LXXII Legislatura | H. Congreso del Estado de Michoacán

Publicado en el Periódico Oficial, el Jueves 17 de Junio de 2004, Tercera Sección, Tomo CXXXIII, Núm. 79

REGLAMENTO    PARA    LA    TRAMITACION    Y    SUSTANCIACION    DE    LAS    FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACION DE  LAS SANCIONES ESTABLECIDAS TEXTO ORIGINAL

Publicado en el Periódico Oficial, el jueves 17 de junio de 2004, tercera sección, tomo CXXXIII, núm. 79

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LAS FALTAS

ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS

En la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 12:45 horas del día 13 de mayo del año 2004, con fundamento en el artículo 114 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en el inmueble que ocupa el Instituto Electoral de Michoacán sito en Bruselas No. 118, fraccionamiento Villa Universidad, se runieron para celebrar una sesión ordinaria....

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4.- Lectura y aprobación en su caso de; proyecto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios; y, proyecto del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Faltas Administrativas y Aplicación de Sanciones Establecidas.

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Presidente.- Bien pasaremos al segundo Proyecto de Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de faltas administrativas y aplicación de sanciones establecidas, está a su consideración el proyecto, bien si no hay comentarios al respecto, sírvase la Secretaría aprobar este proyecto de Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Faltas Administrativas y Aplicación de Sanciones Establecidas.

Secretario.- Muy bien señor Presidente,  antes de la aprobación nada más quiero hacer  una pequeña aclaración, el compañero representante suplente del Partido Verde Ecologista, me hizo la manifestación respecto a algunas cuestiones relativas a este Reglamento, ya se hicieron su corrección (sic), se hizo de su conocimiento a todos los presentes, entonces si están ustedes aquí de acuerdo hagan favor de hacer la manifestación señores Consejeros de la aprobación de este Reglamento de la forma acostumbrada, levantando la mano, son correcciones única y exclusivamente de forma no de fondo, aprobado por unanimidad señor Presidente.

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La presente sesión se dio por teminada (sic) 17:29 Hrs. del día de su inicio.

El que suscribe, Lic. Ramón Hernández Reyes, Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en el artículo 116 fracción VIII del Código Electoral del Estado de Michoacán.


C E R T I F I C A

Que el presente documento en 61 sesenta y un fojas útiles por un lado, es copia fiel del original, el cual tuve a la vista.

Morelia, Mich., a 16 de junio del 2004.

Lic. Ramón Hernández Reyes (Firmado)

REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. El objeto del presente Reglamento es regular el procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas estipuladas en el Libro Octavo, Título Tercero del Código Electoral del Estado de Michoacán.

Artículo 2. Su interpretación se hará conforme a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 Constitucional.

El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas, tiene por finalidad determinar la existencia de dichas faltas y la responsabilidad en materia administrativa mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren en el expediente respectivo y de la investigación oportuna e imparcial de los hechos que originaron el procedimiento, así como de las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Lo que no se encuentre citado en el presente ordenamiento, se sujetarán a las disposiciones del propio Código, del presente Reglamento y de los lineamientos que emita el Consejo General del Instituto, así como a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en lo conducente.

Son órganos competentes para la aplicación del procedimiento el Consejo General, la Junta Estatal Ejecutiva, la Secretaría General y los Comités Distritales y Municipales Electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia. Los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales auxiliarán a la Secretaría General del Instituto en las tareas respectivas.

