a que se refiere este Capítulo deberá ser actualizada periódicamente, atendiendo a su ciclo de generación, de tal manera que una consulta resulte certera y útil. En todo caso la actualización de la información que no tenga un ciclo de generación definido se hará, cuando menos, cada seis meses.

Para dicha actualización el Poder Judicial se podrá apoyar en las normas de operación y lineamientos pertinentes que con el  propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para su consulta, elabore la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Michoacán.

Artículo 18.- La información a que se refiere el presente Capítulo deberá ser sistematizada a fin de facilitar el acceso de las personas a la misma. De igual manera deberá estar contenida en el sitio o página de internet que el Sistema Morelos de Informática Judicial mantiene como acceso público  y  general,  en  el  cual  deberá  indicarse  claramente  la  fecha  de  la  más  reciente actualización.

En la propia Unidad de Comunicación Social y Acceso a la información del Poder Judicial, así como en el Sistema Morelos de Informática, en el Archivo General y en la Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia, deberá disponerse al servicio de las personas de un mínimo de unidades de cómputo e impresión con el objeto de atender de manera expedita los requerimientos de información.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Artículo 19.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por el artículo 20 y relativos de la Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.

Artículo 20.- La información reservada es aquella cuya divulgación se considere que pueda poner en riesgo la seguridad del Estado o de los municipios; la vida, la seguridad o la salud de las personas, y que sea clasificada como tal por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Artículo 21.- Tendrá el carácter de información reservada en el Poder Judicial del Estado, en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de este propio Reglamento, la siguiente:

I.          La información contenida en los expedientes de procesos jurisdiccionales aún no resueltos por sentencia firme o ejecutoria, salvo en los casos en que se vulnere el derecho de habeas data, en los términos de la Ley y el presente Reglamento;

II.         La información contenida en los expedientes de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial aún no concluidos por resolución firme, salvo los casos en que se vulnere el derecho de habeas data, en los términos de la Ley y del presente Reglamento;

III.        La  información  contenida  en  expedientes  de  procesos  jurisdiccionales  de  divorcio, alimentos, paternidad, filiación, adopción, tutela de menores y violencia familiar, estén o no resueltos por sentencia firme o ejecutoria; así como en todos aquellos, en cualquier materia, en  que  el  interés  superior  del  niño  deba  ser  garantizado  mediante  la  reserva  de  la información, en los términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

IV.       La información que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de análisis o deliberaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, en tanto no sea adoptada oficialmente la decisión definitiva;

V.        La información cuya divulgación pueda causar serio perjuicio a la impartición de justicia, en términos del artículo precedente;

VI.       La  información  cuya  divulgación  ponga  en  riesgo  la  vida,  la  seguridad  o  la  salud  de cualquier persona;

VII.      La información que por disposición expresa de las leyes sea considerada reservada;

VIII.     La información que por disposición expresa de las leyes sea considerada confidencial;

IX.       La información de particulares recibida bajo promesa de reserva;

X.        La información que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero; y,

XI.       La información cuya divulgación cause un serio perjuicio a cualquier acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes.

Las resoluciones dictadas en los procesos jurisdiccionales quedarán firmes o ejecutoriadas cuando no puedan ser modificadas o revocadas por ningún medio de defensa legal.

Artículo 22.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia expedirá los acuerdos de clasificación de reserva de la información, en los términos de lo previsto por los artículos 20 y 21 de la Ley.

Cuando la clasificación se fundamente en las fracciones III y VI del artículo 20 de la Ley, así como en lo relativo previsto en este Reglamento, no será necesario motivar la clasificación en función de la amenaza y el daño al interés público previstos en la fracciones II y III del artículo 21 de la propia Ley.

Bajo ninguna circunstancia la falta del acuerdo de clasificación implica la pérdida del carácter reservado de la información,  por lo que, en su caso, el Pleno del Supremo Tribunal deberá subsanar de inmediato dicha omisión.

Artículo 23.- El acuerdo que clasifique información como reservada deberá indicar:

I.          La fuente de la información;

II.           La justificación por la cual se clasifica;

III.        Las partes de los documentos que se reservan;

IV.       El plazo de la reserva; y,

V.        La designación de la autoridad responsable de su conservación.

Las partes de un documento que no se hayan clasificado como reservadas serán consideradas como información de libre acceso público.

Artículo 24.- La información clasificada como reservada tendrá este carácter hasta por doce años, en los términos del artículo 23 de la Ley. Esta será accesible a las personas, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejaren de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia podrá solicitar a la Comisión, con base al artículo 24 de la Ley, la ampliación del término de reserva, mediante pedimento fundado y motivado, con una anticipación de cuando menos quince días anteriores a la fecha de fenecimiento del plazo de reserva, siempre y cuando subsistan las causas que dieran origen a su clasificación. Se entiende aquí que se estará a lo previsto en dicho artículo, por lo que el plazo nunca podrá exceder los 24 años.