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá:

a)  En cuanto a los ordenamientos jurídicos se refiere:

I.  Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;

II.  Código: El Código Electoral del Estado de Michoacán;

III.  Ley: Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y,

IV.  Reglamento: Reglamento del Consejo General para la tramitación y sustanciación de las faltas administrativas y aplicación de las sanciones establecidas.


b) En cuanto a la autoridad electoral:

I.  Instituto: Instituto Electoral de Michoacán;

II.  Consejo: el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán;

III.  Consejos: Consejos Distritales y Municipales Electorales;

IV.  Junta: La Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán;

V.  Presidente: El Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, del Consejo General y de  la Junta Estatal Ejecutiva del mismo;

VI.  Secretario: El Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán; y,

VII.  Presidente y Secretario: El Presidente y el Secretario de los Comités Distritales y Municipales.

c)  Respecto a los conceptos se refiere:

I.  Procedimiento: El Procedimiento para el conocimiento de las faltas y la aplicación de sanciones administrativas;

II.  Queja o denuncia: Acto por medio del cual se hacen del conocimiento del Instituto los presuntos hechos violatorios de la normatividad electoral estatal;

III.  Quejoso o denunciante: Persona que formula el escrito de queja o denuncia; y,

IV.   Denunciado: Persona que se señale como probable responsable de los actos u  omisiones motivo del procedimiento.

Artículo 5. Para efectos del presente Reglamento el cómputo de los plazos se hará tomando solamente  en  cuenta  los  días  laborables,  debiendo  entenderse  por  tales,  todos  los  días  a excepción de los sábados, los domingos, los no laborables en términos de ley y aquellos en los que no haya actividades en el Instituto. Los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, estos se entenderán de 24 horas.

Durante el proceso electoral todos los días y horas se consideran laborables.

Artículo 6. En cada sesión ordinaria del Consejo, el Secretario del mismo, en su caso, rendirá un informe de las quejas o denuncias recibidas, así como una síntesis de los trámites realizados para la sustanciación de las mismas.

Los vocales rendirán un informe mensual a la Secretaría General sobre la recepción y trámite de las quejas o denuncias presentadas en sus respectivos ámbitos de competencia.

En proceso electoral, en cada sesión ordinaria de los Consejos, los presidentes informaran sobre la recepción y trámite de las quejas o denuncias presentadas en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los informes se incluirán los procedimientos administrativos iniciados de oficio.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS COMETIDAS POR PARTIDOS POLÍTICOS, OBSERVADORES ELECTORALES Y


ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENEZCAN LOS OBSERVADORES.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL TRÁMITE INICIAL

Artículo 7. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas cometidas por partidos políticos, observadores electorales y organizaciones a las que pertenezcan los observadores, iniciará a petición de parte o de oficio. Será de parte cuando el quejoso o denunciante haga del conocimiento del Instituto la presunta comisión de una falta administrativa,  y  de  oficio  cuando  algún  órgano  o  servidor  del  Instituto,  en  ejercicio  de  sus funciones, conozca de la presunta falta e informe de ello al Secretario General o cuando éste lo haya iniciado.

Artículo 8. Toda persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto; las personas jurídicas  lo  harán  por  medio  de  sus  legítimos  representantes,  en  términos  de  la  legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

Artículo 9. La autoridad electoral orientará a la ciudadanía sobre el trámite de las quejas o denuncias, para lo cual facilitará formatos para la presentación de las mismas.

Artículo 10. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónicos:

a)  La queja o denuncia presentada por escrito deberá cumplir los siguientes requisitos:

I.  Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II.  Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.  Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. Tratándose de partidos no será  necesario el  cumplimiento de este  requisito si  tienen acreditada su  personería  ante  los órganos del Instituto;

IV.  En el caso de que la queja o denuncia verse sobre presuntas violación a la normatividad interna de un partido político, el quejoso o denunciante deberá acreditar su pertenencia a éste o su interés jurídico, en el escrito con el que comparezca;

V. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados; y,

VI.  Ofrecer o aportar las pruebas o indicios con que se cuente.

b)  El servidor del Instituto que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral, por medios de comunicación eléctricas o electrónicas deberá hacerla constar en una acta, misma que, una vez concluido su levantamiento, deberá ser ratificada en todos sus términos por el quejoso. Invariablemente los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito.

En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá como presentada por propio derecho.

El escrito inicial de queja o denuncia será considerado por el Consejo para determinar si del mismo se desprenden indicios suficientes de conformidad con el artículo 21 del presente Reglamento.


Artículo 11. Recibida la queja o denuncia por cualquier órgano del Instituto, deberá ser remitida de inmediato al Secretario General para su trámite. En los casos en que se requiera de la ratificación por parte del quejoso, la queja o denuncia será remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya concluido el plazo para ello.

Los órganos desconcentrados del Instituto que reciban una queja o denuncia, en materia de propaganda, sin perjuicio de su remisión inmediata al Secretario General, deberán tomar todas las medidas pertinentes en aquellos casos en que de los hechos narrados en la queja, se desprendan situaciones que puedan ser resueltas por éstos conforme a las atribuciones que les confiere las disposiciones del Código.

Adicionalmente, los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, deberán realizar todas aquellas acciones necesarias para constatar hechos, impedir el ocultamiento,  menoscabo  o  destrucción  de  indicios  o  pruebas,  así  como  para  allegarse  de elementos probatorios adicionales.

En ningún caso, estas medidas implicarán inicio de la investigación antes de que lo ordene el Secretario General.

Artículo 12. El Secretario General podrá prevenir al quejoso para que aclare la queja o denuncia presentada, señalando las omisiones de ésta en aquellos casos en que no se cumpla con lo dispuesto por el párrafo 1, inciso a), fracciones IV o V del artículo 10 del presente Reglamento, con el apercibimiento de que si no cumple en el término de 3 días contados a partir de la notificación del requerimiento respectivo, la queja o denuncia será desechada.

Artículo 13. Recibida la queja o denuncia por la Secretaría General, procederá a:

a)  Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso, en cuyo caso, aplicará lo dispuesto en el artículo 12 del presente Reglamento;

b)  Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma; y,

c)   En  su  caso,  determinar  y  solicitar  las  diligencias  necesarias  para  el  desarrollo  de   la investigación.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario contará con un plazo de 5 días para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento. Dicho plazo se computará a partir de la recepción de la queja o denuncia en la Secretaría General, o en el caso de que se hubiese prevenido al quejoso, a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma.

Artículo 14. Admitida la queja o denuncia, el Secretario procederá a emplazar al denunciado, así como a iniciar, en su caso, la investigación correspondiente.

En el escrito de contestación al emplazamiento deberá cumplirse con los mismos requisitos que prevén, para el caso del escrito de queja o denuncia, las fracciones I, II, III y VI, párrafo 1, inciso a) del artículo 10 del presente Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA IMPROCEDENCIA, DESECHAMIENTO Y SOBRESEIMIENTO

Artículo 15. La queja o denuncia será desechada de plano, por notoria improcedencia cuando:


a)  El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del quejoso;

b)  Presentada oralmente o por cualquier medio de comunicación eléctrico o electrónico, no  se hubiese  ratificado  por  escrito  en  el  plazo  que  se  establece  para  tal  efecto  en  el  presente Reglamento;

c)  El denunciado sea un partido o agrupación política que, con fecha anterior a la presentación de la queja o denuncia,  hubiese perdido su registro,  sin perjuicio de las investigaciones  que  se pudieran llevar a cabo para deslindar responsabilidades; y,

e)  Resulte  frívola,  es decir,  los hechos o  argumentos resulten  intrascendentes,  superficiales, pueriles o ligeros.

La queja o denuncia será improcedente cuando:

a)  No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del artículo 10 del presente Reglamento;

b)  Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la  normatividad interna de un partido político, el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia a éstos o su interés jurídico;

c)  El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;

d)  Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja  o denuncia que cuente con resolución del Consejo respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado o habiendo sido impugnada, hubiese sido confirmada por el mismo Tribunal; y,

e)  Por la materia de los actos o hechos denunciados, aun y cuando se llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código.

Artículo  16. En caso de existir alguna de las causales que establece el  artículo anterior, el Secretario elaborará un proyecto de dictamen por el que se proponga al Consejo el desechamiento de la queja o denuncia.