El término de reserva se contará a partir de la fecha de expedición del acuerdo que clasifica la información como tal. Si faltare el mencionado acuerdo, el término se contará a partir de la fecha en que fue producida.

La información a la que se refiere el artículo 21, fracción III,   de este Reglamento, tendrá el carácter de reservada sin sujeción a plazo alguno, en los términos de lo dispuesto por el artículo 14, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o, en su caso, cuando lo exija la protección del interés superior del niño, de conformidad por lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Artículo 25.- El Poder Judicial deberá publicar el índice temático de información clasificada como reservada para conocimiento de la personas, (sic) el cual deberá contener:

I.          El órgano o dependencia que generó o conserva la información;

II.         El fundamento legal de la reserva;

III.        El plazo de la reserva;

IV.       La especificación de si la reserva comprende la totalidad o sólo parte de la información, si fuere el caso; y,

V.        La motivación correspondiente a la amenaza o prueba de daño, en su caso.

Artículo 26.- Los servidores públicos serán responsables por el quebrantamiento de reserva de información, en los términos de la Ley.

Artículo 27.- Los datos de carácter personal sólo se podrán recabar y utilizar con fines oficiales y absolutamente lícitos, por lo que deberán ser pertinentes y  adecuados en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan recabado.

Artículo 28.- Los datos de carácter personal no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieren sido recabados. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día, de modo que respondan con veracidad a la situación actual de la persona.

Artículo 29.- Los datos de carácter personal constituyen información confidencial, por lo que no podrán ser objeto de divulgación y su acceso será vedado a toda persona distinta del concernido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales.

Artículo 30.- Para que a una persona se le proporcione información confidencial referente a sí misma, podrá ejercitar el derecho de habeas data.

Para este efecto, independientemente de acreditar plenamente su identidad, deberá cumplir con los requisitos propios de toda solicitud de información previstos en la Ley y este Reglamento.

Artículo 31.- La información tendrá el carácter confidencial en los siguientes casos:

I.          Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:

a)         Origen étnico o racial;

b)         Características físicas;

c)         Características morales;

d)         Características emocionales;

e)         Vida afectiva;

f)          Vida familiar;

g)         Domicilio;

h)         Número telefónico;

i)          Patrimonio;

j)          Ideología;

k)         Opinión política;

l)          Creencia o convicción religiosa;

m)        Creencia o convicción filosófica;

n)         Estado de salud física;

o)         Estado de salud mental;

p)         Preferencia sexual;

q)         Otras análogas que afecten su intimidad; y,

II.         La entregada con tal carácter por los particulares al Poder Judicial.

Artículo 32.- Los particulares que entreguen al Poder Judicial información confidencial deberán señalar claramente los documentos o las secciones de éstos que la contengan.

No se considerará confidencial la información:

I.          Que se encuentre en registros públicos o en fuentes de acceso al público;

II.         Que cuente con el consentimiento expreso, por escrito o medio de autentificación similar, del individuo a quien corresponda la información que contenga datos personales;

III.        La necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general previstas por la ley, en donde no pueda asociarse con individuos en lo específico;

IV.       Que se transmita entre las dependencias y entidades públicas, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones;

V.        La sujeta a una orden judicial;

VI.       La relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos; y,

VII.      La excluida del carácter de confidencial por disposición legal.

CAPÍTULO CUARTO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 33.- Las personas peticionarias deberán presentar sus solicitudes de información pública ante la Unidad, por escrito mediante formato que registre las características de la solicitud.

Artículo 34.- La información pública será accesible a toda persona que la solicite; sin embargo, para el ejercicio del derecho de habeas data se deberán acreditar el derecho subjetivo y el interés legítimo de quien lo ejerza.

Artículo 35.- La información pública solicitada por las personas podrá entregarse, a su requerimiento, en forma verbal, cuando la índole de la información así lo permita, o por escrito, teléfono, fax o correo electrónico. Asimismo, si así lo peticionaren, podrán obtener la reproducción de los documentos de mérito a través de cualquier medio idóneo.

Artículo 36.- En el escrito mediante el cual se ejerza el derecho de acceso a la información pública, se expresarán:

I.          La identificación de la autoridad a la que se dirige, la cual será la Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado;

II.         El nombre completo del solicitante, sus datos generales e identificación con documento oficial; y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante legal, reconocida a través de poder notarial;

III.        La información clara y precisa de los datos e informaciones requeridos;

IV.       Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y,

V.        Firma de la peticionaria o, en su caso, su huella digital.

Artículo 37.- Cuando la solicitud fuere presentada en forma verbal se registrará en un formato elaborado para tal efecto, en el cual se asentarán los datos necesarios para atender el requerimiento, proporcionándose copia del mismo a la peticionaria.