En caso de no actualizarse lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario procederá a emitir el acuerdo de Admisión de la queja o denuncia.

Artículo 17. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

a)  Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia  en términos del artículo 15 del presente Reglamento;

b)  El denunciado sea un partido que, con posterioridad a la admisión de la queja o  denuncia, hubiese perdido su registro;

c)  El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho escrito se presente antes de la aprobación del dictamen por parte del Consejo, y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral; y,


d)   Durante  su  tramitación  se  acredite  que  los  actos  o  resoluciones  emitidos  por  el  partido denunciado respecto de su vida interna, se encuentren apegados al debido proceso establecido en su normatividad interna.

El Secretario General en los casos señalados en los incisos b), c) y d) del párrafo anterior, valorará si, independientemente del correspondiente sobreseimiento, ha de iniciar oficiosamente un nuevo procedimiento disciplinario.

Artículo 18. Cuando se actualice alguno de los supuestos de sobreseimiento a que se refiere el artículo anterior, el Secretario elaborará el proyecto de dictamen proponiendo lo conducente, el cual será sometido a la aprobación del Consejo.

Artículo 19. Las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja deberán ser examinadas de oficio.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA ACUMULACIÓN

Artículo 20. Para la resolución más expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por:

a)   Litispendencia,  entendida  como  la  relación  existente  entre  un  procedimiento  que  aún  no resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado en los que se da la identidad de los elementos de litigio: sujetos, objeto y pretensión;

b)  Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos por provenir éstos de una  misma  causa  o  iguales hechos,  en  los  que  resulta  conveniente  evitar  la  posibilidad  de resoluciones contradictorias; o,

c)  La vinculación de dos o más expedientes de procedimientos por que existan varias quejas o denuncias contra un mismo denunciado, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa.

De oficio o a petición de parte, el Secretario podrá determinar la acumulación de expedientes desde el momento de acordar la admisión y hasta antes de la aprobación del dictamen por parte del Consejo. Previamente a la emisión del acuerdo de acumulación, el Secretario deberá notificar dicha posibilidad al denunciado y, en su caso, al quejoso, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS PRUEBAS

Artículo 21. Con el escrito de queja o denuncia se ofrecerán o aportarán las pruebas o indicios con que se cuente. Cuando el Secretario considere que de la relación de hechos se desprenden indicios suficientes, admitirá la queja o denuncia y procederá a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación correspondiente.

Artículo 22. El escrito de contestación al emplazamiento deberá acompañarse de las pruebas con que se cuente.

Artículo 23. En caso de que se ofrezcan pruebas que obren en poder de áreas del propio Instituto, el Secretario ordenará su remisión para integrarlas al expediente respectivo.


Si las pruebas obran en poder de otras autoridades, dependencias o instituciones, el Consejero Presidente solicitará que las mismas sean remitidas a la Secretaría General para integrarlas al expediente correspondiente.

Para ambos efectos, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas.

Artículo 24. El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes, es decir, aquellas cuya existencia se dio después del plazo legal en que deban ofrecerse pruebas, o las existentes desde entonces, pero que el denunciado o, en su caso, el quejoso, no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlas o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar; siempre y cuando se  aporten  las pruebas supervenientes antes del  cierre  de  la instrucción  de  acuerdo  con  lo señalado en el articulo 42, párrafo 2, de este Reglamento.

Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según corresponda, para que en el plazo de 5 días manifieste lo que a su derecho convenga.

El Secretario podrá admitir aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobación del dictamen y se aporten hasta 24 horas antes del inicio de la sesión respectiva.

Asimismo, el Secretario podrá admitir aquellos elementos que, habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación correspondiente, no se hubiesen recibido sino hasta 24 horas antes de la sesión respectiva. En estos casos el Consejo ordenará la devolución del expediente para los efectos del artículo 42 del presente Reglamento.

Artículo 25. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la Ley son renunciables.

El Consejo podrá invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por el quejoso.

Artículo 26. Las pruebas deberán ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.