Artículo 38.- Cuando el solicitante actúe en nombre y representación de otra persona física o jurídica, deberá acreditar legalmente su personalidad, salvo los casos de ejercicio del derecho de habeas data, el cual sólo podrá ser ejercido por la persona a quien concierna la información confidencial.

Artículo 39.- Recibida la solicitud, se registrará, formándose el expediente respectivo, en el que actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.

Artículo 40.- Si la solicitud fuere obscura, confusa o se hubiese omitido en ella alguno de los requisitos, el Jefe de la Unidad deberá hacérselo saber a la peticionaria en el momento de su presentación, si tal irregularidad fuere manifiesta; o, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a fin de que la aclare, corrija o complete, apercibiéndola de que si no fuere subsanada en el plazo de cinco días, se tendrá por no interpuesta la solicitud.

El Jefe de la Unidad deberá orientar a la peticionaria para subsanar las omisiones, ambigüedades o irregularidades de su solicitud.

Artículo 41.- El plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 31 de la Ley comenzará a correr, en su caso, una vez que la peticionaria desahogue la prevención que ordene aclarar, corregir o completar la solicitud.

Artículo 42.- La solicitud de información deberá ser satisfecha en un plazo no mayor a quince días hábiles, el cual se podrá prorrogar excepcionalmente por diez días hábiles más, en caso de mediar circunstancias que imposibiliten reunir la información en el plazo ordinario.

La prórroga deberá notificarse por escrito a la peticionaria, expresando las razones de la misma, con una anticipación de al menos dos días a la fecha de vencimiento del plazo ordinario.

Artículo 43.- Cumplidos los plazos previstos en el artículo anterior, si la solicitud de información no fuere satisfecha o la respuesta fuere ambigua o parcial, a juicio de la peticionaria, ésta podrá acudir a la Comisión en los términos previstos por la Ley y este Reglamento.

Artículo 44.- Los plazos para resolver sobre las solicitudes de información empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al de su presentación y se incluirá en ellos el día de su vencimiento.

Artículo 45.- En el caso de que la solicitud fuere rechazada, deberá notificarse por escrito dicha determinación al solicitante dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su presentación o, en su caso, al en que la peticionaria desahogue la prevención para aclarar o corregir las irregularidades de su solicitud. La negativa a proporcionar la información solicitada deberá estar fundada y motivada, e indicará si se trata de información reservada, confidencial o inexistente, en su caso.

Artículo 46.- Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la Unidad o autoridad jurisdiccional o administrativa del Poder Judicial queda obligada a otorgar la información en un plazo no mayor a diez días hábiles sin pago de derechos fiscales.

Artículo 47.- Las notificaciones se practicarán de manera personal cuando se comunique la prevención que mande aclarar, corregir o completar la solicitud; la negativa proporcionar la información, así como la resolución que ordene la entrega de la información solicitada, siempre que la peticionaria haya señalado domicilio en el lugar de asiento de la Unidad, o concurra a ésta, por sí o a través de representante legal para imponerse de las mismas. En iguales términos se practicarán las notificaciones que comuniquen la prevención que mande aclarar, corregir o completar escrito mediante el cual se interponga el recurso inconformidad, su desechamiento o su resolución definitiva.

Cuando no se hallare en el domicilio indicado a quien deba notificarse o aquél se encontrare cerrado, la notificación tendrá por legalmente practicada, fijando copia de comunicación en la puerta de entrada del mismo.

Las demás notificaciones, aún las previstas en el párrafo primero de este artículo, cuando no se haya señalado el domicilio de mérito, se practicarán por lista que se publicará en los estrados de la Unidad y en el sitio de internet del Poder Judicial.

Si la peticionaria hubiere señalado en su escrito de solicitud que las notificaciones se le practiquen por medios electrónicos y haya proporcionado la dirección de correo de mérito, se le hará por esa vía. Cuando por la naturaleza o por el volumen de la información no pueda ser entregada por medios electrónicos, se comunicará a la peticionaria dicha circunstancia a fin de que acuda a recogerla a la Unidad dentro del plazo de diez días hábiles o para que señale domicilio en el lugar de asiento de la Unidad donde le pueda ser entregada.

Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día que se practiquen.

Las notificaciones por lista surtirán sus efectos el día siguiente de su publicación.

Artículo 48.- El examen de la información pública que soliciten las personas será gratuito. No obstante, reproducción o el proceso de búsqueda de información pública que no se encuentre disponible implicará el cobro del derecho que se establezca en la Ley respectiva, el cual deberá ser cubierto para su obtención por la peticionaria.

Artículo 49.- En beneficio de los solicitantes, se procurará establecer mecanismos que permitan reducir a lo mínimo los costos de entrega de información.

Artículo 50.- En el caso de que la expedición de algún documento informativo genere algún costo que no deba ser gratuito por mandato legal, así como el pago de algún derecho establecido por la Ley tributaria, deberán cubrirse para su obtención por la peticionaria.

El plazo para la entrega de la información correrá a partir de la fecha de pago correspondiente.

CAPÍTULO QUINTO

DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

(HABEAS DATA)

Artículo 51.- La información confidencial de que disponga el Poder Judicial no podrá ser revelada bajo ninguna circunstancia, salvo en los casos expresamente previstos por la Ley.

Artículo 52.- El Poder Judicial, a petición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, podrá informar a ésta la existencia de bases de datos, expedientes o ficheros que contengan datos personales, especificando el objeto y la finalidad de los mismos.

Artículo 53.- El Poder Judicial, a través del Sistema Morelos de Informática del Supremo Tribunal de  Justicia,  deberá  implementar  un  sistema  de  información  que  permita  respaldar electrónicamente las bases de datos, expedientes o ficheros que contengan datos personales, en los cuales se incorporen mecanismos adecuados para garantizar su seguridad y resguardo.

Asimismo, deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar su confidencialidad, tendentes a evitar su tratamiento o acceso no autorizado.

Artículo 54.- Los archivos con datos personales en dominio del Poder Judicial deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados.

Artículo 55.- La finalidad de un fichero y su utilización deberán especificarse y justificarse. Su creación  deberá  ser  objeto de una medida de publicidad que permita el  conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que:

I.          Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida;

II.         Ninguno de esos datos personales sea utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito incompatible con el que se haya especificado; y,

III.        El periodo de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado.

Artículo 56.- El Poder Judicial, en el ámbito de su competencia, velará por el derecho que toda persona tiene de:

I.          Saber si está procesando la información que le concierne;

II.         Recibir copia de ella sin demora;

III.        Obtener  las  rectificaciones  o  supresiones  que  correspondan  cuando  los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos; y,

IV.       Conocer los destinatarios cuando esta información sea transmitida en estricto apego a lo previsto en la leyes, (sic) permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento.

Artículo 57.- El derecho de protección de datos personales o habeas data sólo podrá ser ejercido por la persona a quien concierna la información confidencial, para la cual deberá acreditar su identidad.

Artículo 58.- Los servidores públicos del Poder Judicial que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al deber de secrecía y sigilo respecto de los mismos; en caso contrario, serán sancionados en los términos de Ley.

El obligado podrá ser relevado del cumplimiento de tales deberes en los supuestos a que se refiere la Ley y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la protección de las personas o la salud pública.

TRANSITORIOS

Artículo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Morelia, Michoacán, febrero 19 del 2004.- MAG. MAURO HERNÁNDEZ PACHECO.- Presidente.

(Firmado).

MAG. ISIDRO ROMERO SILVA.- MAG. MARÍA ALEJANDRA PÉREZ GONZÁLEZ.- MAG. LUIS RUBÉN PUEBLA CALDERÓN.- MAG. RICARDO COLOR ROMERO.- MAG. FERNANDO ARREOLA VEGA.- MAG. MARÍA CRISTINA TORRES PACHECO.- MAG. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ  VÉLEZ  ALDANA.-  MAG.  MARCO  ANTONIO  FLORES  NEGRETE.- MAG. ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ.- MAG. PLÁCIDO TORRES PINEDA.- MAG. HUGO GUILLERMO LARA HERNÁNDEZ.- MAG. JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA.- MAG. LUIS ALONSO RODRÍGUEZ NIETO.-MAG. RAFAEL ORTIZ GOVEA.- MAG. RAMÓN NÚÑEZ ÁLVAREZ.- MAG. MARÍA DE LOS ÁNGELES RUCILES GRACIÁN.- MAG. GILBERTO ALEJANDRO  BRIBIESCA  VÁZQUEZ.-  CLAUDIA  DEL CARMEN ARROYO MORALES.- Secretaria General de Acuerdos. (Firmados).

La Ciudadana Licenciada Claudia del Carmen Arroyo Morales, Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hace constar y CERTIFICA: Que la presente copia concuerda fielmente con su original que obra en esta oficina a mi cargo, y que se expide para remitirse al Periódico Oficial del Estado, a fin de que se sirvan realizar la publicación correspondiente;  lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- Morelia, Mich., a 26 veintiseis de febrero del año 2004 dos mil cuatro. (Firmado).

Versión PDF: Ver/Descargar...

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Miguel Silva No. 418 Centro Histórico,
Morelia, Mich. C. P. 58000
Telefono: (443) 312 04 85
Correo Electrónico: transparencia@congresomich.gob.mx
Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a 15:00p.m. y de 16:00p.m. a 20:00p.m.