Artículo 27. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:

a)  Documentales públicas;

b) Documentales privadas;

c)  Técnicas;

d) Pericial Contable;

e)  Presuncional legal y humana; e,

f) Instrumental de actuaciones.

La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando versen sobre las declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.


Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento pueda modificar, revocar o anular el acto, acuerdo o resolución impugnado.

Artículo 28. Serán documentales públicas:

a)    Los  documentos  originales  y  certificaciones  expedidos  por  los  órganos  o   funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

b)  Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales, dentro  del ámbito de sus facultades; y,

c)  Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley.

Podrán ser ofrecidas documentales que contengan declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, siempre y cuando estos últimos queden debidamente identificados y asentada la razón de su dicho. Su valoración se realizará en términos del artículo 35, párrafo 3 del presente Reglamento.

Artículo 29. Serán documentales privadas todos los demás documentos que no reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.

Artículo  30.  Se  aportarán  las  pruebas  junto  con  el  escrito  en  el  que  se  comparezca  al procedimiento.  Aquellas  que  obren  en  poder  de  otras  autoridades  o  particulares,  deberán señalarse a efecto de que sean requeridas por el Instituto e integradas al expediente siempre que acredite que solicitó oportunamente por escrito al órgano competente y no le fue entregada.

En aquellos casos en que se ofrezcan copias simples de documentales públicas o privadas, y cuando esto sea posible, deberá señalarse el lugar donde se localiza el original, con el objeto de que la autoridad instructora ordene su cotejo, solicite los originales o la certificación de las mismas, cuando sea necesario para generar convicción de los hechos materia de la investigación.

El párrafo anterior no será aplicable si las pruebas documentales obran en poder del oferente, en cuyo caso deberán ser aportadas en original o en copia certificada, mismas que serán devueltas previo su cotejo a solicitud del oferente.

Artículo 31. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Consejo. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Artículo 32. La prueba pericial contable podrá ser ofrecida y admitida, en su caso, cuando sean necesarios conocimientos especiales en la materia y cuando su desahogo sea posible en los plazos establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Ser ofrecida junto con el escrito de queja o denuncia o contestación;

b)  Señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo  con copia para el denunciado o quejoso, según corresponda;

c)  Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y,


d)  Señalar el nombre del perito que se proponga y acreditar que cuenta con título profesional en materia contable o en área afín.

Artículo 33. Las presunciones son los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido y pueden ser:

a)  Legales: Las establecidas expresamente por la ley; o,

b)   Humanas: Las que no se encuentran previstas legalmente y se infieran de  razonamientos lógicos.

Artículo 34. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente.

Artículo 35. Las pruebas admitidas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral federal, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Las pruebas documentales privadas, técnicas, periciales, presuncionales e instrumental de actuaciones, así como las citadas en el artículo 28, párrafo 2 del presente Reglamento sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En caso de que se necesiten conocimientos técnicos especializados, el Secretario podrá solicitar el dictamen de un perito.

En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 36. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

Artículo 37. Una vez que el Secretario General tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios y en general, para evitar que se dificulte la investigación.

Artículo 38. Admitida la queja o denuncia por el Secretario, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto, que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias.

El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría o del inicio de oficio del procedimiento por parte del Secretario General.


Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Secretario podrá ampliarlo en forma excepcional, mediante acuerdo que señale las causas derivadas de la investigación a que alude el propio párrafo 2.

Artículo  39.  El  Secretario  podrá  solicitar  al  Presidente  del  Consejo,  para  que  pida  a  las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados.

Artículo 40. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación, deberán ser efectuadas por el Secretario y, a petición por escrito de éste, por los Vocales del Consejo.

Excepcionalmente, los Vocales del Consejo podrán designar a alguno de los Vocales Distritales o Municipales para que lleven a cabo dichas diligencias. En todo caso, los Vocales del Consejo serán los responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.

Artículo 41. Si del trámite de la queja o denuncia presentada, de la contestación al emplazamiento o del desarrollo de la investigación se desprendieran elementos que hagan presumir la existencia de violaciones diversas a las denunciadas, el Secretario General iniciará un procedimiento diverso por éstas.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN

Artículo 42. Una vez agotado el desahogo de las pruebas y, en su caso, llevada a cabo la investigación, el Secretario pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en el plazo de 5 días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Secretario procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente en un término no mayor a 15 días contados a partir del desahogo de la última vista, mismo que deberá presentarse a consideración del Consejo en la siguiente sesión ordinaria que celebre, siempre y cuando se hubiese recibido por ésta con la suficiente  antelación  para  hacerlo  del  conocimiento  de  sus  integrantes,  en  términos  del Reglamento de la materia.

Vencido el plazo a que se refiere el  párrafo anterior,  el Secretario podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven. La ampliación no podrá exceder de 10 días.

Artículo 43. El dictamen deberá contener:

a)  PREÁMBULO en el que se señale:

I.  Lugar y fecha;

II.  Órgano que aprueba el dictamen; y,

III.  Datos que identifiquen al expediente, al denunciado y, en su caso, al quejoso, o la mención de haberse iniciado de oficio.

b) RESULTANDOS que refieran:

I.  Los antecedentes que contengan la transcripción de los presuntos hechos objeto de la queja o denuncia;


II.  La relación de las pruebas o indicios ofrecidos y aportados por el denunciado y, en su caso, por el quejoso;

III.  Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso; y,

IV.  Los acuerdos y actuaciones del Consejo y el resultado de los mismos.

c)  CONSIDERANDOS que establezcan:

I.  Los preceptos que fundamenten la competencia;

II.  Las consideraciones y apreciaciones de los hechos, de las pruebas admitidas y desahogadas así como de los informes y constancias derivadas de la investigación;

y,

III.    Las  causas,  razonamientos  y  fundamentos  legales  que  sustenten  el  sentido  de   sus conclusiones.

d) CONCLUSIONES DEL DICTAMEN que contengan:

I.  La acreditación de los hechos materia de la queja o denuncia y si son imputables al denunciado; y,

II.  Si de los mismos se configura la comisión de una falta al Código.

e)  Votación obtenida;

f) Tipo de sesión;

g) Fecha de la aprobación; y,

h)  Firmas del Presidente y del Secretario.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 44. Una vez que el Consejo haya realizado el dictamen, el Secretario lo remitirá en un plazo no mayor de 5 días a los integrantes del Consejo.

Artículo 45. El Presidente del Consejo, a más tardar al día siguiente de la recepción del dictamen, convocará a sesión por lo menos 5 días antes de la fecha que se señale en la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el dictamen e instruya a la Secretaría sobre el sentido del anteproyecto de resolución, atendiendo a lo siguiente:

a)  Si el Consejo está de acuerdo con el sentido del dictamen emitido, el Secretario elaborará el anteproyecto de resolución, tomando en cuenta, en su caso, los argumentos,  consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de los integrantes del propio Consejo para reforzar los argumentos contenidos en el dictamen; y,

b)  Si el Consejo no está de acuerdo con el sentido o con los razonamientos que sustentan  el dictamen  emitido;  o  considera  que  la  Secretaría  omitió  realizar  determinadas  diligencias  de investigación necesarias para el conocimiento de los hechos denunciados, ordenará se elabore un nuevo proyecto de resolución.


La Secretaría contará con un plazo de 15 días para elaborar el anteproyecto o proyecto respectivo, conforme con la instrucción del Consejo.

Una vez que la Secretaría elabore el anteproyecto o proyecto correspondiente, el Presidente del Consejo convocará a sesión, remitiendo el mismo a los integrantes de dicho órgano colegiado por lo menos 3 días antes de la fecha de la sesión, para su discusión y eventual aprobación.

Artículo 46. La resolución deberá contener:

a)  PREÁMBULO en el que se señale:

I.  Lugar y fecha;

II.  Órgano que emite la resolución; y,

III.  Datos que identifiquen al expediente, al denunciado y, en su caso, al quejoso o la mención de haberse iniciado de oficio.

b) RESULTANDOS que refieran:

I.  La fecha en que se presentó la queja o denuncia, o en que el Instituto tuvo conocimiento de los presuntos hechos e inició el procedimiento;

II.  La relación sucinta de las cuestiones planteadas;

III.  Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso; y,

IV.  Los acuerdos del Consejo, las actuaciones realizadas por ésta y por la Secretaría, así como el resultado de los mismos.

c)  CONSIDERANDOS que establezcan:

I.  Los preceptos que fundamenten la competencia;

II.  La apreciación y valoración del expediente: los hechos, las pruebas admitidas y desahogadas, la relación  de  las pruebas con  cada  uno  de  los hechos,  así  como  los informes y  constancias derivadas de la investigación;

III.  La acreditación o no de los hechos motivo de la queja o denuncia;

IV.  Los preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran violados;

V. Las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el sentido de la resolución; y,

VI.  En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la falta.

d) PUNTOS RESOLUTIVOS que contengan:

I.  El sentido de la resolución conforme a lo razonado en los considerandos;

II.  En su caso, la determinación de la sanción correspondiente; y;

III.  En su caso, las condiciones para su cumplimiento.

e)  Votación obtenida;


f) Tipo de sesión;

g) Fecha de la aprobación;

h)  Firmas del Presidente y Secretario del Consejo; y,

i)  Los términos de su notificación.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

Artículo 47. En la sesión en que se tenga conocimiento del proyecto de resolución, el Consejo determinará:

a)  Aprobar el proyecto de resolución en los términos en que se le presente;

b) Aprobar el proyecto de resolución ordenando al Secretario del Consejo realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;

c)  Modificar el sentido del proyecto de resolución procediendo a aprobarlo dentro de la  misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del dictamen; o,

d)  Rechazar el proyecto de resolución y ordenar al Secretario del Consejo elaborar un  nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos  expresados por la mayoría.

Rechazado el proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.

CAPÍTULO NOVENO

DE LA VOTACIÓN

Artículo 48. En caso de empate motivado por la abstención o ausencia de alguno de los miembros del Consejo con voz y voto, se procederá a una segunda ronda; y en caso de persistir dicho empate el voto de la Presidencia será de calidad razonando su voto.

Artículo 49. El miembro del Consejo que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el dictamen respectivo si se remite al Secretario dentro de los 2 días siguientes a la fecha de su aprobación.

Los miembros del Consejo con derecho a voto que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en la resolución respectiva o acuerdo de devolución si se remite al Secretario del Consejo dentro de los dos días siguientes a la fecha de su aprobación.

El Secretario del Consejo ordenará la inserción del voto particular que le sea remitido en la resolución o acuerdo de devolución correspondiente y lo pondrá a disposición de los integrantes del Consejo.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LAS SANCIONES


Artículo 50. Los partidos políticos independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, serán sancionados, de conformidad con el artículo 51 del presente Reglamento:

a)  Con amonestación pública;

b) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Estado;

c)  Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que  les corresponda, por el período que señale la resolución;

d)   Con  la  supresión  total  de  la  entrega  de  las  ministraciones  del  financiamiento  que  les corresponda, por el período que señale la resolución;

e)  Con la negativa del registro de las candidaturas;

f) Con la suspensión de su registro como partido político; y,

g) Con la cancelación de su registro como partido político.

Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a)  Incumplan con las obligaciones y demás disposiciones aplicables del Código;

b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto; o,

c)  Incurran en cualquier otra falta de las previstas en el Código.

De  conformidad  con  el  artículo  274  del  Código,  los  observadores  electorales  podrán  ser sancionados de conformidad al mismo.

De conformidad con el artículo 279 del Código, podrán ser sancionadas como ahí se estipula.

Artículo 51. El Consejo, para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 52. Las notificaciones podrán hacerse de manera personal directamente con el interesado en el domicilio que señale para tal efecto, o bien por cédula que se dejará en el domicilio del interesado con cualquier persona que en él se encuentre y surtirán sus efectos el mismo día en que  se  realicen.  En  los casos  en  que  el  Consejo  lo  considere  pertinente,  podrá  ordenar  la publicación de una resolución en el Periódico Oficial del Estado.

Todas las resoluciones serán notificadas personalmente al denunciante y denunciado, en un plazo no mayor a 10 días hábiles computados a partir de su aprobación por el Consejo General.

Si el quejoso o denunciado es un partido político, se entenderá hecha la notificación al momento de su aprobación por el Consejo, salvo que se haya acordado el engrose del expediente, en cuyo caso la notificación se hará de manera personal en un plazo no mayor a 5 días hábiles computados a partir de la formulación del engrose.


Cuando los quejosos no señalen o indiquen dirección para oír y recibir notificaciones ésta se realizará en los estrados del Instituto.

Si el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado fuera de la Capital del Estado, la notificación será realizada a través de los órganos desconcentrados del Instituto. El plazo señalado en el párrafo 2 se computará a partir de que el órgano desconcentrado reciba la resolución de la queja.

TÍTULO TERCERO

OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PARA EL CONOCIMIENTO DE FALTAS AL CÓDIGO

Artículo 53. El presente Título tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de las  presuntas  faltas  cometidas  por  autoridades  federales,  estatales  y  municipales,  notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, a que se refiere el Capitulo Único, Título Tercero, del Libro Octavo del Código.

Artículo 54. Cuando alguno de los servidores del Instituto, en ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de hechos por los que se presuman faltas a que se refiere el artículo anterior, lo hará del conocimiento por escrito del Secretario General y, en su caso, remitirá las constancias con que cuente.

Artículo 55. El Secretario General será el responsable de integrar el expediente a que se refiere este Capítulo y remitirlo mediante oficio a la autoridad competente.

Para tal efecto, una vez que tenga conocimiento de una presunta infracción, procederá a integrar el expediente respectivo con las constancias que tenga a su alcance y señalará, en su caso, las constancias que obren en otros archivos.

Artículo 56. El Secretario General procederá de inmediato, de conformidad a lo señalado en el artículo anterior,  con la sola presunción de  la existencia de una  conducta  que  se  considere violatoria de las disposiciones del Código.

Artículo 57. El Presidente del Consejo ordenará al Secretario General integre un nuevo expediente y proceda conforme al artículo 56 de este Reglamento, informando al Consejo en la próxima sesión que celebre, para que éste determine lo conducente.

Artículo  58.  El  Presidente  del  Consejo  girará  oficio  a  la  Secretaría  de  Gobernación  o  a  la Secretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda, a efecto de que dichas dependencias le comuniquen las medidas adoptadas en aquellos casos de presuntas infracciones de las que se les hubiese informado.

Artículo 59. El informe a que se refiere el artículo 6, párrafo 1 de este Reglamento, deberá incluir todos aquellos casos a que se refiere el presente Título.

Dentro del informe deberán incluirse las respuestas y comunicaciones, así como la mención de aquellas solicitudes que no hayan sido atendidas.

Artículo 60. Se considerará que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido su obligación de proporcionar información al Instituto en tiempo y forma cuando girado un oficio de insistencia:

a)  No respondan en los plazos establecidos en la solicitud de información;

b) No informen en los términos solicitados; o,


c)  Nieguen la información solicitada.

Artículo 61. Las infracciones a las disposiciones del Código que cometan los funcionarios electorales del Instituto, se tramitarán en los términos que en él señale, con independencia de lo establecido en otros ordenamientos legales aplicables.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.

EL PRESIDENTE.- LIC. JAVIER VALDESPINO GARCÍA.- EL SECRETARIO GENERAL.- LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES. (Firmados)

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